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Editorial: S.O.S. …… Hache Dos O

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

“La Ventana Ciudadana” ha sostenido permanentemente una actitud en pro de la necesidad de convenir una Nueva Constitución que sea la “casa común” en la cual se alberga un grupo humano con pretensiones de integrar una verdadera “comunidad”. Por sobre las perennes discusiones acerca de la ilegitimidad de origen de la actual, resulta inaceptable que un documento fundamental de esta naturaleza, sin haber consultado jamás al pueblo soberano, pretenda imponer un “modelo” concebido en un laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile como si cada persona, cada ciudadano, no fuese más que un cobayo fácilmente manipulable.

En su concepción ideológica, el derecho de propiedad es presentado como la base de todos los otros derechos, sin que se expliquen las razones en las cuales se fundamentarían esos derechos en los casos, muchos por lo que se ve, en que las personas lisa y llanamente carecen de propiedad.

En el proceso pre-constituyente, que sigue bastante entrampado en cuestiones procedimentales, la gente tiende a perder el alcance de ciertas discusiones ya que no percibe claramente en qué medida disposiciones normativas en uno u otro sentido afectan concretamente sus vidas personales y comunitarias.

Un tema grueso del debate por venir, tiene que ver precisamente con uno de los aspectos más relevantes del aludido derecho de propiedad: la propiedad del agua.

La Constitución de 1980, en su artículo 19, número 24, dispone que ésta asegura a todas las personas, el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, para concluir muy escuetamente que “los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Pocos meses más tarde, el Código de Aguas (D.F.L 1.122  de 1981) tras declarar que las aguas son “bienes nacionales de uso público” establece un mecanismo burocrático que hace posible la apropiación del recurso por parte de los intereses privados. Es decir, este recurso natural escaso pasa, a través de este camino, a ser un insumo productivo y a comercializarse en el mercado como cualquier otro bien de consumo abriendo las puertas al abuso “con fines de lucro”.

En el incipiente debate sobre esta materia, uno de los argumentos críticos al régimen vigente es aquél que señala que Chile sería el único país del mundo que reconoce la apropiación de las aguas por parte del sector privado. Aunque la aseveración no es exacta, ya que diversos países tales como Australia, Canadá, Alemania, mantienen legislaciones que reconocen este derecho. Lo que sí es indesmentible es que en todas estas naciones con “modelos de mercado”, la normativa – a través de la acción del Estado – establece la prelación en la utilización del recurso, priorizando el consumo humano y la preservación de los caudales ecológicos, reconociendo luego el uso económico del recurso en pro de las actividades productivas locales y permitiendo que solo el remanente, si lo hubiere, vaya al mercado. La situación nacional es radicalmente diferente.

El recurso, de partida, es escaso y los actuales propietarios que obtuvieron sus derechos prácticamente gratis, abusan de este desenfadadamente. Las responsabilidades que teóricamente la ley asigna al Estado permanecen incumplidas por la carencia de financiamiento o, simplemente, por la nula voluntad de la autoridad de tocar intereses creados. De hecho, se carece de un balance hídrico actualizado ya que el que se ocupa es de 1987, razón por la que no se dispone de un análisis de los caudales de ríos y de los niveles de precipitaciones en las 101 cuencas del territorio, situación que ha permitido que se asignen sobrederechos de agua.

Si bien las cifras indican que un 72% de las aguas se destinan a la agricultura, esa cantidad se distribuye en una extensa área en la cual coexisten pequeños parceleros, grandes propietarios y los conglomerados forestales que a través de la plantación del pino y el eucaliptus han desertificado parte significativa de esa superficie.

En el Norte, las empresas mineras se han apoderado del recurso diezmando la sobrevivencia de pequeñas comunidades y dejándolas enfrentadas al riesgo de la contaminación generada por los relaves acumulados.

El Censo de 2017 indica que en el país 383.204 viviendas carecen de agua potable. La Casen del mismo año indica que prácticamente un millón y medio de personas carecen de este abastecimiento y de servicios sanitarios básicos. A esa fecha, se dictó la ley sobre Sistema de Agua Potable Rural sin que hasta ahora, es decir casi tres años más tarde, se dicte el Reglamento que haga posible su aplicación. Estimaciones bien fundadas, precisan que un 38% del agua disponible en las grandes ciudades, simplemente se pierde por razones técnicas o de mala administración.

En suma, se carece de un sistema de monitoreo hidrológico; un alto porcentaje de la población sobrevive a través de un precario y costoso abastecimiento por medio de camiones aljibe; los grupos humanos carentes de agua potable corresponden casi matemáticamente con la población de las comunas que registran mayores índices de pobreza.

¿Para qué seguir?

Podrían buscarse muchos otros datos.

Pero lo claro es que los mismos de siempre: los señores de las minas, los productores de frutos de exportación; las grandes forestales permanentemente coludidas; las poblaciones incrustadas en la parte alta de la capital para regar sus jardines y llenar sus piscinas; todos ellos  parecen no estar dispuestos a renunciar a uno de sus más apreciados privilegios.

¿Será posible que una Nueva Constitución rompa este cuadro de injusticias?

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3 Comentarios en Editorial: S.O.S. …… Hache Dos O

  1. Felicitaciones al «editor».
    Un excelente editorial, como para ponerla con mayúscula y en negritas.

  2. Se han apropiado hasta del Agua…
    Esto no tiene nombre, después reclaman por el saqueo, y los poderoso con su defensa de la propiedad, luego nos van a limitar el aire.

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