Editorial: Los menores, un problema mayor.

Una Comisión de la Cámara de Diputados, como tantas otras, concluyó una larga indagación sobre el problema del Servicio Nacional de Menores (SENAME), labor fiscalizadora que se tradujo en un denso y lato informe. En este, se concluyó apuntando hacia la ex Ministra de Justicia, Javiera Blanco a la que se acusó de negligencias graves e inexcusables. La Sala de la Corporación, tras gestiones y presiones de varios ministros de Estado, terminó rechazando el documento.

La Cámara, dentro de sus atribuciones de fiscalización, está en su derecho al investigar el funcionamiento de un determinado servicio público y detectar las irregularidades que en el seno del organismo pudieron haberse cometido. Más aún: debe fijar no solo las responsabilidades funcionarias sino también las responsabilidades políticas que correspondan.

Sin embargo, todo un proceso indagatorio, que seguramente aportaba datos duros de tremenda importancia, se va al tacho de la basura cuando al final del día se observa que lo que se perseguía eran espurias finalidades político-electorales.

Sin duda que Blanco debe cargar con la culpa de no haber actuado con firmeza, prontitud y eficacia frente al problema, y de haberlo tomado con liviandad no dimensionando la tremenda gravedad de los hechos ocurridos. Pero, nadie puede negar que éstos se han arrastrado por décadas durante las cuales han desfilado por el servicio y por el Ministerio del área, decenas de personajes que no fueron capaces de tomar las medidas y adoptar las políticas que la situación exigía. Incluso, los mismos parlamentarios que ahora vieron la oportunidad de armar escándalo, permanecieron impávidos durante el mismo tiempo.

En el caso, una vez más, hay una gruesa responsabilidad del Estado que va más allá de la transitoriedad de los Gobiernos y del Parlamento. Es evidente, que el modelo tradicional de gestión, que paradojalmente ha sido asumido tanto bajo la conducción de coaliciones de izquierda o de derecha, está absolutamente sobrepasado por las exigencias de la realidad. La añeja y mala costumbre de nuestras elites políticas de creer que creando nuevos ministerios, nuevos servicios, nuevas regiones, nuevas comunas o dictando nuevas leyes, cada problema queda solucionado, está fracasada y archifracasada. En este terreno, tales medidas se traducen en generar nuevas y mayores burocracias (las que una vez establecidas serán muy difíciles de remover o agilizar), en establecer sistemas formales de control, en ejecutar obras malamente diseñadas pero que necesitan ser inauguradas antes del término de cada período presidencial. Las consecuencias prácticas son evidentes: trabajos mal diseñados y peor ejecutados, necesidad de efectuar permanentemente ampliaciones de las obras contratadas, habitual excedencia en los plazos de ejecución, etc., para que al final los valores presupuestados se dupliquen y, peor aún, al momento de entrar en funciones el nuevo ente más de la mitad de los recursos operacionales queden enredados en un maraña y solo una parte menor llegue efectivamente a las personas y a las familias que se pretendía atender.

El Estado necesita impostergablemente ser descongestionado. Para ello se requiere asumir una nueva forma de legislar mediante normas marco que definan los propósitos y objetivos, que fijen los parámetros de una burocracia necesaria y que otorguen al encargado de la administración la necesaria flexibilidad para una gestión dinámica y dotada de la capacidad de adecuarse a los desafíos que van surgiendo.

El desafío de atender a los menores en la forma que corresponde a una sociedad civilizada, constituye la oportunidad de demostrar que es posible reenfocar la gestión pública. Si se dejan atrás los prejuicios ideológicos que quieren entregarle la solución de los requerimientos sociales al “mercado” o que creen que un “Estado centralizado” debe hacer todo, será posible avanzar eficazmente en la atención de estos problemas.

En la actualidad, existe una enorme desconfianza en la sociedad civil y sus organizaciones la que es, a nuestro juicio, injustificada. No se puede negar que en este plano se han cometido irregularidades y abusos precisamente por falta de políticas claras y de control adecuado por la autoridad, pero es innegable que es a través de estos canales que los recursos llegan precisamente a quienes se busca atender. La celebración de contratos de gestión entre el Estado por una parte, y las corporaciones, fundaciones y otros entes por otro lado, con delimitación de responsabilidades y consecuencias y con una auditoría permanente que impida y sancione en su caso la mala utilización de los recursos puestos a su disposición, creemos que es el único camino viable para prestar la atención que demandan los menores, los ancianos y las afectadas por capacidades limitadas diversas.

En toda el área social, es de extrema urgencia atender estos casos. En verdad, la carencia de recursos suficientes para los fines indicados, es solo un pretexto y una mala excusa pues la ciudadanía contempla diariamente el verdadero despilfarro de dineros públicos que se manifiesta en diversos campos de la actividad nacional. Si los candidatos a “salvadores de la patria” tomaran debida conciencia de la importancia que tiene para la convivencia nacional ir sanando estas heridas abiertas de nuestra sociedad, podríamos progresar en el camino a ser un mejor país.