El desarrollo de la nación debe estar presidido por el respeto al Medio Ambiente.
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La vida es una lotería.

René Fuentealba Prado.

El mundo de la política se desenvuelve en un clima bastante enrarecido.

Cada día aparecen nuevos hechos que van afectando profundamente la confianza ciudadana. El problema más grave radica en que nadie parece ser  responsable de nada. Los acusados se pasean muy campantes por calles, plazas y canales de televisión. El enjuiciamiento público pareciera no afectarles. Amparados en fuertes defensas corporativas que tratan de justificar lo injustificable, esperan confiados en que el paso del tiempo y la mala memoria de los chilenos, cubran sus pecados con la pátina del olvido.

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Garantía que fije fecha para la formalización de Marco Enríquez- Ominami. Éste ha respondido señalando que se siente perseguido y que el eventual proceso no es sino una confabulación en su contra de la coalición de derecha “ChileVamos” con la Nueva Mayoría gobernante para impedirle ser candidato a la Presidencia de la República. El problema es que MEO ha perdido toda credibilidad. Primero, negó haber solicitado financiamiento a Ponce Lerou  para terminar confesando que había visitado a los ejecutivos de SQM para darles a conocer su política frente a la explotación del litio.  Luego, declaró desconocer los aportes del yerno de Augusto Pinochet puesto que el tema de los dineros los manejaba otra persona. Más tarde, declaró que no haber declarado el uso de un jet facilitado por una empresa constructora brasileña (acusada en su país por corrupción) había simplemente constituido un error contable. Finalmente, tras ser citado a declarar en la causa que eventualmente lo involucra, declaró con soberbia que había contestado todo ante el tribunal. Pocas horas más tarde la verdad se hacía pública: se había negado a declarar haciendo uso a su derecho a guardar silencio.

El caso MEO, detalladamente expuesto, es la muestra palpable de la crisis que vive el país en materia de ética política. Un ex senador que es condenado pero que se declara inocente y recibe un homenaje de su partido “por favores recibidos”. Un precandidato presidencial que dice haber cobrado 20 millones de pesos por ir a almorzar con los ejecutivos de una empresa acusada de financiamiento ilegal de la política. Los hijos de importantes parlamentarios, que confiesan haber cobrado significativas sumas por asesorías verbales en materias mineras respecto de las cuales carecen de experticia. Una senadora que niega haber recibido financiamiento ilegítimo, afirmación que mantiene hasta que es descubierta en su mentira. Un ex embajador oficialista que es descubierto emitiendo boletas ideológicamente falsas a la misma SQM. Un senador de la República cuyos discursos y votación en el parlamento son digitados desde una empresa pesquera. Otro, que pide financiamiento a las salmoneras para campañas electorales. Una asociación gremial de industriales pesqueros que acuerda con el ministro de Economía de la época un determinado régimen de licitación y que cínicamente conviene con éste un manejo comunicacional del tema en lo que no es sino un verdadero tongo frente a la opinión pública.

El cierre, por ahora, lo ponen el senador Moreira y el ex alcalde Pablo Zalaquett que han declarado que ellos son los únicos que han dicho la verdad. Sin embargo, es previsible que aparezcan nuevos casos pese a la actitud timorata, dubitativa, del Servicio de Impuestos Internos  que, asumiendo un papel de mero recaudador de tributos, se ha negado obstinadamente a querellarse por delitos tributarios conforme a la ley, evitando así que la Justicia Penal persiga a los malhechores de cuello y corbata.

Los casos son muchos y, por tal razón, la situación es extremadamente grave.

Sin embargo, y esto hay que decirlo claramente, no todas las personas que actúan en política son corruptas. Al contrario, la inmensa mayoría de los actores, más allá de las críticas que pueda merecer el desempeño de su  función o de su gestión, son personas honestas. El problema radica en que el enrarecido aire que se respira da pábulo para que se emitan, en particular a través de las redes sociales, opiniones irresponsables, injuriosas, generalizadoras, por personajes que esconden su identidad para dar cabida a lo peor del ser humano.

En ocasiones anteriores, hemos planteado la necesidad urgente de avanzar hacia un fuerte saneamiento de la política. Muchas medidas sobre probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, se han ido consagrando pero no bastan. Se palpa en el ambiente la sensación de que muchos personeros públicos están a la espera de una oportunidad para cometer sus fechorías. Los gastos injustificados en viáticos, los viajes al Caribe para asistir a cursos de capacitación que carecen de toda justificación,  la utilización de recursos públicos para promover imágenes personales burlando la ley, son ejemplos de que la corrupción está al acecho.

Los ciudadanos esperan más.

Uno: Poner término a las defensas corporativas que buscan justificar lo injustificable con argumentos tan burdos como el de afirmar que el inculpado era muy generoso o había dedicado mucho tiempo a la Teletón.

Dos: Impedir  que los responsables postulen nuevamente a cargos de representación popular o de alto nivel público.

Tres: Institucionalizar la responsabilidad política de forma tal que los infractores de ley queden para siempre separados del ejercicio de la función pública.

Pero, sobre todo educando en la formación de una conciencia ética para que, de una vez por todas, se entienda que el servicio público es eso, precisamente, SERVICO PÚBLICO.

Si ciertos personajes lo que buscan es enriquecerse a través de la política, es mejor que abandonen la idea y opten, o por trabajar o por sacarse la lotería.

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