La ciudadanía no puede permitir que lleguen al gobierno, los que se coluden contra sus intereses.
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No hay peor sordo….

René Fuentealba Prado.

Un viejo refrán, que refleja la sabiduría ancestral de nuestros viejos, dice: “No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír”. En unas cuantas palabras, se refleja la actitud de quienes, pese a estar observando una realidad concreta, simplemente la niegan,  o que, pese a estar percibiendo el clamor y la opinión ciudadana, se muestran indiferentes y actúan como si ese enjuiciamiento crítico simplemente no existiera.

La prensa de la semana que concluye trae una noticia asombrosa. El diario “El Mercurio” (11.10.2016) informa: “Cámara elabora plan comunicacional para elevar “prestigio” institucional y de diputados”. El epígrafe destaca : Por primera vez en su historia, la corporación creará una Dirección de Comunicaciones”. El texto destaca el establecimiento de una vocería oficial para cumplir el objetivo de “posicionar a la Cámara como una institución fundamental para la democracia, resignificando su labor y aumentando ( ¡!) el prestigio, tanto institucional como de los parlamentarios”. Los signos de exclamación,  puestos entre paréntesis, son nuestros.

Más adelante, el decano de los diarios nacionales incluye un apartado adicional que dice: “La estrategia del Senado para enfrentar un “huracán comunicacional”, revelando la existencia de un documento interno de esta Corporación que, ante la creciente tendencia a la fiscalización, investigación y denuncia que implican extremismos y desprestigio, se hace necesaria una estrategia para prevenir crisis comunicacionales y enfrentar escenarios de riesgos.

O sea, estos caballeros que constituyen el CONGRESO NACIONAL, no logran captar la magnitud de la crisis política que enfrentan y que se traduce en bajísimos niveles de reconocimiento a su labor. Siguen pensando que el problema es de “naturaleza comunicacional”,  lo que significaría que están haciendo las cosas “muy bien” pero las están relatando “muy mal”.

Un rápido recuento de antecedentes permite destacar lo siguiente:

  • Deficiente elaboración de las leyes. El Congreso legisla generalmente sobre la base de proyectos elaborados por el Poder Ejecutivo, sujeto a los plazos que éste le fija mediante el mecanismo de las “urgencias”. Los productos de su labor, tras largas discusiones, son de baja calidad, frecuentemente imprecisos y contradictorios, y, lo peor, incomprensibles para el común de los mortales que, por ficción legal, se presume que deben conocerlos. Las asesorías financiadas con recursos públicos, se usan con fines publicitarios y políticos. Proyectos de interés general (seguridad en el tránsito, p. ej.) pasan años y años enredados en esta institución.
  • Bajísimo nivel de trabajo. Los legisladores cumplen su función propia en tres días de la semana y durante tres semanas en el mes, lo que se traduce en deficiente nivel de estudio y aprobación de proyectos y acuerdos sin siquiera haberlos leído.
  • Carencia de compromiso con sus representados. Existe en ellos, una tendencia a radicarse en comunas del barrio alto de la capital, a relacionarse con las elites influyentes, a evitar las instancias de diálogo efectivo con la comunidad incluso con los militantes de sus propios partidos y a estar preocupados de sus próximos pasos políticos más que del cumplimiento de sus responsabilidades.
  • Abuso en la utilización de recursos del Congreso.
  • Numerosos congresales utilizan sus situaciones de poder en favor de su familia, llevando a cónyuges, hijos, padres, hermanos, etc, a cargos que les permitan consolidar su situación personal.
  • Perpetuación en el cargo. Sin comentarios.

El análisis podría extenderse ad infinitum. El problema es que el ciudadano común percibe todos estos hechos y no logra constatar actitudes concretas que impliquen un cambio de rumbo. Las propuestas de la “comisión Engel” destinadas a sanear la política, fueron aprobadas a contrapelo,  excluyendo aquéllas que afectaran personalmente a los involucrados. Para democratizar el proceso político se instituyeron las “elecciones primarias” destinadas a seleccionar los candidatos con la participación decisoria de la ciudadanía, pero los acuerdos entre las cúpulas partidarias y el ridículo e injustificable criterio de que “el que tiene, mantiene” han permitido prescindir de la voluntad ciudadana.

En suma, no bastan los maquillajes comunicacionales para mejorar la imagen.  Se requieren compromisos mucho más profundos, actitudes de vida que impliquen creer en una democracia auténtica y participativa.

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