¿Qué (les) dirá el Santo Padre, que vive en Roma?

Para bien o para mal,  la Iglesia Católica ha jugado un rol importante en la vida política chilena.

Una larga tradición histórica  la situó en lugares aledaños al poder. En los remotos tiempos de la Conquista y la Colonia españolas, los sacerdotes en todos los países del subcontinente legitimaron las guerras en contra de los pueblos aborígenes, bendijeron el atropello de sus culturas e impusieron  el dominio de la Corona con la excusa de que buscaban cristianizar a estos pueblos paganos y bárbaros. Por su lado, la  Inquisición de Lima es el testimonio de una Iglesia represiva y el caso del médico portugués Francisco da Silva,  perseguido incansablemente a través de diversas naciones, el ejemplo de una religión que no tenía mayores problemas de conciencia.

Al alcanzarse la Independencia, el clero reconoció filas junto a la elite gobernante. Curas y fieles se incorporaron al Partido Pelucón y, más tarde, al Partido Conservador. La religión católica fue por más de un siglo la religión oficial del Estado y defendió sin titubeos los privilegios y beneficios económicos que le aseguraba  su  cómoda  situación. Incapaz de reconocer la evolución de los tiempos, se opuso a la creación de los cementerios laicos, a la ley de matrimonio civil, a la escuela primaria obligatoria, a la separación de la Iglesia del Estado,  con el mismo tesón con que, a fines del siglo XX rechazó la proclamación de la igualdad de hijos legítimos y naturales.

Absurdo sería negar que hubo sacerdotes y laicos que se involucraron   con pasión en el proceso independentista, en el desarrollo de la educación y de la ciencia, en el reconocimiento de una sociedad plural, pero siempre fueron una minoría disidente. La “religión de clase” quedó para siempre grabada en el rechazo a la designación de Francisco de Paula Taforó como obispo de Santiago en razón de su condición de “hijo no nacido de legítimo matrimonio”,  y en la decisión de las autoridades religiosas de impedir la difusión en el país de la Encíclica Rerum Novarum,  de León XIII,  sobre la “cuestión social”.

En la década de los 40, en pleno siglo XX, irrumpe en la escena el jesuita Alberto Hurtado, con su polémico libro “¿Es Chile un país católico?” en que cuestiona la inconsecuencia existente entre un catolicismo meramente formal, alentado y sostenido por la Jerarquía,  y un cristianismo vital que actúa en función de la Justicia y los derechos de las personas. Su histórica frase “La caridad empieza donde termina la Justicia” provoca escándalo y múltiples acusaciones que llegan hasta los más altos niveles vaticanos.

Durante los días de la dictadura gremialista-militar, Raúl Silva Henríquez, cardenal-.arzobispo de Santiago, asume, con prudencia y firmeza, la defensa de los derechos humanos. Su actitud es reconocida por creyentes y no creyentes al hacer de  la Iglesia  “la voz de los que no tienen voz”. Al mismo tiempo, el Nuncio Apostólico,  Angelo Sodano,  muestra una actitud condescendiente frente a los abusos que diariamente se van conociendo. Sodano asumirá,  luego, como Secretario de Estado del Vaticano  e influirá directamente en la nominación de un episcopado predominantemente conservador.

La Iglesia Católica, a partir de ese entonces, prácticamente abandona su carácter pastoral, deja de lado su involucramiento con la realidad social de los pobres, promueve de hecho la “educación de clase” en colegios y universidades, evita hablar de las “estructuras de pecado”, y concentra su palabra en la defensa de una moral sexual.

Paradójicamente, al tiempo que  la Jerarquía condena el uso del condón como política pública de salud, rechaza la convivencia prematrimonial, prohíbe la fertilización artificial, alza su voz indignada y sin matices contra el aborto, se hace público que un alto número de sus ministros, al amparo de colegios, parroquias e instituciones, han hecho del abuso sexual a menores no una cosa excepcional sino un hábito. Pero, lo más grave, es el hecho de que las denuncias son sistemáticamente ocultadas;  que los hechores, como castigo, son trasladados a otro lugar; y que, en buenas cuentas, se busca esconder la mugre bajo la alfombra para salvaguardar la imagen institucional y se abandona la acogida solidaria a las víctimas. Solo el escándalo público logra abrir las puertas y permite ver lo que sucede al interior.

Poco a poco, los deleznables  hechos van siendo reconocidos y comprobados, y se constata, más allá de toda duda, que incluso  muchos epíscopes fueron cómplices o encubridores. La “institución-iglesia”, mirada como orgánica jerárquica y no como pueblo de Dios, se ha mostrado  condescendiente frente a los pecadores para quienes pide perdón y les lleva chocolates,  pero débil y titubeante para proteger a las víctimas.

Hoy se hace público que el Papa Francisco, reconoce haber sido engañado. La gente se cuestiona el nombre de los culpables. Los dardos apuntan a quienes, hace pocos meses, indagaban secretamente escritos y opiniones de sacerdotes (como Berríos, Aldunate, Costadoat) para acusarlos ante la Curia vaticana. Ya nadie esconde los nombres de Ivo Scapolo, Francisco Javier Errázuriz, Ricardo Ezzati como informantes. Ahora resulta sorprendente que este último monte un acto comunicacional, al que “invitó” a todos sus obispos auxiliares, para pedir al obispo de Osorno su renuncia y proclamar que “es una falta muy grave que se haya engañado al Santo Padre”. Tal frase no amerita mayores comentarios.

O Francisco toma las duras decisiones que debe tomar, o la Iglesia Católica chilena seguirá deslizándose por el tobogán del desprestigio.