«La violencia debe ser desterrada de la vida nacional… esto no se resuelve con respuestas técnicas, burocráticas ni policiales por sí solas, todas las expresiones de violencia que vivimos, tienen un origen político, social, cultural , sociológico y, sus respuestas pasan por propuestas que apunten a  cambios culturales, cambios conductuales y planes integrales de salud mental para la ciudadanía. Los profesionales del área, las universidades, las instituciones todas y el estado deben hacerse cargo del tema, con autocrítica y real compromiso con el tema.»

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Los tiempos que vienen.

A partir del 11 de marzo, dos caminos fundamentales han quedado marcados. Gabriel Boric ha asumido, con su equipo, la Presidencia de la República, con todo lo que ello significa, y la Convención Constituyente que ha continuado su trabajo apremiada por el imparable transcurso de los días que hacen inminente el vencimiento de los plazos establecidos.

Si bien estamos hablando de campos distintos es claro que uno y otro están entrelazados.

El ejercicio del Gobierno está sujeto a la capacidad que se tenga para plasmar en hechos lo que fue escrito en el programa ofrecido al país y sobre todo al buen criterio y sentido común que se tenga para moverse en las procelosas aguas de la política. Una frase que debe ser bien valorada por todo lo que significa es la del nuevo Ministro de Hacienda cuando, en medio del ceremonial de asunción del nuevo mandatario, expresó: “Estamos aquí no para frenar los cambios sino para lograr que estos sean sostenibles en el tiempo”.  A fin de cuentas, el enorme desafío de Boric y de la nueva generación que asume la responsabilidad de gobernar, radica en lograr las metas planteadas “en la medida de lo posible” pero sin perder jamás el sueño de “lo imposible”. Si ese mensaje es adecuadamente comunicado al “pueblo” o “a los pueblos” logrando su debida comprensión, se alcanzará el indispensable apoyo ciudadano y se avanzará positivamente por la senda correcta. 

Pero, serán los pasos y los resultados de la Convención Constituyente los que condicionarán el éxito o el fracaso de los nuevos gobernantes. Hasta ahora, se manifiesta claramente la influencia del pensamiento del proto nazi Carl Schmitt en cuanto a trabajar sobre la base de que la esencia de la política está en la definición entre “amigos” y “enemigos”, de tal manera que es el antagonismo lo que naturaliza las relaciones sociales siendo mi enemigo todo aquel que está en contra de mi posición.

Diversos convencionales, al ser cuestionadas determinadas propuestas fundamentalistas sobre las que se trabaja las han justificado expresando que la Constitución vigente también lo hace en beneficio de determinado sector, razonamiento espurio que desconoce la esencia de la tarea encomendada que radica en construir la “casa común” dejando abiertas las puertas para el ejercicio alternativo del poder.

El ejercicio de la función constituyente ha ido dejando variados flancos abiertos originados en las pretensiones refundacionales de algunos sin que los autores de las iniciativas hayan mostrado capacidad suficiente para vislumbrar las consecuencias de las determinaciones que se adopten.

 En carpeta, están por resolverse algunos problemas gruesos.

Al mismo tiempo que se ratifica “el presidencialismo” como régimen institucional, se establece una serie de entidades y se procede a una distribución de funciones que degradan su capacidad de gobernar (vicepresidente, coordinador del gabinete ministerial aprobado por la propuesta “cámara única”) lo que presagia una serie de conflictos que obviamente afectarán la gobernabilidad del país.

En el plano jurisdiccional, aparte del cambio de nombre que sustituye el “Poder Judicial” (con todo lo que ello significa) por un “Sistema Nacional de Justicia”, el establecimiento de un “Consejo Nacional de la Justicia”, en la forma en que está concebido implica un riesgo mayúsculo para la indispensable autonomía de la Justicia en una sociedad democrática. Integrado por 17 miembros (6 jueces y 11 absolutamente ajenos que ni siquiera requieren ser abogados), este órgano quedaría facultado para hacer una “revisión integral” que evalúe el correcto ejercicio de las funciones de cada tribunal (todos, incluida la Corte Suprema) pudiendo calificar sus desempeños, sancionar y hasta remover a los jueces. El riesgo de avanzar hacia una politización creciente de la Justicia es y desde ahí caminar hacia una afectación de las libertades personales, es incuestionable. El fantasma del populismo penal estaría marcando presencia.

Por supuesto, hay otros temas que pueden ser abordados y que, a nuestro juicio, están siendo tratados con la liviandad extrema de quienes no avizoran los conflictos o, lo que es peor aún, simplemente se abanican con la eventualidad de su ocurrencia.

Muchos constituyentes, ensoberbecidos en su cargo, están contribuyendo efectivamente a crear condiciones de desprestigio que pueden llevar, por las más variadas razones, al fracaso en el plebiscito de salida. Si no se toma conciencia ahora de este riesgo, en julio puede que sea demasiado tarde.    

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