«La ciudadanía tiene el deber y el derecho de cuidar la democracia, salir al paso de cualquier posibilidad de extremos que pongan en peligro las libertades públicas. Digamos nó a la amenaza de fascismo en Chile , votar y votar bien, es nuestra responsabilidad.«

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Editorial: Los problemas del pato cojo

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Existe conciencia generalizada en cuanto a que el país vive una etapa crítica. La ciudadanía observa atónita todo lo que está pasando en materia sanitaria y en gestión gubernativa, temas a los cuales se sumó la “gripezinha” de las inesperadas lluvias estivales que durante 72 horas afectaron la parte central del territorio nacional.

Es un hecho indiscutido que los problemas suscitados por las lluvias, que privaron a varios miles de familias de la capital del servicio eléctrico y amenazaron con dejar sin agua potable a la gran metrópoli, no se debieron a la gravedad de la tormenta misma sino que son clara consecuencia tanto de la acción como de la inacción humanas.

No se necesita ser profeta para vaticinar que hechos como los generados por las lluvias de verano, van a seguir ocurriendo a menos que las grandes empresas constructoras y emprendedores inmobiliarios, dejen de intervenir ríos, humedales y cerros e insistan en edificar en puntos del territorio donde no se debe construir. Las lluvias no han hecho otra cosa que dejar al descubierto el gran negocio de las inmobiliarias que intervienen el suelo sin construir vías de evacuación de aguas, dejando tras de sí secuelas que más tarde el Estado, con recursos de todos los chilenos, deberá abordar. Las políticas de vivienda y medioambiente, amparadas en una muy débil normativa reguladora, son tan nefastas que como país estamos condenados a ver repetirse, año tras año, las mismas imágenes de aluviones, deslizamientos y anegamientos. En los medios alternativos (ya que la gran prensa tiene por desvergonzada costumbre silenciar estos hechos) se dan a conocer a diario los atropellos a la regulación vigente (incluso recurriendo a sobornos a funcionarios municipales) mientras las autoridades sectoriales (no solo ahora) permanecen impasibles.  

Lamentablemente, y más allá del hecho transitorio de las precipitaciones estacionales, estamos viviendo un período general de claro desgobierno.

A muchos, esta apreciación puede molestarles pero los porfiados hechos son tan evidentes que mantener silencio ante ellos se traduce en una suerte de complicidad.

La semana que recién concluye, estuvo plagada de sorprendentes noticias. A la vez que el Presidente decidía hacer uso de sus vacaciones legales en su cuarta vivienda de Bahía Coique (Lago Ranco) y se ponía en marcha la tan esperada campaña de vacunación, fueron removidos de sus cargos los seremis de Salud de Los Ríos y de Valparaíso. El Intendente de Valparaíso Jorge Martínez se apresuró en aclarar que el despido de Francisco Alvarez no había sido motivado por los sumarios sanitarios en el exclusivo sector de Cachagua (que afectaron al propio Presidente) lo que hizo aumentar las sospechas y motivó la airada reacción del senador oficialista Francisco Chahuán. 48 horas más tarde, el Intendente de Talca destituía al Gobernador de la provincia por haber hecho un lanzamiento de la campaña horas antes de lo calendarizado, indignando ahora al senador de la región Juan Antonio Coloma. Mientras el Presidente interrumpía su descanso legal para ir a Futrono y tomarse una foto con una recién vacunada mujer adulta (incurriendo de nuevo en infracción de las normas sanitarias) se hizo público que el responsable de seguridad de la Macrozona Sur Cristián Barra, encargado de coordinar las políticas del caso en el sur de Arauco y Región de la Araucanía se había ido de vacaciones por un mes a Lago Yelcho, al tiempo que el conflicto del área alcanzaba uno de sus más altos puntos registrando una treintena de graves atentados incendiarios contra camiones, maquinaria agrícola, viviendas, cabañas y templos católicos y evangélicos.

Los hechos indicados, que no pueden ser considerados como simples casos puntuales, permiten asegurar que nos encontramos ante a una irresponsabilidad sin nombre de parte de las autoridades políticas y una falta total de compromiso.

Si la ciudadanía observa que quienes tienen el poder en sus manos, y más específicamente los encargados de la gestión pública, manifiestan tal nivel de desaprensión, que es casi imposible que las personas puedan sentirse moralmente amarradas al respeto de normas y al cumplimiento de objetivos de bien común.

El hastío hacia gobernantes y hacia parlamentarios, el rechazo indignado hacia grandes sectores del empresariado chileno que se coluden impúdicamente sin que reciban  sanciones ejemplares, la convicción generalizada de que existen ciertas castas privilegiadas que se consideran a sí mismas por sobre la ley, impulsan a muchos a pensar que democracia y justicia son simples mitos destinados a cazar incautos.

El proceso constituyente sin duda que alienta una esperanza pero ella no se concretará si no somos capaces como comunidad humana de cambiar nuestras conductas.

Y esa sí que es tarea difícil.

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