Ojo con los burócratas

Es frecuente que los grandes empresarios privados critiquen con encono la intromisión del Estado en el desarrollo e implementación de sus proyectos de inversión. Con gran fanfarria comunicacional, acusan a “los burócratas” que, exigiendo papeles tras papeles, impiden que sus iniciativas de inversión se concreten en el menor plazo posible.

Se trata, sin duda, de un tema interesante.

El Diccionario de la Real Academia nos entrega una definición bastante amplia acerca de lo que debemos entender por “burocracia”: “Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios”. Nos encontramos, aquí, con la primera sorpresa, pues, a partir de lo dicho, nos queda claro que puede haber burocracias tanto públicas como privadas.

Así, empresas tan importantes como los bancos, las administradoras de fondos de pensiones, las isapres, las compañías de seguros, las grandes tiendas del retail, etc.(todas del  sector privado) tienen protocolos que definen la forma en que sus clientes pueden reclamar sus derechos a través de procedimientos que claramente buscan entorpecer su ejercicio y retardar cuanto sea posible los pagos, devoluciones o indemnizaciones que correspondan en cada caso. 

Tanto en el sector anteriormente indicado como en el sector público, es posible “constatar un exceso de normas, trámites y papeleos    que dificultan o complican las relaciones del ciudadano con la administración”, factores que naturalmente retrasan la solución de los asuntos o problemas que las personas tienen interés en resolver. Las exigencias que el funcionario plantea muchas veces tienen que ver con la necesidad de dar el más cabal y estricto cumplimiento a la ley por temor a ser sancionado por cualquiera infracción pero en otras tantas veces responde a una actitud indolente del “servidor público” que tiende a deshumanizarse olvidando que aquella persona que está al frente suyo seguramente tiene un complejo problema personal o familiar. En el último tiempo, el caso más grave registrado es el relativo a la autorización y pago de las licencias médicas, derecho que casi siempre constituye la única posibilidad de ingreso de la beneficiaria o del beneficiario por un largo período. Cuando cientos de miles de personas son víctimas de este atentado a sus derechos fundamentales, solo una actitud de protesta violenta es capaz de romper una inercia que tiende a perpetuarse y a alcanzar visos de normalidad.

Los Gobiernos, tanto el actual como los anteriores, han sido incapaces de formar al “funcionario del Estado” en una cultura efectiva de servicio público, educándolo día a día para que tome conciencia de que, cuando trabaja para el Estado, trabaja en pro del bien común y tiene, por tanto, el deber moral de proporcionar en forma eficaz y eficiente la mejor atención posible.

El funcionario que se incorpora con atraso a sus labores, o que se ausenta sin motivo de su oficina para hacer gestiones personales, o que se pasea tomando desayuno a vista y paciencia de decenas y decenas de angustiadas personas que han madrugado para alcanzar una atención que les es esquiva, comete un inaceptable atropello a la dignidad de quienes está llamado a servir. Más grave e intolerable, aún, es la situación que se presenta cuando el “servidor” público, abusando de posiciones de poder (profesional, gremial, sindical) arrastra a sus compañeros de trabajo a tomas o paralizaciones de servicios, poniendo en riesgo la salud o la vida de mujeres, niños, ancianos, etc., sin siquiera explorar otras vías legales o de presión que evitaran las víctimas inocentes.

El tema que comentamos va mucho más allá del caso a caso. La carencia de una conciencia comprometida de servicio a la comunidad que se observa en el acontecer diario no solo en relación con el simple funcionario sino también en el plano de las autoridades mismas, está siendo una plaga que se expande sin control. Cuando el ciudadano observa que sus autoridades locales aparecen día a día fotografiadas en la prensa participando de cócteles y recepciones pero no se las ve jamás caminando por barrios hundidos en el lodo y el abandono; cuando el ciudadano ve que sus parlamentarios están preocupados de su reelección o de su ascenso al Senado y muestran escaso interés por cumplir adecuadamente su deber legislativo para lo cual se les paga generosamente, estamos en problemas.

Cada uno de los señalados, (y muchos más), está contribuyendo a la destrucción de la democracia y creando un abismo que puede llegar a ser insalvable entre representados y representantes.

¿No habrá llegado ya la hora en que la ciudadanía tome debida conciencia de lo expuesto y formule las exigencias correspondientes?