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Los escándalos de la semana.

René Fuentealba Prado, abogado.

Los hingenuos (con hache, entre los cuales me cuento), ante cualquier situación complicada,  siempre tenemos la tendencia a pensar que “lo peor ya pasó”.

Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, ahora renunciado;  militante del Partido Socialista, ahora suspendido; diputado por Talcahuano entre el 2006 y el 2010, funcionario de la Municipalidad  del mismo puerto hasta 2013 contratado a honorarios tras su derrota en las elecciones por el alcalde Gastón Saavedra para gestionar las labores de reconstrucción pos terremoto en la comuna, incluida la  localización de empresas pesqueras. El 19 de diciembre de 2012, junto al alcalde Saavedra, participó en Valparaíso en una manifestación de apoyo a la ley de Pesca organizada por los trabajadores de las empresas afiliadas a la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (ASIPES), la que habría sido financiada por las mismas empresas. Mientras era funcionario municipal, su cónyuge, Marcela Viveros Garay, contadora-auditora, prestaba asesoría a la Asociación Gremial ASIPES, servicios por los que emitió  34 boletas por un monto de $33.000.000.-

Al asumir la Subsecretaría, le aseguró a ASIPES, a través de su Presidente, el UDI Felipe Moncada,  que no se acabaría la pesca de arrastre,  pese a lo expresado en el programa de Bachelet,  porque “los puestos de empleo no hay que arriesgarlos”.

Los antecedentes anteriores fueron hechos públicos a partir de una indagación del Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER, entidad que agregó que en su oportunidad requirió a la Subsecretaría, cifras sobre la pesca de la jibia la que le fue denegada,  indicándole que debía requerirla vía  Ley de Transparencia lo que implicaba 20 días hábiles. Curiosamente, ASIPES pidió la misma información un 28 de mayo, la Subsecretaría designó al efecto un funcionario el día 29 y se la remitió vía electrónica el día 30, lo que desmiente las infundadas críticas relativas a las demoras y obstruccionismo del aparato del Estado.

Súnico renunció para defender su honor, declarando de paso que la asesoría de su cónyuge a ASIPES estaba dentro de su derecho al libre ejercicio de su profesión.

Ojalá se aclare pronto esta confusa situación.

En la vereda del frente, se abrió  otro problema. El mismo CIPER (que parece tener tiempo de sobra para andarse inmiscuyendo en vidas ajenas) hizo pública la tortuosa relación política entre la senadora por Bío Bío Jacqueline van Rysselberghe, y su correligionario y presidente de ASIPES, Felipe Moncada. Correos electrónicos puestos al descubierto por CIPER, muestran la fraternal amistad entre la legisladora, que por la naturaleza de su cargo debe trabajar en pro del bien común  general, y Moncada, personero de uno de los más poderosos grupos de interés del país. El entrabamiento de las sesiones de la Comisón de Pesca del Senado que ella presidía,  fue uno de sus métodos de trabajo. El pauteo de las indicaciones legislativas fue tan habitual que la “Coca”, como la llama Moncada, le informa que ha presentado cuatro indicaciones y le pregunta si con ello es suficiente o debe presentar una adicional. La incomodidad en las huestes gremialistas fue notoria. Requerido por la prensa, un ofuscado senador Juan Antonio Coloma, respondió: “No sé nada. Ahora estoy metido en los incendios”, en tanto que la diputada María José Hoffmann dijo escuetamente: “No le he leído”. La senadora de Amplitud Lily Pérez, no tuvo pelos en la lengua: “Grave es tener parlamentarios y dirigentes políticos instruidos y pauteados por grupos económicos. Del color político que sean, eso es corrupción”.

La consecuente actitud elusiva de los personeros de la UDI, tiene una explicación. La senadora fue elegida como presidenta nacional, gracias a la administración de la maquinaria interna y de los recursos financieros que sigue manteniendo el “coronel en las sombras”, Jovino Novoa.  Pese a su reconocimiento de culpabilidad y a su condena penal, Novoa sigue siendo un referente moral de la colectividad.

La semana la cierran un alcalde de Cabrero acusado (¡hasta cuándo! ) de violencia intrafamiliar contra su cónyuge. Una ex funcionario  de la Municipalidad de Hualpén,  Bettcy Rivera (hermana  del exonerado alcalde de la comuna) acusada de haber utilizado recursos municipales para construir su casa de descanso. Un  “honorable” diputado (Felipe Letelier, PPD),  sorprendido transitando a exceso de velocidad entre Santiago y Valparaíso. Su afán por llegar a la hora al Congreso ( y ahorrarse la multa de $90.000.- por inasistencia) era tan vehemente, su pasión por legislar era tan irrefrenable, que le llevó a obnubilarse y a correr a 166 kilómetros por hora. No tuvo tiempo para pensar que pudo haber arriesgado su vida, que pudo dar muerte a alguna persona, que pudo provocar una colisión múltiple con fatales consecuencias. Curiosamente, era el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara. Un juez acucioso, en su resolución del caso, hizo referencia su prontuario: Otros excesos de velocidad, fuga desde un punto de control de Carabineros, conducir sin licencia, razón por la cual se le suspendió indefinidamente su carné por carecer de idoneidad moral.  Letelier declaró que no manejaría más, que contrataría un chofer (nos imaginamos que pagado por el Congreso). ¡ Que Dios lo oiga !

Por lo menos ahora, la basura se hace pública. No faltarán los versos para justificarla pero algo es algo.

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