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EL DISCURSO DE LOS INOCENTES.

Esteban Lobos, analista.

El tema que vamos a analizar en este comentario está entreaguas en relación con varias materias: La Justicia Penal, la Responsabilidad Empresarial y el ejercicio ético del Periodismo. Se trata de un caso muy importante, no de extrema gravedad ya que al parecer no involucró directamente la vida de seres humanos, que merece no sólo la atención de los “ciudadanos de a pie” sino que debiera preocupar a diversos actores del aparato público nacional.

Los hechos. Entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, una vasta serie de incendios forestales asoló una extensa área de la región de O’Higgins. Los fundos “La Cabaña” y “El Perdiguero”, de Paredones; “Quebrada Las Palmas”; “Carrizal”, de Marchihue; y “San José” de Nilahue, fueron arrasados por las llamas, entre otros. En total, en un sector más bien acotado, 77.055 hectáreas fueron consumidas, 16.000 millones de pesos se registraron en pérdidas y 350 familias campesinas vieron destruirse sus viviendas y sus enseres.

Los personajes. Por un lado, el Fiscal Regional Emiliano Arias, y, al frente, tres altos ejecutivos de las empresas Grupo CGE (Compañía General de Electricidad),  controlada actualmente por capitales españoles: el  Gerente de Operaciones de CGE Distribución,  Jorge Esteban Vucetich de Cheney Chirino;  el Gerente Técnico de O’Higgins,  Pablo Yáñez Mardones;  y el Jefe de Mantenimiento y Construcción del área de Santa Cruz, José Reyes López.

Materia en debate. La ley obliga a las empresas de servicios eléctricos, entre otras medidas, al corte permanente y poda de árboles en el suelo circundante a los tendidos eléctricos, a mantener una limpieza constante en las denominadas franjas de seguridad, y a la mantención en buen estado de las postaciones sean éstas en madera o metal. El objetivo es obvio: precaver los incendios forestales, lo que en el caso que comentamos, por supuesto, no se dio. Se les acusa de no haber ejecutado las acciones y funciones preventivas dispuestas por ley.

Para efectuar un análisis ponderado del tema, es necesario tener presente dos principios fundamentales: uno, el “principio de inocencia” (tan vapuleado cuando se trata de ladrones y asaltantes especialmente si el terreno de sus fechorías es el “barrio alto” de la capital y tan apasionadamente defendido cuando los delincuentes eventuales visten cuello y corbata) y que establece que nadie puede ser considerado culpable sin que previamente se haya establecido su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable: dos, el  principio de que, por regla general (y salvo para casos excepcionales incorporados últimamente a la legislación) las “personas jurídicas” (“empresas”, para este caso) no tienen responsabilidad penal sino que esta recae en las personas naturales que actúan por ellas.

Del cotejo de “pruebas”, “contrapruebas” e “impugnaciones”, surgirá una cierta “verdad judicial” que, lamentablemente, no siempre se ajusta a una verdad “moral” o “comunicacional” ya que, hábiles abogados son capaces de derribar las pruebas, confundir testigos o hacer que los hechos no se ajusten con exactitud al tipo del delito descrito por ley.

Muchos trabajadores de la tierra han sido condenados (“con cárcel efectiva”) por hechos más o menos similares en el fondo: quema de pastizales para habilitar terrenos para sembrar, producción de carbón de leña, etc. Ninguno tuvo a su lado a los poderosos bufetes jurídicos de la capital.

En relación al caso, el día domingo 09 de abril, el nunca suficientemente bien ponderado diario “El Mercurio”, comisionando al efecto a su periodista Valeria Ibarra, concedió, a todo lo ancho de la página, una amplia entrevista al Gerente General del Grupo CGE, Eduardo Apablaza. Su título es espectacular: “Son inocentes. No resulta verosímil ni razonable que ejecutivos de la compañía tuvieran la intención de causar incendios”, dando inicio al trabajo comunicacional de la causa para, así, crear ciertas impresiones en la opinión pública.

En su segunda frase, el empresario Apablaza tiene razón ya que, salvo que se trate de mentes enfermas movidas por aviesos propósitos, es difícil pensar siquiera que los referidos imputados hayan actuado “dolosamente” es decir con “la intención positiva de causar daño en la persona o propiedad de otro”. Lo mismo podría decirse de los trabajadores de la tierra aludidos anteriormente.

En su primera frase, Apablaza yerra flagrantemente. Su tan categórica afirmación (“son inocentes”) elude la posibilidad de que el ilícito  penal se haya configurado por “negligencia culpable” la que, en muchos campos, cuando es grave, se asimila al “dolo”. Si un  conductor ebrio  sale a la ruta y atropella y causa la muerte de un número equis de personas,  por supuesto que no resulta “verosímil” ni “razonable” pensar siquiera que lo hizo con la intención de matar.

La entrevista mercurial continúa, con la ayuda deliberada de la periodista,  permitiendo que Apablaza se extienda dando a conocer las inversiones de la Compañía, los miles de intervenciones de mantenimiento y revisión que realiza cada año, para crear un clima de opinión favorable.

Sus abogados pidieron al Fiscal Nacional Jorge Abbot, un sumario en contra del persecutor Emiliano Arias por ciertas declaraciones. Apablaza precisa “que es una acción llevada adelante por la defensa de nuestros ejecutivos” (que, al parecer, en este caso, corren con colores propios)  que “como compañía, … apoyamos”. Nosotros “respetamos la labor de los fiscales”, agrega. A cien kilómetros de distancia, otros formalizados, en una acción inédita y sorprendente, en la causa por “las platas políticas”, piden,  a través de su defensa, que los propios fiscales que investigan sean citados a declarar “como testigos” para así lograr sacarlos del caso y un juez, sorprendentemente, acoge por ahora su solicitud.

Ya no se trata, entonces, de probar inocencia sino de deshacerse de estos molestos fiscales lo que me parece bien. En otros países, México, Argentina, los eliminan físicamente.

Como yo, en mi ADN porto los malos pensamientos, me pregunto: ¿No será posible que los imputados sean inocentes y que haya sido la empresa la que negó los recursos financieros para la prevención con el fin de  bajar costos y elevar rentabilidad? Obvio que estoy exagerando.

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