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El mal llamado conflicto mapuche.

Maroto, Canada.

La tensión existente entre las comunidades mapuches de Chile y el gobierno del Estado no es nueva.  Sin embargo, en los últimos años hemos observado un deterioro progresivo en las relaciones de confianza y capacidad de diálogo entre los diferentes actores. Este deterioro está marcado, por un lado, por una evolución en la forma en que las organizaciones mapuches se posicionan hoy frente a su realidad y, por ende,  en el contenido de sus demandas, y por otro, por la creciente falta de capacidad de los actores políticos tradicionales y del gobierno para leer acertadamente los niveles de frustración acumulados en los actores protagónicos,  y la radicalización de las estrategias  de algunos integrantes de las comunidades indígenas y los empresarios.

La campaña de “Pacificación de la Araucanía” ejecutada entre los años 1861 y 1883 tuvo como resultado la muerte de un importante porcentaje de la población mapuche y la emigración de importantes núcleos familiares hacia otras zonas del país con la consiguiente pérdida de su cultura y la afectación de su identidad. Los que permanecieron en su territorio fueron víctimas de la dominación y exclusión sistemática, como parte del esfuerzo del Estado por consolidar la nación de Chile. Esta campaña fue seguida por años de postergación en que los mapuches fueron relegados a limitados espacios territoriales en  que se les forzó a ajustarse a los requerimientos institucionales del Estado de Chile. Sólo con la llegada de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964) y Salvador Allende (1970) es que se inicia un nuevo período ya que por medio  de la Reforma Agraria se hace un esfuerzo sincero y serio por restituir territorios a las comunidades mapuches, lo que generó de inmediato importantes expectativas en este pueblo originario.

Sin embargo la llegada de la dictadura en 1973 interrumpió bruscamente este proceso, anulándolo totalmente. El gobierno militar no sólo decretó por ley la desaparición de las comunidades mapuches, sino que,  además,  prohibió  sus manifestaciones culturales y proscribió el uso de su lengua. En palabras de Pinochet, dichas en Villarrica en 1979, “Hoy ya no existen mapuches, porque somos todos chilenos”.

Con la llegada de la democracia y de los gobiernos de la Concertación,  comenzó no sólo una nueva etapa para Chile sino que también para el movimiento mapuche. Los nuevos aires de libertad trajeron consigo la promesa de establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios cuyo puntapié inicial fue dado en 1989 en Nueva Imperial por el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin. Es innegable que desde esa fecha hasta ahora se han realizado esfuerzos, algunos más sinceros que otros, por atender los problemas de marginalidad y exclusión de la población mapuche y dar respuesta a algunas de sus demandas. Sin embargo, es del mismo modo indiscutible que estos esfuerzos han sido insuficientes y han estado muy por debajo de las expectativas creadas y de los compromisos adquiridos por los gobiernos de la Concertación y, posteriormente, por la Nueva Mayoría.

Importantes pasos, como la Ley indígena 19.253 que reconoce la diversidad cultural y étnica de los pueblos indígenas, la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas en 1990, los esfuerzos por avanzar en la restitución de tierras y establecer áreas de desarrollo indígena, la implementación de los Diálogos Comunales y firma del Pacto por el Respeto Ciudadano de 1999, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas del 2001 y su informe final emitido en el 2003, y la ratificación en Marzo del 2008 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, se han visto ensombrecidos por la incapacidad de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría de avanzar en transformaciones de fondo en materias indígenas y por el bloqueo permanente en el Congreso de cualquier iniciativa que pudiera comprometer los intereses de los grandes sectores empresariales ligados fundamentalmente al rubro forestal y energético.

La creciente frustración acumulada por años dio lugar a un cambio en la manera en que las organizaciones mapuches se relacionan con el conflicto y luchan por su causa. Una mayor politización (en sentido positivo) y la exigencia de un mayor protagonismo y representatividad real pasaron a ser parte de las aspiraciones concretas del movimiento. Cobra aquí importancia la afirmación del filósofo francés Jacques Rancière, quien señala que los pertenecientes al demos (aquellos sin un rol claramente definido en la jerarquía y estructura social), ya no sólo reclamaron ser oídos y protestaron para ello, sino que ellos, los marginados, los que carecían de un rol en el entramado social, decidieron ser sus propios representantes en la lucha por sus reivindicaciones. Y en esta búsqueda por el legítimo protagonismo, se ha producido una radicalización de algunas sus demandas y el uso, en sectores aún minoritarios del movimiento, de la violencia como recurso.

Como respuesta a esta evolución, o tal vez como parte de una estrategia para promover la radicalización del conflicto, los sectores más conservadores de nuestra sociedad y los empresarios, valga la redundancia, han optado por una campaña mediática de tipificación de los Mapuches, sus demandas y su movimiento. Como señalara el filósofo esloveno Slavoj Zizek, cualquier concepción de apariencia o alcance universal puede ser hegemonizada o suplantada por un contenido específico que acaba ocupando esa universalidad. Esta distorsión, impulsada por los poderes económicos y orquestada por los medios de comunicación, en virtud de la cual hechos puntuales acaban asimilados como si fueran típicos y reflejo de una cotidianeidad, ha terminado haciendo creer a muchos que la quema de un camión, acto delictual por cierto, transforma la totalidad de la causa mapuche en una exigencia ilegítima.

¿Y qué es lo que hoy  demanda el pueblo  mapuche? Acorde con lo señalado anteriormente, las demandas del movimiento mapuche han evolucionado en contenido y complejidad. Como ya mencionara José Aylwin, las organizaciones mapuches exigen:

  • El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural;
  • La participación de sus representantes en la definición y conducción de la política indígena del Estado;
  • La protección de sus tierras y aguas;
  • El otorgamiento por parte del Estado de terrenos fiscales y/o privados, con el objeto de revertir el ya avanzado proceso de jibarizacion de sus comunidades; y,
  • El apoyo al desarrollo económico y cultural de sus pueblos y comunidades.

A este petitorio de por sí complejo, por los desafíos económicos y territoriales que implica, es necesario sumar la demanda de reconocimiento de la autonomía y territorialidad del Pueblo Mapuche, que se traduce en la expectativa de una institucionalidad propia y en el derecho a la libre determinación de los pueblos.

Y ¿cuál es la respuesta de las coaliciones y movimientos progresistas de Chile frente a estas demandas? ¿Qué planteará la Nueva Mayoría o un posible Frente Amplio como propuesta para dialogar con el movimiento mapuche en torno a estas demandas? ¿Qué piensan Atria, Lagos, Guillier, Insulza o Goic acerca de este conflicto político y las demandas asociadas a él? ¿Cómo es que se pretende fomentar y construir un puente de diálogo honesto y efectivo entre el movimiento mapuche, el mundo empresarial y el Gobierno que permita, sobre la base del reconocimiento de los abusos históricamente cometidos, ofrecer una solución incluso si esta implica comprometer parte de las millonarias ganancias de los sectores forestal y energético?

Esperemos, por el bien del Pueblo Mapuche y de Chile, que en los próximos meses seamos testigos de un debate serio y profundo sobre este tema, de manera que las elecciones presidenciales del 2017 sean una oportunidad real para avanzar con responsabilidad y seriedad en encontrar en conjunto con el movimiento mapuche una respuesta consensuada a sus demandas, y no sólo otro ejercicio de populismo electoral que sólo servirá para agudizar y profundizar este conflicto.

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