EDITORIAL
No se oye, Padre…
Este Portal ha planteado como uno de sus objetivos fundamentales, la promoción de un debate serio y riguroso sobre los principales problemas que afectan al país.
Aun cuando la cantidad de problemas es enorme, la semana que concluye ha puesto de relieve tres temas de primordial importancia: el proceso de reforma constitucional, la reforma educacional y la situación del Servicio Nacional de Menores.
Se ha planteado ya que el proceso constituyente aparece marcado claramente por la urgencia del Poder Ejecutivo que, evidentemente, busca por ahora aparecer cumpliendo un compromiso de campaña. Sin embargo, la iniciación de los cabildos ciudadanos, no ha hecho otra cosa que confirmar los ya previstos bajos niveles de asistencia y participación, factor que los ha transformado en verdaderos focus groups dedicados a un trabajo participativo bastante inorgánico. Si a lo señalado se suma la crisis opositora que navega entre la no participación y el conformismo de un sector y el afán reformista de otros que elaboran sus propios proyectos, es obvio que difícilmente se llegará a buen puerto.
El otro tema en carpeta es el relativo a la reforma educacional. Mientras el Ministerio de Educación trabaja aceleradamente en la elaboración de las normas que regirán la educación superior, tanto los rectores de los planteles tanto públicos como particulares de carácter público, y de los planteles privados, reclaman por no estar siendo escuchados por la autoridad y hacen pública su preocupación ante la posibilidad de que en pocos meses más se busque legislar a través de una glosa en la Ley de Presupuestos. Los estudiantes universitarios y de enseñanza media amenazan con marchas permanentes y no muestran hasta ahora propuestas concretas, responsables y viables, con una comprensión del problema global y no la mera defensa de intereses grupales, y con una definición de sus propias responsabilidades.
El Servicio Nacional de Menores, por su lado, ha servido para mostrarnos la insensibilidad e incompetencia de burocracias funcionarias que, apegadas al cumplimiento de normas, protocolos y procedimientos, olvidan que su primera y fundamental obligación radica en atender a las personas prestándoles efectivamente la asistencia que la ley señala. Para algunos, el caso de la menor fallecida en sus dependencias, es simplemente una excepción dolorosa pero la verdad indesmentible es que muchos servicios públicos viven y subsisten a través de cartas, oficios y memos, pero olvidan al ser humano real agobiado por problemas que no puede abordar sin oportuno auxilio.
La institucionalidad pública está colapsada. Cada día vemos como nuestros poderes colegisladores – Ejecutivo y Parlamento – crean más y más servicios, más subsecretarías, más ministerios, más comunas, más regiones, con plantas de personal y grados interminables, pero con una incapacidad asombrosa para abordar las exigencias que plantea la voluntad de construir una sociedad más humana.
Nuestros parlamentarios, de gobierno y de oposición, jóvenes y viejos, parecen no escuchar los reclamos ciudadanos. Nuestras elites, afincadas en los sucesivos Gobiernos y en los Partidos, también permanecen sordas a las voces que claman por mejorar el nivel de la política, haciéndola un medio eficiente y eficaz de atender las necesidades de la gente.
Mientras no tengamos conciencia de esto y seamos capaces de exigirle a quienes nos dirigen y de exigirnos a nosotros mismos la obligación de actuar en consecuencia, sólo el pesimismo y la indignación marcaran nuestras vidas.
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