LOS DERECHOS DE LOS HUMANOS Y DE LAS HUMANAS.

Equipo LVC.

La vivencia de las personas bajo las dictaduras y regímenes de fuerza hace posible que el gran tema de los “derechos humanos” se posicione transitoriamente  en un lugar destacado del interés público y concite en su torno las actitudes de denuncia ante los abusos y atropellos y genere respuestas de compromiso en los diversos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, es posible destacar que cada día y en muchos lugares del mundo estas vulneraciones de los derechos más esenciales de las personas se siguen cometiendo y el nombre de sus ejecutantes va siendo cubierto por el manto del silencio o, peor aún, por la torpe explicación que busca en “las circunstancias” o “el contexto” la justificación de tales tropelías.

Si se pretende que este tema constituya una preocupación permanente  de todas las personas, y en especial de los gobernantes y de diversas entidades internacionales, no puede silenciarse la actitud de los medios de comunicación social (prensa escrita, radio, televisión) que ocupan sus espacios y sus tiempos para divulgar abundante chimuchina disfrazada de periodismo pero que sistemáticamente evitan referirse a intolerables situaciones que se presentan en el día a día.

El académico de la Universidad de Valparaíso Agustín Squella, ha definido los “derechos humanos” como “el conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de  Dignidad, Libertad a Igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por el orden jurídico a nivel nacional e internacional”.

Si bien del texto transcrito pareciera fluir una relativización temporal de estos derechos (“en cada momento histórico”) más bien se trata de una constatación de las circunstancias concretas que han ido condicionando el avance civilizatorio de la humanidad. La línea de la Historia, aunque sea doloroso constatarlo, no ha sido un continuum de avances siempre positivos sino que más bien responde a un verdadero “lambeth walk”, ese viejo baile de la década de los 30 del siglo XX que implicada dos pasos hacia el frente y uno hacia atrás ya que, al mismo tiempo que se avanza en el proceso de definir, desarrollar, precisar y consagrar en el derecho nacional e internacional principios que fijen un marco ético mínimo en estas materias, en diversos lugares del planeta se les viola impúdicamente (Corea del Norte, Filipinas, Siria, diversos países de África y América Latina, China….)

La semana pasada, un hecho conmocionó a la sociedad sueca. Zaida Catalán Morseby, una chilena-sueca  de 36 años, murió atrozmente asesinada en la República “Democrática” del Congo. Era hija de Mario Catalán González, dirigente sindical textil que, tras el golpe militar de 1973, fue detenido y arrestado en el Estadio Nacional,  logró  salir del país hacia Rumania gracias a gestiones de la Cruz Roja y Naciones Unidas y obtuvo asilo en el país escandinavo donde contrajo matrimonio con María Morseby. Zaida cursó Derecho en la Universidad de Estocolmo,  época estudiantil en que se incorporó al Partido Verde. Funcionaria de las Naciones Unidas, fue enviada al Congo en una misión especial junto al estadounidense Michael Sharp. El viernes 12 de marzo fueron reportados ambos como desaparecidos desde la ciudad de Kananga y sólo el lunes 27 fueron encontrados sus cuerpos junto al de un acompañante. Zaida fue decapitada. El país africano enfrenta una compleja situación interna desde hace casi una década, caracterizada por la subversión de la milicia Kamwina Nsapu contra el gobierno y por la fuerte represión por parte de la autoridad. Un hecho reciente, ocurrido el sábado 18, permite apreciar los niveles de crueldad que ha alcanzado esta confrontación: 40 policías fueron emboscados por la milicia y todos ellos fueron decapitados. Zaida Catalán le había prometido a su madre que ésta sería su última misión. El destino, o más bien dicho la atrocidad conque en un momento dado llegan a comportarse ciertos seres humanos, hizo que cumpliera su palabra. El sacrificio de Zaida constituirá un ejemplo inolvidable de consecuencia y compromiso.

Otro caso.

El Salvador,  pequeño país centroamericano, sufrió durante una docena de años, una cruel guerra civil (1980-1992). Los hechos hablan por sí solos: 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Entre los asesinados, precisamente por asumir la defensa de sectores campesinos, se registran el obispo católico Óscar Romero y también seis sacerdotes jesuitas. En 1993, tras el cese del fuego entre las partes contendientes, se promulgó una ley de “amnistía general” la que, como ha sucedido en otras partes, si bien era de carácter amplio, en la práctica estaba destinada a otorgar impunidad al personal militar, a los funcionarios gubernamentales y a los hacendados,  involucrados en múltiples hechos.

En su oportunidad, se constituyó una “Comisión Verdad”, presidida por el ex presidente colombiano Belisario Betancourt, la que constató fehacientemente innumerables casos de violaciones de mujeres y niñas y asesinatos de embarazadas y bebés, hechos delictivos que no guardaban relación alguna con la confrontación propiamente tal sino que implicaban conductas de venganza, represión y escarmiento.

Esos hechos del pasado han vuelto a aflorar tozudamente en el presente. El diario “El País” de España (la prensa chilena,  seguramente por limitaciones de espacio o de recursos,  no ha informado sobre la materia) en un reciente reportaje ha reflotado uno de los hechos más crueles y sanguinarios de este período: la matanza de “El Mozote”, ejecutada entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, en el sector rural de ese nombre y sólo conocida públicamente dos meses más tarde, a través de informaciones entregadas por los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times. Comparada con la mítica matanza de la aldea de My Lai,  ejecutada por soldados de los EE.UU. en Vietnam, El Mozote significó el asesinato masivo de una cifra no precisada de población rural pero que se ha estimado que fluctúa entre las 347 y las 504 víctimas, todos acusados grupalmente como “suministradores logísticos de la guerrilla”.  Muchos de los cuerpos fueron depositados tras un convento y quemados con lanzallamas en un desesperado e inútil esfuerzo por hacer desaparecer las huellas de la barbarie.

En 2016, la mentada “ley de amnistía” fue declarada nula. Ahora, tras 27 años de recursos y artimañas jurídicas, los principales militares responsables (que podrían estar asimismo involucrados en las masacres de El Calabozo y Río Sumpil) son encausados:

• General Guillermo García, ex Ministro de Defensa;
• General Rafael Flores Lima, ex Jefe de Estado Mayor;
• Coronel Natividad Cáceres, ex jefe del batallón Atlacatl
• Coronel Domingo Monterrosa, sobreseído por fallecimiento.

El broche de oro lo escribe el dictador sirio Bashar al Assad quien tiene a su país envuelto en una verdadera guerra civil que ha costado ya más de 200.000 víctimas fatales y que ha llevado a que una cifra cercana a los 5 millones de personas  (de los 21 millones que habitaban el país) hayan debido emigrar para salvar su vida y la de sus hijos. El martes 4 de abril las fuerzas gubernamentales bombardearon la localidad rebelde  de Jan Sheijun dejando una secuela de 54 muertos (incluyendo mujeres embarazadas y niños) y 170 heridos según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, aunque la opositora Coalición Nacional Siria y otros grupos elevan los números a 100 y 400 respectivamente.

Aparte de la crueldad implícita en este tipo de ataques, lo más grave radica en la naturaleza de la acción represiva. La población fue atacada con “gas sarín”, un tóxico agente nervioso descubierto en la Alemania nazi de preguerra que contrae fuertemente las vías respiratorias, dilata pupilas, provoca vómitos incontrolables y botadura de espuma blanca por vía bucal. Clasificado como “arma de destrucción masiva” por la resolución 687 de la ONU, la Convención sobre Armas Químicas de 1993 declaró ilegal su producción y almacenamiento. Se ha constatado que el régimen de Al Assad ya lo ha utilizado en oportunidades anteriores y que previamente fue usado por Irak en su confrontación con Irán y en el atentado de 1995 en el Metro de Tokio. La dictadura militar chilena lo produjo y experimentó con él aplicándolo, según se ha señalado, a un grupo de reos. El químico Eugenio Berríos,  que trabajó en este terreno para los servicios secretos del régimen,  fue luego secuestrado y asesinado por los servicios de inteligencia uruguayos, en Punta del Este.

Los relatos anteriores son demostrativos de los rangos de inhumanidad a que pueden llegar los humanos y denotan las debilidades y carencias existentes en la formación de una verdadera cultura de derechos humanos. Resulta sorprendente constatar como muchos actos similares a  los descritos, son justificados en razón de las circunstancias de la época o son relativizados de acuerdo a las tendencias y orientaciones políticas de quienes los cometen.