INMIGRANTES BAJO PREJUICIO

En estos últimos días hemos oído de parte de autoridades de gobierno afirmaciones en las que se relaciona la presencia de inmigrantes con la mayor ocurrencia de actos criminales en el país; en esta misma dirección, el gobierno a través de Ministerio del Interior, ha anunciado la expulsión de ciudadanos colombianos, bolivianos y peruanos, como parte del esfuerzo de la actual administración por combatir la delincuencia.

Lo anterior es amplificado por los medios de comunicación, que reiteradamente destacan cuando algún delito es cometido o ha involucrado a algún extranjero; especialmente cuando estos provienen de países del llamado tercer mundo.

Y en un país donde la frustración e insatisfacción es cada vez mayor, los mensajes anteriores son recogidos y amplificados, exacerbando sentimientos xenófobos y racistas.

Es cierto, el problema de la delincuencia y su aumento sostenido en los últimos años es una realidad que es imposible negar. Las estadísticas pueden interpretarse de diferentes maneras, y la gravedad del problema puede ser objeto de discusión, pero la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía existe y esta para quedarse.

Los gobiernos de los últimos años (sin importar el color político) han reconocido la existencia de este problema y han prometido la implementación de planes y medidas para combatirlo; sin embargo, los resultados han sido insatisfactorios, ya que independientemente de lo que digan las estadísticas, la ciudadanía sigue sintiéndose insegura y la frustración por la aparente desatención a este problema sigue aumentando.

Y es en este contexto que la actitud del gobierno resulta irresponsable. Sin perjuicio de los dividendos que culpar a los inmigrantes pueda traer al gobierno en las encuestas, el daño causado es profundo e injusto. La realización de operativos televisados, no buscan realmente solucionar un problema de fondo, sino que apelan de manera imprudente a esa sensación de frustración acumulada, para por la vía del efectismo, subir en las encuestas. Lo que el gobierno hace aquí, es mezclar injustamente el problema de la delincuencia con el aumento en la llegada de inmigrantes; dos temas que en sí mismos solo tienen una relación tangencial y de baja incidencia.

Si revisamos la experiencia de otros países con índices de inmigración significativamente más altos que los de Chile, parece no existir una correlación probada entre inmigración y delincuencia. Por el contrario, numerosos estudios indican que la mayor parte de los inmigrantes, legales o ilegales, están conscientes de la fragilidad de su posición y los desafíos que enfrentaran para lograr una efectiva inserción social, y por esta razón hacen esfuerzos adicionales por hacer una contribución efectiva en la sociedad en la que pretenden incorporarse.

Cuando el gobierno actual atribuye las expulsiones de inmigrantes a un esfuerzo por “ordenar la casa” lo que hace es simplificar burdamente un problema real, generando otro aun mayor, que se manifiesta a través de la intolerancia y rechazo generalizado a aquellos extranjeros que siendo de escasos recursos, llegan a nuestro país con la intención de iniciar una nueva y mejor vida.

De acuerdo con el Censo del año 2002 en Chile había cerca de 200,000 extranjeros residentes; el censo del año 2012 mostró un aumento significativo, llegando este grupo a representar cerca de 340,000 personas; y las estimaciones indican que para el año 2022 estas podrían llegar a casi un millón.

Esta realidad debe enfrentarse con una renovada y consensuada política migratoria que en lo inmediato permita regularizar la situación migratoria de aquellos que han ingresado o permanecido en el país en situación irregular, encontrándose por ello en una situación de desprotección y grave riesgo de vulneración de derechos. La elaboración de una nueva ley de derechos migratorios, que estableciendo un nuevo sistema de visas disminuya las fuentes de discriminación, es urgente; sin embargo, esta iniciativa no tendrá un efecto real si no es acompañada por acciones promovidas desde los Ministerio de Desarrollo Social, del Trabajo y Cultural, generando un cambio de actitud respecto del migrante que permita incorporarlos como un aporte real y activo al desarrollo integral del país.

Son estas medidas, y no los operativos televisados, los que permitirán atender en forma profunda los desafíos presentados por los aumentos en las tasas de inmigración.

Recogiendo lo planteado por Miguel Yaksic, ex Director del Servicio Jesuita de Migrantes, Chile necesita una política migratoria integral, que combine de manera eficiente un enfoque basado en los derechos, una lógica intersectorial, una perspectiva intercultural y la existencia de una autoridad que unifique y gestione la visión migratoria del Estado. Mientras esto no ocurra, seguiremos improvisando respecto de este tema y generando condiciones para la proliferación de riesgosas conductas xenófobas y racistas.

Si la preocupación del gobierno actual es realmente resolver el problema de la delincuencia, los énfasis debieran estar, no en las redadas y operativos televisados, que sólo atacan de manera poco efectiva algunos síntomas, sino que, en medidas de largo plazo, tendientes a introducir cambios de fondo al modelo que hoy impera en nuestra sociedad.

Mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes; incluyendo programas de educación cívica nacional obligatorios en colegios y universidades, que enfaticen sus derechos, obligaciones y responsabilidad social; educándolos en el valor de la democracia y los derechos humanos y la importancia de la solidaridad y la equidad. El mayor acceso a una educación mediocre sólo profundizará el problema de la delincuencia al crear mayor frustración y rencor social en nuestra juventud; en tanto, el mayor acceso a una educación técnica y profesional de calidad, con sólidos contenidos programáticos, valores cívicos y principios éticos entregará las herramientas para combatirla.

Crear mayores oportunidades para los jóvenes, especialmente para aquellos de escasos recursos; establecer y promover políticas de estado que permitan mejorar efectivamente la inserción social y laboral de los jóvenes que viven situaciones de marginación. Fomentar una juventud empoderada, técnicamente capacitada y socialmente comprometida es responsabilidad del estado; sin embargo, de nada sirve la educación, si esta no conduce a oportunidades reales de superación. Si bien el establecer un marco que permita la generación de estas oportunidades es responsabilidad primordial del estado, la creación de estas oportunidades es una responsabilidad social inexcusable por parte del empresariado chileno.

Y combatir la desigualdad; una sociedad fracturada por un capitalismo que mira a la desigualdad como un problema menor, no está en condiciones de superar el aumento de la delincuencia, sino que por el contrario, la fomenta. Salarios mínimos más justos, mayor control a la evasión de impuestos especialmente la de aquellos que tienen más, mayor carga tributaria para las grandes empresas con énfasis en patrimonio y capital, disminución de la brecha salarial y legislar activamente en materias de responsabilidad social empresarial, ya no son una opción, sino que un imperativo.

Sólo una amplia convergencia social y un acuerdo nacional permitirán sacar estos temas del mezquino uso electoral y comunicacional que se le ha dado, para situarlo en el ámbito del debate cívico, académico y legislativo que se merece, permitiéndonos entonces avanzar efectivamente en la solución de estos desafíos.