¿En qué momento nos encontramos?

Múltiples actores (académicos, cientistas, politólogos)  han coincidido en afirmar que una de las peores decisiones en materia de reformas constitucionales, fue aquélla que redujo la duración del período presidencial de seis a cuatro años. Si bien la argumentación dada  para justificar esta sorpresiva modificación se centró en la conveniencia de hacer coincidir las elecciones de Presidente con las de parlamentarios, disminuyendo de esta forma el número de comicios y haciendo posible que el electo  mandatario tuviese mayoría en el Congreso durante su Gobierno, varios analistas suspicaces destacaron que los numerosos “presidenciables” apoyaron el cambio en consideración a que éste hacía posible una más rápida rotación de liderazgos.

El resultado ha sido bastante nefasto. La oposición  al presidente Sebastián Piñera alcanzó una clara mayoría parlamentaria echando por tierra uno de los argumentos esgrimidos.  Además, a  los pocos días de asumir este  gobernante, surgió, en el seno  de su propia coalición, como hongos después del Invierno, una docena de precandidaturas a sucederle sin siquiera darle el tiempo necesario para acomodarse en el sillón. El problema se agudizó  al extremo de amenazar la unidad de RN, principal sustento del Ejecutivo, confrontando a un sector ligado al “pinochetismo”, encabezado por la inefable diputada Camila Flores, y que reconoce el liderazgo del ultraderechista José Antonio Kast ajeno a las filas partidarias, con el sector autodefinido como de “derecha social” que incluye a Ossandón, Chahuán y Felipe Kast.

En este terreno, debe gobernar Piñera que,  luego de trece meses en la función,  tiene pocas cosas concretas que exhibir. Hasta aquí se le ve como prisionero de sus propias palabras al  insistir en que su éxito estará en dejar un heredero perteneciente a  las filas del oficialismo.

Las encuestas de opinión, pese a su dudosa independencia, no le han sido favorables y muestran una significativa caída  tanto en su aprobación personal como en la  del Gobierno. Los esfuerzos de la autoridad por superar este problema han sido persistentes pero poco eficaces. Su actitud de acaparar minutos de pantalla y páginas de diarios incluso privando a sus propios ministros de su legítimo derecho a dar a conocer  informaciones propias de su sector, ha terminado por desconcertar y molestar a los parlamentarios oficialistas.

La cara visible de este cuestionamiento han sido los senadores  UDI Víctor Pérez. y  RN,  Andrés Allamand,  quienes públicamente, sin medir sus palabras, han exigido a La Moneda “dosificar anuncios y evitar improvisaciones”.

Incluso el diario “El Mercurio”, corazón ideológico de la derecha chilena, hizo un acabado estudio de la enorme cantidad de anuncios gubernamentales  que no se han traducido en iniciativas concretas. Pérez ha especificado que en el caso de los medidores eléctricos y en el caso de la salud las vocerías del Gobierno han sido ambiguas y aun contradictorias,  provocando desconcierto en la ciudadanía.   Así, un Ejecutivo del cual se esperaban importantes mejoras en materia de gestión ha actuado hasta ahora como un ente reactivo. Evópoli, una de las colectividades oficialistas, ha señalado que una de las obligaciones de cualquier gobierno es “prever lo que sucederá y así preparar una mejor estrategia” de tal manera que no se evidencia que su política es solo de reacción.

El decano de la prensa chilena ha publicado sucesivas informaciones haciendo públicos, directa o indirectamente, la enorme cantidad de recursos que, pese a las declaraciones del Ministro de Hacienda, se despilfarran a diario en estudios y aventuras comunicacionales que, manejadas desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno, persiguen imprecisos objetivos de propaganda política. La citada secretaría de Estado, lleva un registro minuto a minuto de la aparición de las autoridades en los diversos medios, Transportes gasta sobre 550 millones de pesos en difundir el cambio de nombre del Transantiago, se contratan encuestas privadas y, por lo tanto de conocimiento reservado, para auscultar el sentir de la opinión pública rente al actuar gubernativo, se oculta el hecho de que la fracasada aventura de la ayuda humanitaria a Venezuela implicó para Chile un gasto adicional de casi el 50% al valor de la ayuda en gasolina, tasas, viáticos, etc.

En los momentos en que avanzamos aceleradamente hacia un tercio del mandato y, teniendo presente que la carrera por la sucesión ya está desatada en el propio flanco oficialista, queda claro que el tiempo útil disponible no irá más allá de los 18 a 24 meses.

Es el momento preciso para torcer el rumbo, abandonar la faramalla comunicacional y abocarse, en serio, a abordar los problemas fundamentales que aquejan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Educación (al interior del aula), Salud (pública y privada), pensiones, y seguridad pública son, al parecer,  las más urgentes  demandas de la gente. En la compleja maraña de la problemática social, cada uno de estos temas tiene evidentes ramificaciones. Pero si no ordenamos hoy la conducción del Gobierno, las fotos con Usaín Bolt no servirán definitivamente para correr más rápido y de mejor forma.