Medio Ambiente y Bien Común: ¿Concepción Metropolitano sin resguardo?
El Gobierno Regional y la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo acordaron la realización de un nuevo Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) en desmedro de la complementación del proyecto en curso, antes aprobado por el Consejo Regional al cual la Contraloría General de la República exigió mejorarlo con las observaciones hechas por la misma. Se dio además la circunstancia inesperada que la Corte Suprema anuló la aprobación que le había dado antes el CORE por ausencia de la consulta étnica exigida por la ley.
Dada la actual coyuntura, ésta implica que en el Gran Concepción se mantendrá la vigencia del actual PRMC cuya última actualización se hizo en 2003, es decir hace ya 19 años. Lo que a su vez implica un gran riesgo para las 11 comunas que éste comprende y abarca en todo su territorio, tanto urbano como rural.
Porque las grandes empresas privadas, así como también los propios entes estatales que han tratado de instalar sus actividades o infraestructuras en este territorio sin grandes reparos, tendrán desde hoy mayor margen para hacerlo MAL. Y con la agresividad que han demostrado recientemente para entrar frente al bien común, consideración básica a respetar que exige la vida humana en cualquier ámbito, sea urbano o rural, no hay duda que así lo harán.
Y es que también el sistema actual del Estado para las evaluaciones ambientales pertinentes, reconocido como poco actualizado e insuficiente por los mismos entes a cargo (Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de MA, Servicio de Evaluación Ambiental, SEA) tendrá mayor holgura para favorecer a las empresas o entes fiscales que lo hagan mal frente al bien común, y que desde ya lo hacen. Lo demuestran aprobaciones como las grandes canteras que aprobó el director nacional del SEA a Áridos MADESAL ubicadas sobre suelos ya entonces planificados como habitacionales por los planes reguladores de nivel comunal (PRC de Penco) y de nivel metropolitano (PRMC), sustentando el argumento que estos instrumentos reguladores no operan ante ciertas actividades (aunque estén a 200 metros de las casas de los seres humanos que viven allí). O decisiones tan cupulares como la que nos expresó el propio Ricardo Lagos Escobar cuando era ministro de Obras Públicas frente al reclamo de la comunidad de Penco por la entrada de la Autopista del Itata encima del área urbana y ya ocupada (“… los planes reguladores son relativos y nosotros sabemos dónde ponemos los caminos” … lo escuché a su lado, en su oficina).
Y si bien lo dice el Seremi de Obras Públicas, que el PRMC es vital para decidir el trazado de la ruta Pie de Monte en San Pedro-Coronel, por lo que éste se postergará por 3 años, eso a los ambientalistas nos viene muy bien porque la estamos combatiendo desde hace ya más de 5 años, por lo tanto, la decisión nos viene como ‘miel sobre hojuelas’.
Pero sabemos que la minera Biolantánidos-Aclara viene con todo (y muchos dólares peruano-británicos) nuevamente a intervenir sobre Penco y Concepción, y no obstante el rechazo del 99% de la comunidad pencona en el plebiscito contra el proyecto minero; o que Áridos MADESAL solicitará otras canteras por otras 20 hectáreas adicionales en el mismo lugar a metros de las poblaciones (ya lo intentó recientemente) y se sabe, además, que hay varios proyectos de ese tipo o peores sobre Tomé o Coronel (por algo Biolantánidos-Aclara tiene casi 500 mil hectáreas de concesiones mineras alrededor de nuestras ciudades, en la faja cordillerana costera de Ñuble y Biobío); por algo las líneas de alta tensión las trazan el Ministerio de Energía y las empresas eléctricas, a su amañado gusto. ¿Es que vamos para zonas de sacrificio?… Al menos en el territorio pencopolitano entraremos en ese riesgo, claramente.
Por lo tanto, esta postergación de un nuevo PRMC (3 a 4 años) exige una posición política de resguardo, curiosamente del Estado contra el Estado, dada la mala legislación ambiental, y las leyes mineras que perjudican al Bien Común, o de los humanos contra la productividad a ultranza, o frente a los malos proyectos de infraestructura, adicionalmente favorecidos por el Estado.
AZE
20.10.2022
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