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MÁS Y MÁS DE LO MISMO

Análisis Político

René Fuentealba Prado, abogado.

Se vive en medio de  una seria crisis de la política. ¡Qué duda cabe! La pregunta que naturalmente surge es: Como sociedad ¿se están  dando los pasos correctos hacia una moralización de la actividad? ¿O se insistirá, majaderamente, en la repetición de conductas cuestionables o claramente delictivas? Las responsabilidades son de todos pero, sin duda que unos son más responsables que otros.

En la semana se ha hecho público que el Comité de Asignaciones Parlamentarias (formado por ex congresistas que son remunerados por este trabajo) resolvió que, precisamente, estas asignaciones pueden ser utilizadas con fines partidistas.

Como antecedente debe tenerse presente que,  no ha mucho,  el diputado Giorgio Jackson, una de las figuras emblemáticas y mejor evaluada de la renovación política,  fue seriamente cuestionado acusándole de utilizar estos recursos públicos para financiar pasajes y estadías en su afán de reunir firmas para legalizar la existencia de su partido, Revolución Democrática. Otro dato a ser tenido en cuenta: se inició la aplicación de la ley que otorga financiamiento público, es decir de todos los chilenos, a la actividad política,  lo que permitió que las diversas colectividades recibieran sus primeros cheques relativamente suculentos.

El Comité aludido, luego, al parecer, de una exhaustiva deliberación, determinó que tanto senadores como diputados son actores políticos y que, por tanto, necesitan promover los intereses electorales futuros de sus respectivas colectividades. Estos parlamentarios ejercen,  además,  cargos  de representación popular,  la que no alcanza sólo a los distritos o circunscripciones que los eligieron sino que abarca a todo el país. La consecuencia lógica, según lo señala este Comité, es que los parlamentarios pueden utilizar estas asignaciones para todas sus labores políticas tales como participar en reuniones político-partidistas, en sesiones y consejos de partidos en cualquier lugar del país en que estos se realicen, etcétera, etcétera. Punto aparte.

La ley, elaborada y aprobada por los mismos parlamentarios, buscó acotar  los períodos en que está autorizada la publicidad política pre-electoral para evitar el vergonzoso derroche de recursos que, además de herir la dignidad de los ciudadanos (particularmente de  los más carenciados) implicaba un atentado a  su libre determinación ya que el elector no medía su capacidad de servicio público,  su trayectoria, su honestidad,  sino que era manipulado por la pertinaz repitencia de un nombre. Las autoridades en funciones (en este tiempo los alcaldes que persiguen su reelección) han hecho una costumbre la de financiar  con recursos de la comunidad, afiches, programas de televisión, ediciones especiales en prensa escrita, para exhibirse abundantemente. Además, las calles del país deben soportar los rayados con que  los aspirantes a servidores públicos, en violación de la ley, estampan sus nombres, lo que justifican diciendo que tales rayados son legales ya que no invitan a votar.

Lo anterior ( y mucho más, por supuesto, largo de detallar), revela que estos personajes no han aprendido nada y, lo que es peor, no han sido capaces de entender que la política es una actividad que tiene una ética y que el respeto de esta ética es lo único que puede valorizarlos  frente a la sociedad.

Hechos como los descritos, que cubren las actitudes y procedimientos señalados con un manto de legalidad (lo que no implica legitimidad), deben ser denunciados. Es inaceptable que personajes que (por otra parte, sin justificación ciudadana alguna)  buscan cargos de elección popular (algunos de ellos proyectándose ya como senadores  para comicios que se van a realizar en dos y medio años más),  abusen  de la autonomía financiera que la Constitución reconoce al Parlamento,

Claramente, en su conducta hay una inmoralidad. En un país con recursos muy limitados, en que se carece de medios para atender a los niños vulnerables, en que las cárceles muestran un hacinamiento que atropella la dignidad de los seres humanos  y que las transforma en escuelas del delito, en que la salud pública no es capaz de prestar la atención a que toda persona tiene derecho, los ciudadanos deben tomar conciencia de estos abusos y denunciarlos permanentemente en todo tiempo y en todo lugar.

En estos terrenos no existen las lealtades ni personales ni partidarias. El silencio solo contribuye a socavar los cimientos de la democracia dejándola en manos de los más audaces.

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