El mundo sigue su marcha.

Esteban Lobos, analista económico.

Nuestra psiquis nos hace creer que durante los meses estivales (es decir cuando los santiaguinos salen de vacaciones, los parlamentarios descansan, los ministros de Estado y la propia Presidenta buscan el amparo de la naturaleza y del aire libre para recuperar las energías gastadas durante el duro 2016) la economía se paraliza. Eso no es tan así. La tendencia es a descuidarnos. El buen consejo es que estemos atentos ya que, como hemos dicho tozudamente, los hechos económicos directa o indirectamente van influyendo en nuestras vidas personales.

La primera noticia, por supuesto, es que el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor de Enero. Los meses de verano, generalmente registran un bajo IPC, ya que la tendencia es a que disminuyan los precios de frutas y verduras y a que las grandes tiendas se apuren en liquidar sus stocks de temporada para dar cabida a los benditos uniformes escolares. Este enero las cosas se alejaron de lo previsto y el índice nos sorprendió con un inesperado 0,5%. Consecuencias: los deudores en UFs verán elevarse sus dividendos y muchos contratos (por supuesto que no los contratos de trabajo) se actualizarán a cifras más altas desajustándose de los salarios.

Otra información sorprendente es que saltó al debate público la iniciativa parlamentaria conocida ya popularmente como “Chao Jefe”. ¡De qué se trata esta moción? Simplemente de prohibir a los patrones y empleadores que se comuniquen con sus trabajadores a través de cualquier medio (como puede ser el teléfono fijo o móvil, el correo electrónico o cualquiera de los inventos de la era digital) una vez que éstos han concluido su jornada laboral.  La propuesta es novedosa pero tiene antecedentes en la legislación laboral francesa que recientemente consagró  el “derecho a la desconexión”. A primera vista, que se pretenda legislar sobre esta materia, resulta algo grotesco ya que las leyes difícilmente podrán inmiscuirse con eficacia en los diversos vericuetos de la cotidianidad de las personas. Sin embargo, el proyecto es una respuesta (mala o discutible respuesta) a una realidad indesmentible. Un alto porcentaje de los empleadores chilenos (con el silencio cómplice de sus gremios) tiende a creer que al contratar un trabajador está comprando a una persona como quien compra a un esclavo. Como consecuencia de ello, cree tener el derecho a disponer de su subordinado a su arbitrio para lo cual lo acosa a su hogar para imponerle o recordarle tareas, le fija horarios sorpresivos, le interrumpe vacaciones, lo convoca a realizar otros servicios en su hogar, todo lo cual, aunque se retribuya (generalmente de manera informal) es aceptado por temor o por necesidad pero afecta gravemente la vida familiar y la tranquilidad psíquica del trabajador.

La “isapre de médicos”,  “MASVIDA”, nos tiene altamente preocupados. Tras generar una imagen corporativa bastante positiva por su sostenida política de mantención del costo de sus planes de salud (lo que le permitió aumentar su participación de mercado), su fracasado acuerdo con el grupo inversionista Southern Cross, puso al descubierto sus debilidades y flaquezas. Algunos las atribuyen a la judicialización de los reclamos con el costo consiguiente, otros simplemente a una deficiente administración. El tema “isapres” hace ya bastante tiempo que está dando botes sin que se le enfrente como es debido por parte de la autoridad. La crisis de Masvida puso de manifiesto los peligros que implicaba la integración vertical de estos entes ya que de inmediato, las clínicas que son propiedad de isapres de la competencia, anunciaron la suspensión de sus convenios con lo que no contribuyeron a aminorar sino a agravar el problema. La jugada es notoria: se trata de sacar a un competidor relativamente importante del mercado con los consiguientes beneficios. Por supuesto que, si se dan las circunstancias, cerrarán sus puertas a los afiliados de Masvida arguyendo la preexistencia de patologías o cosas por el estilo. El Estado, como responsable del bien común, debe arbitrar desde ya las medidas objetivas que eviten el desamparo de los usuarios. Una de ellas, es la distribución por ley, proporcionalmente, de estos cotizantes respetando sus planes  de forma que “el sistema” asuma sus responsabilidades.

Una  noticia bursátil. El grupo Laureate International, con sede en EE.UU.,  salió a la bolsa de Nueva York y recaudó casi 460 millones de dólares. En Chile,  la ley que regula la  Educación Superior (dictada bajo el gobierno de Pinochet) prohíbe el lucro en universidades. Laureate controla tres de estos  planteles: la U. Andrés Bello, la U. de las Américas y  la U. de Viña del Mar, más el Instituto AIEP y la Escuela Moderna de Música, con 176.000 estudiantes en total. El grupo de inversión Laureate en el país debe trabajar sin pretender lucrar así que, año a año, sólo retira algunos millones de dólares por pago de asesorías o cursos obligatorios de inglés,  a su casa matriz. Lo que otros hicieron mediante artificiosas inmobiliarias, Laureate lo hace a su manera. Como decían los viejos abogados, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Una buena noticia. En enero,  se comercializaron 27.308 vehículos livianos nuevos, la cifra más alta en tres años. Así, puede proyectarse una venta de unos 330.000 autos y camionetas para el año 2017. El problema, es que sobran vehículos y faltan calles.