En el nombre del Padre…..

El miércoles 30 de enero, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, dio a conocer su sentencia de primera instancia en relación con la causa que investiga el presunto homicidio del ex Presidente da la República Eduardo Frei Montalva. El fallo establece la responsabilidad penal de un autor (Silva), dos coautores (Becerra y Lillo), un cómplice (Valdivia) y dos encubridores (Rosenberg y González).

El fallo, en un proceso tramitado conforme a la normativa vigente en 1982, fecha de la comisión de los hechos (principio de legalidad), está sujeto a la revisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que incluso podría decretar la práctica de las diligencias que estime necesarias, y, finalmente, al conocimiento de la Corte Suprema vías los recursos de casación en la forma y en el fondo.

Por tanto, y es útil recordarlo, falta mucho (¿un año?) para que se establezca la “verdad judicial” a través de una “sentencia de término”. La “verdad judicial” no siempre coincide con la “verdad verdadera” o la verdad real, ya que es siempre posible que los tribunales no hayan logrado acreditar la existencia del delito mismo o de elementos que contribuyan a la tipificación del delito o no hayan logrado acreditar la participación de algunos de los sospechosos ya sea como autores, cómplices o encubridores.

Hechas las consideraciones precedentes, no deja de llamar la atención la generosa cobertura que la “prensa de clase” (como la hemos llamado en oportunidades) ha dado no a los hechos mismos (“el fallo”) sino a todas las opiniones que tienden a deslavar la sentencia, a sembrar dudas, a hurgar en la búsqueda de posibles contradicciones en un documento de más de 800 páginas. Su impudicia ha llegado a tal extremo que ni siquiera ha abierto espacio al propio gobierno del Presidente Piñera que es parte querellante en el proceso en cuestión.

En este marco, a nadie pudo sorprender que “El Mercurio” destinase una página entera (domingo 10.02.2019) al rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. EL rector puntualiza que ningún médico de la PUC operó al ex mandatario; reitera la voluntad del plantel en cuanto “a seguir colaborando en el caso” y declara: “confiamos en la completa inocencia de nuestros médicos y profesores de Medicina”.

Sánchez, por supuesto, no hace referencia alguna a una circunstancia “de contexto”, cual es la estrecha comunión que la institucionalidad de la casa de estudios tuvo no solo con la gestación del golpe militar de 1973 sino con la elaboración y puesta en práctica de su ideología política y económica. La designación del “rector-delegado” fue recibida con obsecuencia en sus círculos directivos y académicos (solo el canciller, el entonces cardenal Silva Henríquez tuvo el coraje de renunciar a su cargo en protesta), su decano de Derecho Jaime del Valle asumió el Ministerio de Justicia y se consagró a lograr la sumisión total del Poder Judicial a los intereses de la dictadura, sus profesores de la Facultad de Economía fueron los cerebros de un programa neoliberal. Peor aún, durante la dictadura a lo menos tres decenas de académicos y estudiantes fueron asesinados o se encuentran en el lamentable registro de los “detenidos-desaparecidos”.

La afirmación de Sánchez en cuanto a su disposición permanente a colaborar, no se condice con la verdad. La autopsia practicada a Frei fue efectuada en condiciones absolutamente irregulares desde el punto de vista médico y legal y el informe fue ocultado al extremo que la PDI tuvo que disponer de una orden de “allanamiento con facultades de descerrajamiento” para acceder a un documento que se ocultaba bajo anonimato.

El largo documento de Sánchez no puede ocultar una realidad que con el paso del tiempo resulta indesmentible: al igual que en otros campos, la PUC ha mostrado que su compromiso está más con los intereses sectoriales que con la verdad en sí misma.

Si bien la Pontificia, y con razón, se encuentra posicionada como el plantel de estudios superiores mejor rankeado del país, no puede desconocerse su lamentable connivencia política e ideológica con los sectores más clasistas y retrógrados de la sociedad chilena. Como curiosidad se puede señalar que la gran mayoría de los profesionales que se han visto implicados en complejas situaciones penales (fraudes tributarios, financiamiento irregular de la política, por ejemplo) son exalumnos del plantel, lo que llevaría a sostener que la formación que se les entrega en materia ética-profesional es deficiente o meramente formal.

Sus etólogos y filósofos, siempre disponibles para enfrascarse en interminables polémicas acerca del aborto, la sexualidad o la existencia o inexistencia de Dios, han mostrado una debilidad palmaria para aterrizar valores fundamentales del cristianismo en materia de libertad y justicia social. En una sociedad tan desigual como la chilena, quebrada entre los sectores privilegiados y las víctimas de estructuras de poder que buscan perpetuar la inequidad, la “ponti-cato” hace ya mucho tiempo que tomó una definición.