EL PEZ MÁS GRANDE….

Esteban Lobos, analista.

Desde la época del tan vilipendiado gobierno gremialista-militar, rige en Chile el llamado “modelo neoliberal”. Construido a partir de elaboraciones teóricas de académicos de la Universidad de Chicago, fue aplicado a sangre y fuego por sus discípulos de la Pontificia Universidad Católica. En la práctica,  implica que una economía libre funciona a través de un “mercado perfecto”, al cual concurren proveedores que no se conciertan en los precios que ofrecen y consumidores que tampoco se ponen de acuerdo para convenir los precios que están dispuestos a pagar. En esta “libre competencia”,  lo deseable es que no se inmiscuya el Estado. Así los precios se regularán solos y… todos contentos.

La economía chilena, que es eminentemente una economía abierta, vive un proceso de contracción. Los simpatizantes del actual Gobierno lo atribuyen a los problemas de estancamiento de las grandes naciones. Sus opositores y el gran empresariado,  lo atribuyen a las malas  políticas reformistas impulsadas por el Ejecutivo. Los que tratan de ver la  situación  con alguna dosis de racionalidad, sostienen que ambos factores –externo e interno-, en mayor o menor medida, tienen la culpa de lo que está pasando.

Las “pymes” (pequeñas y medianas empresas) representan el sector económico que más contribuye a la generación de puestos de trabajo pero, dado el volumen de su actividad, es también el que debe soportar mayores problemas financieros pues, al carecer de capital propio significativo, requiere una pronta recuperación de los valores de los productos que ha puesto en el mercado a través de las grandes empresas productivas y del retail. Si tal ciclo no se cierra oportunamente, es decir si sus clientes no les pagan cuando corresponde,  deben recurrir al sector financiero (que en parte importante es de propiedad de los mismos que no les pagan) para obtener créditos a tasas elevadas ya que se les considera “deudores riesgosos”. Y, si por cualquiera razón no tienen acceso a las fuentes formales de crédito, se ven obligados a tender la mano hacia los prestamistas informales o a las empresas de factoring, a tasas aún mayores. El otro problema que sufren es que deben pagar el IVA (19%) aunque a ellos no se les hayan pagado sus facturas.

Las grandes empresas, para retardar el cumplimiento de sus obligaciones para con sus proveedores, siempre alegaron que los papeles y la burocracia les impedían ser más ágiles. En agosto de 2016 se promulgó la ley 20.727 sobre el uso obligatorio de la factura electrónica superándose así este persistente problema. El Gobierno, además, impulsó campañas para destacar a los “buenos pagadores” lográndose interesantes avances en la materia.

Pues bien, superado el período en que hubo alta preocupación sobre el tema, las aguas volvieron a su “cauce normal”, es decir regresaron al tiempo en que lo característico era el abuso, es decir el excesivo retraso en los pagos para así aprovechar lo que eufemísticamente se denomina “el crédito del proveedor”, Usando como argumento el impacto de la desaceleración económica, los grandes señores empezaron un paulatino proceso de retraso en los pagos el cual, además de traerles claros beneficios económicos les traía de yapa beneficios políticos adicionales al generar crisis y descontento.

Según antecedentes proporcionados por la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) y la Bolsa de Productos, entre el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, los plazos promedio de pago subieron de 45 días a 56 días llegando, según denunció el presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Juan Araya, a sobrepasar los 90 días. Categóricamente señaló a “El Mercurio”: “Dilatar los plazos es una práctica muy fea y éticamente reprochable que involucra el virtual secuestro de pagos que nos corresponden”. Un proveedor de maquinaria de la minería denunció al mismo medio que los plazos de pago subieron de 30 a 60 días y luego a 90. “Ahora las empresas ya ni siquiera avisan ni contestan… Ya no es un tema que se corrió… no dicen nada”, lo que les impide a ellos  asumir compromisos ya que carecen de certeza en cuanto a la fecha en que recuperarán los valores que se les adeudan.

El problema es grave pues implica ahogar al micro, pequeño y mediano empresariado chileno que, paradojalmente, debe cumplir oportunamente, so pena de fuertes sanciones, con sus obligaciones laborales, previsionales y tributarias. Además, el inaceptable abuso de “los grandes” termina por afectar la rentabilidad mínima conque opera su contraparte originándoles con frecuencia pérdidas irrecuperables.

Las grandes organizaciones empresariales chilenas, enfrentadas al problema, solo dicen frases de buena crianza como “esto no puede ser”, “esto se aparta de las buenas prácticas”, “vamos a preocuparnos del asunto”, etc. pero,  tal como se ha visto en los casos de los ilegales aportes a la política o de las colusiones, sus respuestas solo sirven para salir del paso. La ética empresarial no está en sus libros ni en su vida. Las palabras feas están prohibidas. Pero, en los negocios, todo está permitido.