¿ES REALMENTE SOLO EL LENGUAJE?

Hace un par de semanas atrás, en un conclave de la UDI, el ministro de justicia Hernán Larraín señaló, “si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda… Entonces, como cambiamos esto. Bueno, vamos a seguir teniendo jueces, así que ahora algo netearemos…”.

Hace unos días atrás, el ministro de educación Gerardo Varela refiriéndose a la ley de educación que impide el lucro señaló, “si yo legislara, yo no pondría cárcel para las personas que ganan plata. Todas las personas naturales tenemos derecho a ganar más plata (de la) que gastamos”. Esa misma semana, el ministro Varela al referirse a como enfrenta la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos con su familia afirmó, “soy bastante liberal en esto, a mis hijos los he educado sin abejitas…. Les he ido a comprar condones… es que mis hijos son campeones, necesitan más de tres parece.”

El jueves recién pasado, en una sesión de la cámara de diputados, el parlamentario de la UDI Ignacio Urrutia al referirse al retiro por parte del actual gobierno de la iniciativa presentada por la administración de Bachelet que buscaba indemnizar a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas en los informes Valech I y II y que había sido aprobado por la comisión de Derechos Humanos de esa cámara señaló, “¡Excelente noticia! Ha retirado el gobierno este proyecto que es nefasto porque no es la primera vez que se entregan estos regalitos a gente que más que exiliados, fueron terroristas.”

Frente al revuelo que estas declaraciones han causado en la ciudadanía, quienes las emitieron han salido a dar explicaciones, reconociendo que fueron inapropiadas, un exceso, sacadas de un contexto privado o simplemente mal interpretadas; el gobierno ha tratado de bajarles el perfil para que ellas no sean fuente de un conflicto que entorpezca la implementación de la agenda de retro-excavación silenciosa que se ha manifestado ya en el retiro de numerosas iniciativas promovidas por el gobierno de Bachelet y la cancelación de más de 400 actos administrativos cuyo principal objetivo en su mayoría era ejecutar decisiones que ya había tomado el parlamento; y por su parte la prensa, manipulada por los grupos de poder incondicionales de este gobierno, ha en su mayoría ignorado estos desatinos.

La ministra vocera de gobierno Cecilia Perez, ha hecho un llamado a todos los actores y sectores políticos “a ser cuidadosos con el lenguaje, (ya que) el respeto es el camino en democracia y tiene que ser para todos y con todos.” Sin perjuicio de estar de acuerdo con la vocera en la importancia que el cuidado del lenguaje tiene en promover la tolerancia y cuidar la democracia, creo que las declaraciones de los personeros antes mencionados evidencian un grave problema de fondo, que supera por mucho a un mero inconveniente en el uso del lenguaje.

La Real Academia Española define el lenguaje como “la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros signos” y como “un conjunto de señales que dan a entender algo”. Visto así, el lenguaje es un sistema través del cual las personas comunican sus ideas y pensamientos, permitiendo la interacción con otros individuos.

El lenguaje debe cuidarse entonces, para expresar de manera respetuosa y responsable lo que efectivamente se piensa; este cuidado en el lenguaje es una manera de demostrar un espíritu tolerante y una verdadera intención de proteger nuestra democracia.

Sin embargo, cuando el lenguaje se cuida para engañosamente decir algo distinto a las ideas que se profesan, estamos entonces frente a un esfuerzo de manipulación y no de tolerancia y ejercicio democrático.

Y he aquí uno de los problemas del gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos.

Las declaraciones de Larraín, Varela y Urrutia, solo por citar algunos ejemplos, no son simplemente un problema de lenguaje. Sus declaraciones expresan, sin maquillaje, lo que el gobierno y sus autoridades realmente piensan sobre algunos temas de interés para la ciudadanía.

Pese a las continuas afirmaciones de este gobierno apoyando el término del lucro en la educación, las declaraciones de su ministro de educación evidencian lo débil que este apoyo es y las diferencias de fondo que sobre este tema hay al interior de la actual administración. Pese a las declaraciones de este gobierno en el sentido de estar comprometidos en la búsqueda de un sistema de nombramiento de jueces y notarios que sea transparente y sin criterios políticos, las afirmaciones de su ministro de justicia evidencian una clara mirada de cuoteo y búsqueda de equilibrios políticos en la composición del poder judicial. Pese a las declaraciones de la actual administración indicando un férreo compromiso con la defensa de los derechos humanos, los comentarios de uno de sus parlamentarios evidencian una coalición de gobierno en cuyo interior hay visiones totalmente distintas respecto de la importancia de los derechos humanos y la reparación que las víctimas de violaciones a estos derechos se merecen.

Y no olvidemos las evidentes contradicciones que hemos observado en la discusión de la ley de identidad de género y los requisititos que se exigirán a los menores de edad para poder solicitar el cambio de sexo registral. Mientras el gobierno con una mano pone suma urgencia en el parlamento a este proyecto, el mismo gobierno con la otra mano, a través de voceros como José Antonio Kast, Jacqueline Van Rysselberghe y numerosos parlamentarios de su bancada, han anunciado su abierta oposición a la aprobación del mismo.

Las declaraciones de Larraín, Varela y Urrutia no evidencian un problema de lenguaje, como astutamente quiso simplificar la vocera Cecilia Perez. Las declaraciones de Larraín, Varela, Urrutia y muchos otros, ponen de manifiesto un problema de identidad, coherencia y franqueza ideológica, anidado en lo más profundo de este gobierno.

Las crisis de identidad política e ideológica no son nada nuevo; el segundo gobierno de Bachelet y la coalición que la apoyaba las experimentaron con frecuencia.

Lo que sí es un problema, es que se pretenda a través del cuidado del lenguaje, manipular a la ciudadanía; cuando lo que se piensa y dice en privado es diametralmente distinto a lo que se comunica a la ciudadanía, no solo se engaña al país, sino que se incentiva la polarización y daña la democracia.