Deporte nacional...Robarle al estado y sacar premio!!! (Penta, Soquimich, otros...)
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Improvisaciones peligrosas.

A poco menos de sesenta días del término del actual mandato presidencial, el Congreso sufre una preocupante sobrecarga de trabajo. Decenas de iniciativas enviadas por el Ejecutivo acompañadas en el mensaje correspondiente de las calificaciones de “suma” o “extrema urgencia”, se suman al necesario tratamiento   de proyectos  cuyo estudio y análisis se arrastra por mucho más de un año. Si bien es cierto que nadie debiera quejarse por exceso de trabajo,   y menos aún nuestros senadores y diputados (mi abuelita decía “nadie se ha muerto de tanto trabajar”), eso no justifica la improvisación  ni por responsabilidad del Gobierno ni por responsabilidad de los congresales.

Es a todas luces evidente que este frenesí legislativo obedece al deseo de mostrar que se están cumpliendo promesas programáticas o de campaña o que se está procurando dejar instalados ciertos temas en el debate ciudadano para arrastrar al nuevo mandatario a situaciones que le pueden ser incómodas, ya sea porque asuma el patrocinio de estas iniciativas, ya sea porque simplemente las retire o las deje morir de muerte natural.

El proyecto que pretende regular el ejercicio de la facultad de otorgar indultos particulares con que cuenta  el Presidente de la República (artículo 34 numerando 14 de la Constitución), constituye un caso digno de estudio. Se procura modificar esta atribución haciendo participar de alguna manera directa o indirecta a otros órganos del Estado, con el propósito de abrir  una puerta al otorgamiento de este beneficio a condenados que se encuentran privados de sus facultades mentales o que viven en la fase final de su existencia en razón de padecer enfermedades terminales,  evitando así la impopularidad o problemas políticos  que determinaciones de esta naturaleza pudieran acarrear como consecuencia.  El objetivo mismo parece razonable ya que los casos aludidos terminan representando más actitudes de ensañamiento que de justicia, pero el proyecto genera problemas de constitucionalidad dado que limita una facultad exclusiva del Presidente al punto de hacerla inviable al someterla a trámites y requisitos no considerados en la Carta Fundamental y que pudieran derivar en su reproche por parte del Tribunal Constitucional haciendo que todo lo gestionado constituya solo tiempo perdido.

Muy grave, por otro lado, parece la situación en que se encuentra  la tramitación del proyecto que regula el régimen de la Educación Superior en Chile.

Nadie puede discutir  el gigantesco esfuerzo que la Ministra  Adriana Delpiano, ha hecho para salir adelante con una normativa tremendamente compleja. Surgida de una concepción plenamente comprensible y justificada (equidad, justicia, inclusividad, desmunicipalización….),  su implementación práctica ha estado plagada de insuficiencias técnicas  y de carencia  de definiciones sustantivas, terreno en el cual el Ministro Nicolás Eyzaguirre no puede eludir su responsabilidad. Incluso como “política pública”, como “política de Estado”,  jamás en el cuadrienio la ciudadanía recibió una “carta Gantt” que precisara objetivos, etapas, recursos, compromisos. Así, quedaron en el camino o fueron considerados como de secundaria importancia,  temas de incuestionable prioridad como la educación parvularia,   la formación docente, el trabajo en el aula  o los contenidos programáticos, entre muchos otros,  que son aquéllos en que se concreta “una educación de calidad”.

La mayor parte del esfuerzo se ha concentrado en aspectos importantes pero adjetivos relativos a la propiedad de los establecimientos,  al acceso y fiscalización de los recursos públicos, a la gestión y administración del sistema  y, por supuesto, al acceso a la gratuidad para los estudiantes del nivel superior.

La autoridad sectorial ha estado  tan enredada en este proceso que se ha visto  obligada en 2016  a legislar mediante una “glosa presupuestaria” de alcance anual y hasta a aceptar una demanda de la Universidad Católica para que fuesen repuestos  recursos respecto de  los cuales el plantel  alegaba tener derechos.

La sucesión de conflictos ha sido interminable. Propiedad de los inmuebles, dependencia administrativa, carácter gratuito de establecimientos, copago, régimen de remuneraciones docentes, estabilidad laboral, etc., han constituido hitos que han minado la confianza de las comunidades educativas dañando gravemente el clima de colaboración de todos los estamentos involucrados en una tarea-país.

Al atardecer de la jornada, y precisamente como consecuencia de indefiniciones y desconciertos, se observa que dos universidades “privadas”, la Diego Portales y la Alberto Hurtado, (sin duda, las más públicas entre las privadas no tradicionales) han anunciado que están estudiando salirse del régimen de gratuidad dado que el sistema de aranceles regulados en la forma que se considera, compromete su subsistencia misma.

Ahora, las Universidades del llamado grupo G 9 (tradicionales no estatales), que incluye a las Ues. de Concepción, Austral, Santa María y Católicas,  que institucional y tradicionalmente NO  pueden ser considerados como “planteles con fines de lucro”, denuncian la discriminación en materia de financiamiento que promueve el Gobierno y que favorece a las universidades del Estado cualquiera que sea su nivel de calidad (con o sin acreditación). En este punto, hay una concepción ideológica trasnochada que tiende a confundir abusivamente “lo estatal” con “ lo público”.

Lo grave de todo esto radica en que, en lugar de avanzar hacia  la consolidación de un régimen institucional sólido que se proyecte en el tiempo en su línea gruesa, se crea un ambiente poco claro, desorientador, que termina por lograr un objetivo no querido: promover el desarrollo de entidades privadas con fines de lucro, muchas de ellas clasistas y endogámicas.

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1 Comentario en Improvisaciones peligrosas.

  1. En las causas del desorden que hay en las reformas a la educación, debemos analizar las competencias de los actores políticos, ministros, sub-secretarios, etc., que han participado en ellas. El mal definido y mal tratado tema del lucro en las universidades privadas es otra causal.

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