Editorial: ¿La ceremonia del adiós?

El plebiscito del 25 de octubre sin lugar a dudas significó una dura derrota para el Gobierno y las fuerzas políticas que lo acompañan. Aunque unos pocos ministros de Estado manifestaron estar en pro de la opción “Apruebo”, es claro que el nuevo ministerio encabezado por el renunciado Víctor Pérez apareció ante la opinión pública como el “gabinete del rechazo” con todas las consecuencias políticas que de ello se derivaban.

El hecho duro es que cuatro de cada cinco chilenos que votaron, decretaron la muerte definitiva de una Constitución impuesta en dictadura y condenaron además  la normativa que consagraba un modelo socioeconómico y cultural excluyente que privilegiaba los intereses de grupos minoritarios dominantes.

El Presidente de la República ha procurado apartarse infructuosamente de los efectos generados por el categórico resultado de la consulta ciudadana pero es imposible que logre desprenderse de la imagen ya consolidada si no logra mostrar comprensión intelectual para entender lo que está sucediendo en el país ni coraje para adoptar decisiones indispensables que a esta ahora aconseja el más elemental sentido común.

La designación como Ministro de Interior y Seguridad Pública de un alcalde-psicólogo impuesto por la presidenta de un partido importante de la coalición gobernante, aparece más como una determinación destinada a no crearse mayores problemas en el plano interno tradicionalmente conflictivo que como la expresión de una voluntad clara y resuelta de encarar el futuro.

En este panorama de indefinición e incertidumbre, algunos hechos deben llamar especialmente la atención.

El último, pero no por eso menos importante, es la configuración del nuevo alto mando de Carabineros de Chile  a partir del llamado a retiro de una docena de generales cantidad que se suma a los veinticinco altos oficiales removidos hace poco más de un año, manteniendo sin novedades al general – director. La sola presentación de estas medidas como una etapa del proceso de modernización de la policía uniformada, demuestra la incomprensión de los niveles críticos a que ha llegado esta institución que, con una cifra de personal que supera al conjunto total de los efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y con presencia en todo el territorio nacional, no ha logrado alcanzar los estándares mínimos, técnicos y morales, que exige la ciudadanía  para mantener la convivencia y el orden público en una sociedad democrática.

En otro plano, la investigación judicial sobre la gestión del Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia, que tiende a enfocarse, más que en la pertinencia y corrección de las medidas sanitarias adoptadas en el ocultamiento y alteración deliberados de cifras elementales por parte del ex secretario del ramo Jaime Mañalich, ha derivado en un problema mayúsculo de consecuencias impredecibles. El actual ministro Enrique París, asumiendo culpas que no serían suyas, se ha negado a entregar los correos institucionales arguyendo que afectarían la privacidad de datos de las personas y la seguridad nacional. Conminado por los Tribunales a poner a disposición de la fiscalía las comunicaciones requeridas excluyendo lo que pudiese considerarse como reservado, se encuentra hoy al borde del desacato por razones que llevan a considerar la eventualidad de que los mensajes pudiesen llevar las responsabilidades hasta La Moneda.

La semana ha traído otro ejemplo propio de la conducta de personas y autoridades que, en un momento de su existencia, demuestran que ya los efectos de sus resoluciones ni siquiera les preocupan. En un organismo técnico, el Consejo de Defensa del Estado, cuya misión conforme a su ley orgánica es la defensa del interés público, en abierta violación de los requisitos exigidos para el cargo (trayectoria académica y vasta experiencia como litigante), el Presidente ha designado como consejero al destituido ministro Alberto Espina, denunciado en su tiempo por el jurista Fernando Fueyo Laneri por haber plagiado una obra suya para su tesis de grado.

Los casos señalados reflejan que la máxima autoridad del país, por increíble que parezca, permanece absolutamente ajena al gran problema nacional como es la configuración de la nueva institucionalidad y, por sobre todo, la definición del cuadro de derechos fundamentales que la ciudadanía reclama. Involucrarse en este proceso constituyente es un imperativo que no puede eludirse debiendo asumirse los costos que las decisiones implican.

La irrelevancia que ha ido adquiriendo el Ejecutivo en la conducción del Estado, día tras día, constituye una preocupación mayor de la gente. ¿Habrá una rectificación de rumbos?