El Estado siempre cae de pie.

En una telenovela argentina, uno de los personajes reflexiona sobre la crisis del Fisco trasandino, la que para él hace inútil todo trámite tendiente a lograr que le paguen determinados beneficios a los cuales cree tener justificado derecho luego de décadas de trabajo. Su interlocutor lo alienta a que reclame lo que le corresponde incluso judicialmente y le dice el problema es del Gobierno que tendrá que ver de dónde saca la plata, y cierra el asunto con la siguiente frase: “El Estado siempre cae de pie”.

En la cultura (o incultura) ciudadana,  está siempre presente la convicción de que el Estado, el Fisco para estos efectos, es un saco sin fondo, razón por la que basta con presionar por alguno de los múltiples caminos que nos ofrece la vida para lograr lo que se pretende.

Es así como, cada vez que se presenta una tragedia, individual, familiar o colectiva, las víctimas son inducidas a demandar indemnizaciones por daño efectivo o lucro cesante, e incluso por daño moral. La sola circunstancia de que vivimos en un país subdesarrollado con permanentes insuficiencias en materia de infraestructura, de equipamiento social y comunitario especialmente en salud, justifica que abogados atentos se ofrezcan para demandar cuantiosas sumas incluso, según dicen las malas lenguas,   invitados por diputados o senadores que actúan de hecho  como captadores de clientes. Miles y miles de millones de pesos son demandados cada año con la secreta esperanza de tener éxito en un 50% de los casos.

Asimismo, en el ámbito de los poderes públicos es escaso el freno que se pone a la racionalidad en el uso de los recursos del erario nacional. Las nuevas leyes que crean más y más organismos y servicios públicos, consideran generosas plantas funcionarias que contemplan  multiplicidad de cargos de jefes de gabinete, abogados, periodistas, relacionadores públicos, etc.etc., la mayor parte de los cuales están destinados a residir en la metrópoli, todo lo cual hace que, en los hechos, los recursos que debieran llegar a atender los problemas de fondo, se enredan en un porcentaje importante  a medio camino en la infinitud de la maraña burocrática. El Parlamento,  por su lado, no lo hace nada de mal ya que a las dietas de los congresales, cuyo monto se encuentra entre los más altos del mundo  en comparación con naciones de un nivel de desarrollo similar, se suman ingentes sumas en beneficios personales y en asesorías que no son conducentes a la calidad del trabajo legislativo sino al financiamiento de equipos político-partidarios que aseguren su próxima reelección.

En el último tiempo, se han presentado casos que, más allá del delito penal que cada una de estas conductas implica,  constituyen símbolos palpables de desvergüenza y de una inmoralidad supina. En el seno de algunas ramas de las propias fuerzas armadas y de Carabineros, se han constatado fraudes que totalizan miles y miles de millones pesos, cometidos bajo el amparo o la negligencia de sus más altos mandos, al extremo que hoy se investiga el sospechoso giro por 400 millones hecho con cargo a los gastos institucionales reservados el mismo día en que fue destituido el ahora ex general Flavio Echeverría. Podría extenderse este comentario a instituciones como la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y a múltiples órganos de la administración descentralizada del Estado.

La ciudadanía contempla con estupor los elevados montos invertidos en obras de infraestructura,  los que luego deben ser suplementados por insuficiencias presupuestarias para concluir en obras mal diseñadas y  peor ejecutadas con materiales de mala calidad y escasa duración, todo lo cual genera un perjuicio de proporciones  a la billetera fiscal. Aunque el puente Caucau constituye el símbolo de la inepcia por antonomasia, cada día se suman nuevos casos en una cadena sin fin. En la sola área del Gran Concepción, han aflorado los casos del cuartel de bomberos recién inaugurado en el Centro Cívico de San Pedro de la Paz y de sectores de las ciclovías,  que se inundan a las primeras nubadas preinvernales. De más está recordar los casos de establecimientos educacionales también inundados o de edificaciones de servicios públicos en que se han hecho malas evaluaciones técnicas de los suelos lo que se ha detectado cuando la labor constructiva se encontraba en marcha.

Sorpresa (pero no tanta) ha causado la denuncia del Servicio Electoral en contra del otrora candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. En su rendición de cuentas se detectó  que dos de sus colaboradores más inmediatos constituyeron, al día siguiente de la elección, una sociedad con fines de prestación de asesorías y servicios publicitarios, la que emitió una única factura por treinta y tantos millones de pesos (no existen facturas posteriores), justamente la cantidad necesaria para cuadrar el balance de campaña y obtener las correspondientes devoluciones fiscales.

Entrar al pantanoso terreno de las condonaciones tributarias, no es posible por ahora, dada la naturaleza y alcances  del presente  comentario.

Sin embargo, sería bueno que la comunidad ciudadana abriera bien los ojos y se diera cuenta de que, más allá de colores y camisetas políticas, se ha ido desarrollando en este ámbito una cultura de la impunidad y de la irresponsabilidad que a todas luces supera lo tolerable.

Mientras miles y miles de personas sufren a diario  carencias  en materia de educación pública, de salud, de servicios básicos, de aislamiento e incomunicación, ya va siendo hora de poner coto al imperio de la frescura.