«Es el hombre quien envenena el Universo. Ensucia su propio nido. Solo los seres humanos profanan».

David H. Lawrence

 

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El poder y la gloria

La historia del Dr. Manuel Zacarías Monsalve Benavides es el relato de una vida de esfuerzo. Nacido en Coronel en 1965, estudió en la Escuela Pública Rosita Renard y en el Liceo Fiscal Antonio Salamanca, ambos establecimientos de la misma comuna. Sus buenas calificaciones académicas le permitieron acceder a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción. Al titularse de médico -cirujano, fue el primer profesional de su familia. Ejerció en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Álamos, una de las comunas más pobres de la empobrecida provincia de Arauco. Militante socialista, fue elegido como concejal de la localidad, y luego fue designado Director del Servicio de Salud de la provincia de Arauco. Su ágil y eficiente gestión, le permitió ser elegido diputado por el distrito en 2006, reelegido en 2010, 2014 y luego en 2018, esta vez con una representación que sumó varias comunas de la vecina provincia del Biobío. En 2022, pretendió ser candidato a senador por la Región del Biobío, pero su partido optó por Gastón Saavedra Chandía, dirigente gremial quien fue electo.

Al asumir el gobierno de Gabriel Boric, Monsalve fue designado Subsecretario de Interior, función que cumplió eficazmente como responsable de la seguridad pública. En un par de años en el cargo, destacó por su moderación, su capacidad de diálogo, su responsabilidad siendo percibido como el “hombre fuerte” del equipo gobernante. Su nombre se perfilaba como la opción lógica para asumir el nuevo Ministerio de Seguridad Pública en trámite, aunque también se apuntaba a él como candidato a senador por La Araucanía e incluso entre bambalinas se le visualizaba como eventual presidenciable del sector.

De la noche a la mañana, todo para Monsalve se derrumbó.

Denunciado como autor de los delitos de abuso sexual y violación por una de sus subordinadas más directa e inmediata, Monsalve, sorprendido y acorralado, optó por hacer uso de su poder funcionario para tratar de investigar por su cuenta su interacción con la denunciante imponiéndose personalmente de las circunstancias que pudieran incriminarlo y, quizás, con la secreta esperanza de alterarlas o que los datos no contradijeran sus propias declaraciones.

Los hechos han ido despejando lo sucedido. No hay, por un lado, antecedente alguno que pudiera servir de base a la peregrina tesis de que se tratara en el caso de una trama montada por los adversarios del gobierno. Por el contrario, el cambio de funciones de la víctima para transformarla en su asistente personal 24/7, su aumento sorpresivo de remuneraciones, su invitación a una “cena de trabajo” en día domingo a las seis de la tarde, su incitación a consumir una elevada cantidad de alcohol, su orden de abandono de sus tareas dada a los agentes de la PDI encargados de su resguardo personal, son piezas que arman sin problemas un puzle premeditado. Si a lo ya dicho se suman acciones a posteriori, tales como ilegales revisiones de cámaras del restaurante, orden a agentes de la PDI para tomar contacto con la denunciante, uso de avioneta policial para ir a explicar a su familia lo que estaba pasando, queda claro que nos encontramos ante un claro e indesmentible caso de abuso de poder.

A la Justicia corresponderá establecer hechos y definir responsabilidades.

Pero los acontecimientos, lo que los penalistas llaman el “iter criminis”, configuran la terrible y condenable figura de un hechor que se aprovecha de su superioridad frente a la víctima, de su calidad de jefe frente a su subordinada, eventualmente de las necesidades económicas de una dependiente que teme perder su trabajo, son categóricamente inaceptables. Con la misma fuerza con que debe condenarse un actuar como este por parte una autoridad o de un patrón o empleador privado, la sociedad debe condenar y castigar al sacerdote o pastor que incurre en este tipo de tropelías. Penalistas, legisladores y académicos están concordes en cuanto a que, en el marco de libertad sexual individual, legal y éticamente un “no” es un “no”, y, por lo tanto, un “sí” obtenido a la fuerza, usando violencia física, sicológica o laboral; o de menores de edad, o induciendo a la víctima a  la pérdida de sentido mediante el consumo de drogas o alcohol, constituye la base para tipificar la violación o el abuso.

El caso de Manuel Zacarías debiera servir de lección para todo el mundo. En él, no solo hay un ilícito penal sino un pecado de soberbia al creer que el mayor poder da también mayor derecho a abusar. Las secuelas son duras. Una mujer abusada, dos familias afectadas profundamente (la de la víctima y la del victimario), un gobierno que se siente traicionado por uno de sus hombres de mayor confianza, una oposición que se refocila con lo sucedido.

La lección que debe ser aprendida es meridianamente clara; a la política se entra para servir a los demás, para servir la comunidad. No para servirse de ella como instrumento de lucro o beneficio personal o familiar, no para defender intereses espurios, no para abusar del poder que se ha recibido. Si esto no está claro, a la vuelta de la esquina del auge y la gloria, estará esperando la dolorosa caída y la humillacipon.

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