«Aquellos o aquellas que creen que la política se desarrolla través del espectáculo o del escándalo o que la ven como una empresa familiar hereditaria, están traicionando a la ciudadanía que espera de sus líderes capacidad y generosidad para dar solución efectiva sus problemas.»

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No más abusos económicos

Patricio Chacón Moscatelli

Ingeniero C. Mecánico, UdeC. Apicultor.

(Columna basada en una Propuesta de Norma presentada para la nueva Constitución).

Problema a solucionar.

Las sociedades modernas funcionan gracias a que personas y empresas producen, importan y venden productos, bienes y servicios que la gente requiere y compra para satisfacer sus necesidades. Por el trabajo empleado en la producción y venta de dichos bienes y servicios, corresponde que los productores y vendedores obtengan el justo pago de sus esfuerzos, una utilidad razonable. Eso es lo lícito.

Lamentablemente hay en Chile gran cantidad de empresas que usan y abusan de su poder económico para aumentar casi sin límites sus utilidades, aprovechando que no existe en nuestra legislación ninguna ley que evite que se produzcan utilidades que, con mucha razón, pueden y deben ser calificadas de USURARIAS, simplemente abusivas. La actual Constitución privilegia la libertad de comercio por sobre las necesidades de los consumidores, de acuerdo con la ideología neoliberal que la inspira.

Las únicas excepciones son los precios fijados para los bienes y servicios que se entregan en situaciones de monopolios naturales, tales como la distribución de energía eléctrica, de agua potable y alcantarillado, y de algunos otros sectores semejantes, en los que los clientes no pueden optar por un proveedor diferente al que ha ganado la licitación de la zona en que viven.

También existe un límite legal para los intereses que se cobran en los préstamos, y traspasar ese límite constituye el delito de usura, penado por la ley. Cabe destacar que la Tasa Máxima Convencional fijada por la SBIF favorece en demasía a los prestatarios, y los procedimientos para demostrar que se ha cometido usura dificultan muchísimo los justos reclamos de quienes son víctimas de usura. Un tema que también debe ser revisado y corregido.

Un caso ejemplar de abuso: el gas licuado.

Para poder distribuir gas licuado se requieren inversiones cuantiosas: disponer de gran cantidad de balones, contar con costosas plantas de llenado y disponer de camiones que lleven los balones llenos hasta los distribuidores minoristas, y que traigan de vuelta los vacíos hasta la planta. Además, se debe cumplir con estrictas normas técnicas que son indispensables para la manipulación sin riesgos de un producto altamente inflamable. 

Esto explica que en Chile sólo existan tres grandes empresas distribuidoras: Lipigas, Gasco y Abastible. El oligopolio perfecto, sin alternativas. Ello les permitió aprovechar un aumento mundial del precio del petróleo y sus subproductos en 2014 para subir mucho sus precios. Luego vino una baja mundial de precios, pero estas empresas aplicaron rebajas mucho menores.

En el Informe Preliminar sobre el mercado del gas licuado de la Fiscalía Nacional Económica  EM06-2020, de agosto de 2021, se lee: “Para ello se analizan los márgenes -la diferencia entre el costo del combustible y el precio de venta, no la utilidad- de las empresas. Este análisis permite afirmar que el traspaso a los consumidores nacionales de la baja del precio internacional del petróleo no fue completa. En efecto, si observamos la evolución de los márgenes del mercado, también es posible distinguir dos períodos de tiempo claros: hasta fines de 2014, las distribuidoras mayoristas de GLP tenían un margen en torno al 35%; a partir de fines de 2014 y hasta finales de 2020, el margen de las distribuidoras mayoristas de GLP sube a un rango que se mueve entre un 50% y 55%”.

Esto les significó a dichas empresas utilidades adicionales a las que tenían antes de las alzas por montos del orden de los US$ 280 millones cada año. Mas de US$1.900 millones, en los últimos 7 años.

No se ve en este informe que se haya detectado colusión entre las tres empresas, pero resulta obvio que la lección de los errores cometidos por los actores de las colusiones anteriores ha sido tomada en cuenta por estos coludidos –ya no hay Emails, ni chats de WhatsApp, ni llamadas por celulares – que dejan huellas y que pueden ser detectados posteriormente- y que la evidente coordinación para ir subiendo los precios paulatinamente se ha realizado por otros medios indetectables.

Es decir, en el mercado del gas se ha pasado de la libre competencia a la “libre coordinación” para subir los precios, y queda claro que la FNE no tiene cómo sancionar esta colusión en los hechos –a menos que dictamine colusión por los hechos concretos solamente, lo que no ha hecho nunca hasta ahora-,  que alguna de las empresas se auto-denuncie, o que algún funcionario resentido de alguna de ellas haga la denuncia. Casi pareciera que se ha legislado para favorecer este tipo de colusión evidente.

Como guinda de la torta, la Contraloría ha dictaminado que las Municipalidades, como parte del Estado Subsidiario consagrado por la actual Constitución, no pueden intervenir en este mercado, que está reservado exclusivamente para los privados, mientras haya alguno interesado en atenderlo.

En buenas cuentas –más bien malas- al público consumidor no le queda más que seguir soportando lo que para cualquier persona con dos dedos de frente es una colusión. Salvo para los genios de la FNE, para quienes es necesario que dicha colusión sea demostrada con documentación escrita o grabada, con pruebas concluyentes, no vaya a ser cosa que los acusen de vulnerar el sacrosanto derecho al libre mercado.

En su Informe Final, la FNE propone que se les impida a las tres empresas participar en el mercado minorista, y el actual gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que adopta la recomendación de la FNE. Es del todo evidente que esta no es una solución.

El mercado mayorista del gas licuado seguirá en manos de las tres grandes empresas, que disponen de enormes instalaciones para recibir el gas que llega por barco, ya que ENAP sólo provee algo más del 40% del gas consumido en Chile. Nada les impedirá que los mismos mayoristas de siempre mantengan los precios actuales del gas y a los distribuidores minoristas no les quedará otra opción que comprarles al precio que les fijen. Se hace el cambio para que todo siga igual, como si no fuera totalmente previsible.

Pero este caso de colusión en la práctica cotidiana, no documentada hasta ahora nos revela un vacío legal, que se esconde tras el sacrosanto derecho al libre comercio, que las grandes empresas usan a su entero arbitrio. Y se trata de una libertad sin ningún límite, según la ideología neoliberal que impera en nuestra actual Constitución: el que vende –productor o comerciante- puede poner el precio que desee, sin límite legal alguno. Sólo debe cuidar que sus precios sean aceptados por sus clientes, ya que si los compradores encuentran el producto a un precio menor en otra parte, no le van a comprar. Es el mecanismo del mercado y la libre competencia, el mejor asignador de los precios, según esta ideología.

Pero esta es sólo una teoría, una entelequia que sobre simplifica las realidades económicas que ocurren en la práctica social. No toma en cuenta lo que sucede cuando hay monopolios u oligopolios, como es el caso del gas en Chile. Son muchos miles los casos de asimetría económica que favorecen a unos pocos, en desmedro de la gran mayoría de la población, y que podrían ser detectados y eliminados, dadas las actuales condiciones tecnológicas en que el mercado funciona.

Sólo a modo de ejemplo, cabe mencionar a las farmacéuticas y las cadenas de farmacias, los productores de pollos y cerdos, las importadoras, las exportadoras de frutas y paltas, los grandes supermercados, las financieras, los reyes del retail, las forestales y las miles de grandes empresas que abusan de sus clientes y también de sus proveedores. Y los bancos, que en este año en que la gran mayoría de la gente apenas sobrevivía, aumentaron sus utilidades en un 200%, nada menos que 3 veces las utilidades del año pasado. Ver:

https://www.latercera.com/pulso/noticia/ganancias-de-la-banca-local-superan-los-us4000-millones-a-noviembre/KTSR5G6WTFGVLPCQAGSLUBI4BA/

No existe razón alguna para que no se extienda el concepto de usura para las utilidades en cualquier otra transacción, y así como se denominan intereses usurarios los que sobrepasan los máximos legales, es perentorio que se legisle para establecer los máximos legales a las utilidades en todos los mercados, y para fijar las consecuencias  que acarrearía su transgresión.

El hecho de que las UTILIDADES USURARIAS no estén definidas formalmente, en adelante UU, hace que nadie las perciba, aun cuando sean tan evidentes como las que sufrimos actualmente en el mercado del gas. Es casi como si no existieran.

Lo ya dicho puede servir como definición provisoria, es decir, son utilidades tan altas que permiten que los que tienen el poder económico abusen de quienes carecen de ese poder, es decir, de sus clientes.

Situación ideal

Lo que debiera hacerse es legislar para tipificar como delito el tener Utilidades Usurarias (UU), quedando claros los límites que no se deben traspasar, así como las penas que deben afrontar quienes cometan este delito.

En cuanto a los posibles límites a estas UU se podría recurrir a algunos datos que se pueden obtener en países en los que no se observan abusos en los precios internos. Por ejemplo, el promedio de las utilidades que se observan en los precios internos de los países europeos de la OCDE.

Queda claro que nos referimos a los precios internos porque es evidente que la mayoría de las empresas de esos países que tienen filiales en países más pobres obtienen allí utilidades exageradamente mas altas que en sus casas matrices, sin ninguna justificación. Los casos más evidentes son los laboratorios farmacéuticos y las empresas de telecomunicaciones, cuyas tarifas y precios domésticos son sólo una fracción de lo que cobran en Chile, cuando acá los costos son menores –mano de obra más barata, menores impuestos, entre otros costos-. Hay muchos otros ejemplos.  

Seguro que obtener esa información no va a ser tarea fácil –al menos para nosotros- pero la transparencia que hay allá puede facilitarlo. Entendemos que en la OCDE europea, en especial en los países nórdicos, las empresas se consideran muy satisfechas con utilidades del orden del 12% y que un 18% es un margen extraordinariamente bueno.

Pareciera que allá las empresas realmente se auto-regulan, y que les da vergüenza aumentar sus utilidades a costa de perjudicar a sus conciudadanos.

Mientras se obtiene información a firme, parece sensato fijar temporalmente como UU aquellas superiores al 15% para las empresas grandes, al 20% para las medianas y al 30% para las pequeñas, las mini pymes.

Y para controlar que las empresas no incurran en el delito de aplicar UU, parece recomendable que se cree un organismo autónomo de Control de Utilidades Usurarias, independiente de la Fiscalía Nacional Económica –que ha demostrado su ineficiencia- con la facultad de acceder a la información contable y bancaria de todas las empresas, y de aplicar sanciones a los infractores, tales como multas a beneficio fiscal –proporcionales al delito cometido-, y la correspondiente aplicación de un impuesto por el valor total del excedente que supere el límite de las UU, además de penas de cárcel semejantes a las que se aplican al delito de usura para los responsables. Los cargos ejecutivos de este organismo deberían ser elegidos por votación popular, con iguales posibilidades de acceder a los cargos ya sea de independientes o de adherentes de partidos políticos.

Argumentos que respaldan la propuesta.

Si no se le pone freno al neoliberalismo desatado, que ha transformado la libertad de comercio en un libertinaje desenfrenado, cualquier medida tendiente a apoyar a los sectores de menores ingresos –aumento del sueldo mínimo, aumento de las pensiones, bonos de apoyo, y cualquier otra medida- va a ir a parar a los voraces bolsillos de los grupos poderosos a muy corto andar.

Por la misma razón que ha hecho que durante la pandemia que ha golpeado duramente al grueso de la población, obligada a gastarse los ahorros para su futura jubilación, las grandes empresas hayan seguido obteniendo utilidades enormes, batiendo record tras record,  transformando la brecha entre pobres y ricos en un abismo que crece cada vez a mayor velocidad.

Las enormes cantidades de circulante que se liberaron por los retiros de fondos para la jubilación, y por los tardíos pero cuantiosos y masivos bonos del gobierno,  que suman decenas de puntos del PIB,  y que han sido la causa del aumento de la inflación, han ido a parar sin límite a las grandes empresas, que controlan toda la economía nacional vía aumentos de precios, sin control alguno.

Si no se establecen legalmente los límites a las utilidades exageradas, que por ahora son legales pero claramente ilegítimas y abusivas, si no se legisla para poner coto a las UU, las desigualdades enormes que ya existen en nuestra sociedad van a seguir creciendo, indefinidamente.

Propuesta de articulado.

No disponemos de las habilidades necesarias para realizar esta propuesta, por lo que solicitamos ayuda experta de la Convención Constituyente para que hagan la tarea requerida.

Presentada por:

Patricio Chacón Moscatelli, RUT 4.437.863-9

Teléfono: +56 9 9628 5304 Email: pachamos@gmail.com

Con el apoyo de:

Felipe Krahl Reyes,  RUT 9.856.521-3

Fuente de imagen:

https://lupaconstitucional.malaespinacheck.cl/2021/12/09/cuales-son-las-primeras-44-iniciativas-populares-de-norma-para-la-nueva-constitucion/

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