La ciudadanía no puede permitir que lleguen al gobierno, los que se coluden contra sus intereses.
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Editorial: Las tareas mal hechas.

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

En diversos países del mundo, la política vive una crisis bastante profunda y que amenaza con prolongarse indefinidamente. La corrupción; la demagogia; el hecho de que los partidos políticos y los representantes que ejercen funciones parlamentarias y ministeriales en su nombre, hayan ido anteponiendo sus intereses personales y grupales por sobre el bien general de la comunidad; han ido corroyendo las bases del sistema democrático.

No deja de sorprender fuertemente el hecho de que en la mayor parte de los países de América Latina, el prestigio de la democracia como régimen político se ha ido deteriorando hasta el extremo que estudios de opinión de diverso signo han permitido conocer que un alto porcentaje de los ciudadanos critica no solo a las colectividades políticas mismas sino también a los Congresos, los que son vistos no como puntos de encuentros deliberantes en pro de las mejores respuestas a los desafíos, demandas y problemas de cada nación sino como lugares en que se negocian intereses y parcelas de poder, en que se juega con el escándalo y en que se reparten privilegios que benefician a los mismos individuos que deciden, a sus adláteres, conmilitones y familiares.

La consecuencia es dolorosa: Muchos, a pesar de haber vivido de cerca los dolores y tragedias de las dictaduras que en una época asolaron al continente, piensan que este tipo de gobierno es largamente más eficiente y ejecutivo que las democracias representativas.

Hay razones para ello.

Todas las “conductas impropias” en que incurren los regímenes de facto no se conocen mientras éstos están vigentes pues para ellos la censura y el control de los medios de comunicación es, por razones obvias, una acción prioritaria. Las decisiones son generalmente autoritarias y unipersonales y los errores con sus respectivos costos son simplemente silenciados.

Las democracias, por el contrario, por su naturaleza misma, exigen debate, audiencia de los sectores involucrados, respeto a los derechos de los grupos afectados y, sobre todo, elevados niveles de transparencia, factores todos que implican demoras, tardanzas y descontento.
Lo antes dicho explica pero no justifica.

Los actores del sistema democrático no sólo tienen la obligación moral de cumplir persistentemente con una labor de pedagogía social para que el ciudadano comprenda cabalmente las razones que llevan a quien ejerce la autoridad a decidir de una u otra forma sino también el deber de actuar siempre de cara a sus representados. La ciudadanía exige mayores niveles de eficiencia ( “hacer las cosas bien a la primera”), pero no por esa razón seguirá tolerando procedimientos corruptos cínicamente englobados en la ya célebre frase de un ex presidente argentino: “robamos pero hacemos”.

El trabajo legislativo en Chile, es claramente deficiente. Concentrada la iniciativa legal en el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional ha demostrado sobradamente que no tiene actualmente la estatura técnica y política para contribuir a que las cosas sean hechas y bien hechas. Por supuesto, no es por falta de recursos sino por un reiterado mal uso de los medios con que se cuenta. Miles de millones de pesos se pierden anualmente en pasajes, asesorías políticas, secretarias, choferes, periodistas y relacionadores públicos, comisiones inconducentes, almuerzos e invitaciones, para concluir en leyes confusas, mal redactadas y que con frecuencia derivan en nuevos problemas.
Hace poco tiempo, fueron aprobadas normas sobre el financiamiento público de la actividad política y electoral. Hoy, los mismos que las aprobaron las critican y claman por reformas urgentes. También se aprobaron normas (“ley de cuotas”) para incentivar la participación equilibrada de género. Los mismos que las aprobaron ahora las critican y, contra toda ilusión, se avizora un resultado de cero por ciento de aumento de participación femenina. La “ley de estacionamientos” abrió las puertas al abuso exorbitante y encareció este servició. Las leyes que penalizan la violencia de pareja e intrafamiliar muestran ya importantes carencias por situaciones no contempladas en ellas. El anteproyecto de “nuevo Código Penal” duerme el sueño de los justos en los anaqueles del Congreso y es casi seguro que ningún parlamentario ni siquiera lo ha mirado.

El cargo parlamentario, más que un honor, es un deber.

Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir a diputados y senadores que hagan su pega y la hagan bien.
Cada vez que las tareas se hacen mal, simplemente se están socavando los cimientos de un sistema político que lleva en su quintaesencia las obligaciones de verdad, honestidad, transparencia y responsabilidad, ya que a través de los parlamentarios son los ciudadanos quienes ejercen el poder.

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1 Comentario en Editorial: Las tareas mal hechas.

  1. !En todas partes se cuecen habas! ¿esta en crisis la democracia? Ciertamente en latinoamerica, los ciudadanos parecen más dispuestos a ceder algo de libertad a cambio de eficiencia, una negociacion que no presagia nada bueno. El debate no puede ser contrario a la eficiencia, de cierta forma, si los ciudadanos participan, presionan y ejercen contraloria, obligan a los gobernantes a cumplir cabalmente. Experiencias como esta ventana, o crear ONGs que hagan seguimiento y eduquen a la sociedad sobre los diseños y ejecuciones de las politicas publicas, son contribuciones para “obligar” a “nuestros contratados” a cumplir sus tareas. !Lo importante es comenzar!

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