LA JUSTICIA EN ENTREDICHO.

Chile ha observado en los últimos años, como, una tras otra, instituciones fundamentales para el funcionamiento del país, se han visto afectadas por situaciones reñidas con la ética, la moral y la probidad. Es en este contexto, que los recientes hechos acontecidos en la Corte de Apelaciones de la Región de O’Higgins no debieran sorprendernos.

Los ministros Marcelo Vásquez, Marcelo Albornoz y Emilio Elgueta han sido suspendidos en el ejercicio de sus cargos; lo anterior, mientras se lleva adelante la indagatoria ordenada por el pleno del máximo tribunal, cuyo objetivo es investigar potenciales hechos de corrupción y tráfico de influencias en los que habrían incurrido estos jueces durante el ejercicio de sus funciones.

El país ha sido testigo del sostenido deterioro de los estándares con se ejercen aquellas funciones orientadas al servicio de la ciudadania; deterioro que parece manifestarse en una necesidad incontenible de algunos por ejercer funciones públicas en beneficio propio y no de quienes se supone estan dedicados a servir.

¿Por qué podríamos haber esperado que el Poder Judicial hubiera escapado de esta triste realidad?

En artículos anteriores nos hemos referido a la corrupción y a la urgente necesidad de realizar en Chile una profunda reflexión acerca de los requerimientos éticos y morales que nuestros líderes políticos y autoridades de los distintos poderes de la República deben observar, en todo momento, en el desempeño de sus funciones. Los acontecimientos recientemente denunciados e investigados en el Ejercito y Carabineros de Chile y hoy en el Poder Judicial, hacen que esta reflexión sea más urgente que nunca.

La probidad es una cualidad o virtud que se refiere a la honestidad, rectitud e integridad con que las personas actúan. El vocablo tiene su origen en la voz probitas, que significa bondad, rectitud de ánimo, integridad y honradez en el obrar; indicando claramente que esta es una conducta que se refiere no sólo a las acciones en sí mismas, sino que al ánimo que hay detrás de ellas. Así, un actuar probo no sólo debe apegarse a la ley, sino que a las normas sociales comúnmente aceptadas y a la idea de intachabilidad moral. Desde este punto de vista entonces, un actuar probo no sólo debe serlo sino que, también, parecerlo.

La permanente relativización de la moral y la ética ha tenido un perverso efecto sobre nuestras instituciones; debilitándolas y haciéndolas cada vez más permeables a las influencias de ciertos grupos de poder, cuyos intereses no dicen relación con el bienestar común, sino que con la obtención de beneficios particulares.

Como señalara la Due Process of Law Foundation, “la corrupción judicial cercena un pilar esencial de la justicia: la independencia judicial, y sin independencia judicial, la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia se ven claramente amenazados.” Visto así, la corrupción en el Poder Judicial afecta no sólo el ejercicio de la función judicial, sino también las garantías de consistencia del sistema democrático.

La especialista Carol Zardetto señaló, con mucha razón, que la ineficiencia, la impunidad, la penetración de los órganos judiciales por el crimen organizado y otros poderes fácticos, la discriminación, la violencia contra los operadores de justicia y quienes concurren a ella en calidad de testigos, la ausencia de controles efectivos en el ejercicio de la profesión de abogado y de quienes cumplen funciones auxiliares a la administración de justicia, la falta de independencia institucional y los evidentes vacíos legislativos en materia de conflictos de interés, son algunas de las anomalías que hacen que la amenaza de corrupción en las instituciones que imparten justicia sea difícil de combatir. Y frente a esta avalancha de problemas que afligen al sistema judicial, la respuesta del Estado es en general errática y débil.

Al referirse a la grave situación que afecta a los tres ministros de la Corte de Apelaciones de la Región de O’Higgins antes mencionados, el presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, realizó un llamado a redoblar “la ética, la probidad y la legalidad”.

Como ciudadanía nos hacemos eco de este llamado. Nuestra exigencia para con quienes se aventuran en el desempeño de funciones públicas es simple y compleja a la vez. No sólo les pedimos que actúen con apariencia de rectitud, sino que les exigimos, que en su actuar y en el de aquéllos que los rodean, observen los más altos estándares éticos y cumplan cabalmente con rigurosos códigos morales. No se les exige la perfección, pero sí se les reclama que en su actuar busquen siempre, honestamente, ser mejores, dar lo mejor de si, y ser y aparecer intachables. Nada más ni nada menos.

Quien no esté dispuesto a actuar de esta forma, debiera abandonar ya el ámbito del servicio público.