Editorial: Entre luces y sombras

Dentro de dos meses, el país deberá pronunciarse en un plebiscito convocado para decidir sobre la necesidad de una nueva Constitución. Diversos sondeos de opinión coinciden en que la opción “apruebo” ganaría por un amplio margen confirmando de esta manera el cuestionamiento histórico a la carta vigente fundado tanto en su génesis ilegítima como en la imposición de un modelo económico social salvaguarda los intereses de grupos minoritarios y que no responde a los requerimientos de una sociedad más integrada, equitativa y solidaria.

Quienes desde un principio se han opuesto a un cambio constitucional de fondo han tratado infructuosamente de postergar la consulta ciudadana usando como argumento los problemas sanitarios derivados de la pandemia, ahora han optado por el recurso de restar validez al juicio ciudadano si no se alcanza un determinado piso que ellos han definido por sí y ante sí, arbitrariamente. Su impudicia ha llegado al extremo de olvidar que fueron precisamente ellos quienes impulsaron el sufragio voluntario (provocando una notable baja en la participación electoral) y que ni siquiera el actual Gobierno fue electo con ese piso de votación que ahora pretenden exigir.

Es un hecho, que la crisis sanitaria afectará la concurrencia ciudadana pero, salvo sorpresas que nunca se pueden descartar, se consagrará la voluntad nacional de avanzar tanto hacia una institucionalidad distinta relevando el rol del Estado en la sociedad, como en la consagración positiva de los derechos fundamentales y en la remoción de obstáculos destinados a proteger a sectores privilegiados.

Una vez abierta esa puerta, el paso siguiente será la elección de los constituyentes cuya labor deberá concretarse en un plazo de dos años.

Los sectores más integristas y conservadores del país, se han esforzado en demostrar que un mero cambio del texto constitucional no acarrea, de por sí, que los derechos sociales formalmente establecidos se hagan realidad. Citan, en su respaldo, los casos de países que, no teniendo una explicitación de tales derechos en su legislación fundamental (como algunas naciones nórdicas) los han hecho efectivos en la práctica, y de otros que, aun teniéndolos ampliamente reconocidos en su normativa, han sido incapaces de concretarlos en razón de las limitaciones que impone su propio nivel de desarrollo.

Tal argumento es válido en cuanto es obvio que las palabras no bastan para construir realidades pero carece de sustento en cuanto omite que las reglas básicas de la organización social deben estar orientadas a hacer posible el camino hacia la equidad y no a obstaculizarlo.

Los constituyentes deberán asumir sus propias responsabilidades en el marco del mandato ciudadano, procurando generar un marco sólido para el desarrollo de la vida en comunidad que haga posible, con el transcurso del tiempo, la implementación de las políticas públicas que en su momento sus representantes definan. Las personas, cuyo voluntarismo, anunciado y predicado por algunos iluminados que preanuncian que el poder constituyente tiene el derecho a desconocer la totalidad de la institucionalidad y de la normatividad vigentes sin más límites que su propia voluntad, de hecho están ya trabajando objetivamente en favor de los sectores más retardatarios del país. Su imposibilidad mental para entender que las grandes mayorías nacionales quieren cambios pero rechazan categóricamente que estos se hagan por cualquier vía y a cualquier precio, les impide siquiera imaginar los niveles de las respuestas en contrario.

Una nueva institucionalidad necesariamente debe estar abierta a las alternativas propias de una sociedad democrática y, por ende, aceptar que quienes al día de hoy son mayoría pueden ser minoría en el día de mañana, y viceversa. Como alguien dijo alguna vez los que defienden el permiso ilimitado para cargar armas lo hacen porque piensan que siempre serán ellos los que van a estar detrás del gatillo.

El proceso de elaboración constituyente tiene, por su propia naturaleza, un marcado carácter procedimental. Se trata de establecer reglas que sean lógicas, consecuentes y que sean aceptadas por la sociedad como un ámbito respetado y respetable en el cual se van a desarrollar no solo nuestras vidas personales sino la vida de nuestros, de nuestros nietos, en sucesión interminable.

Sin embargo, paralelamente se debe trabajar en la educación de la comunidad en torno a los valores en que debe sostenerse una convivencia integrada. Nutrir una vivencia de este tipo requiere organización social y es deber todos los entes de la sociedad trabajar desde ya en pro del saneamiento de los partidos políticos, del fortalecimiento de los sindicatos, de los colegios profesionales, de las juntas de vecinos, y de toda la gama de las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que en ese lugar se encuentran los cimientos indispensables para que una concepción de un Chile distinto se concrete y persista en el tiempo.