¿TE GUSTA ESTE MODELITO? II

Análisis económico

Esteban Lobos, economista

En el texto anterior, se analizó muy sucintamente y sin entrar a un desarrollo más complejo, en qué consistía un “modelo económico”.

La Constitución de 1980 establece, directa o indirectamente, las bases de sustentación de un modelo “neoliberal”, el cual, desde el punto de vista de las cifras, es presentado como exitoso. Sin embargo, se le cuestionan  dos puntos mayúsculos: su capacidad de concentrar la riqueza en pocas manos (o familias) y el rol ausentista que se le asigna al Estado a través del “principio de subsidiariedad”.

El pilar fundamental del modelo, se encuentra en los numerandos 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución, disposiciones que consagran “la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes”  y, acto seguido, como consecuencia,  “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Obviamente, el desarrollo de estos textos  es más amplio.

Si bien lo señalado aparece como bastante digerible, si se profundiza un poco más en sus alcances aparecen los problemas.  Es natural que se consagre el derecho a ser dueño de bienes de uso y consumo personal y que este derecho sea protegido: Vestuario, muebles, vivienda, automóvil. En un nivel siguiente, es probablemente justo y aceptable que una persona sea dueña del fruto de su trabajo: Herramientas, emprendimientos económicos productivos, etc. Así se puede ir escalando y percibiendo las complejidades que presenta la realidad concreta. Pero, ¿es tan lógico y natural que las aguas puedan ser apropiadas por un privado para su propio beneficio aun cuando ello implique la escasez para muchos otros que las requieren para su subsistencia? Por otra parte, si se declara que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de las sustancias  minerales ¿bajo qué condiciones puede ser concesionada su explotación de tal manera que los beneficios vayan efectivamente en beneficio de la comunidad toda?  Como se puede notar, ahí se tienen puntos sustantivos de discusión.

Al amparo de ese pilar fundamental, la Constitución va derivando a otros tópicos que tienen incidencia en la vida concreta de las personas: Isapres, AFPs, educación privada…

Por otra parte, la Constitución, en una serie de disposiciones, consagra el “principio de subsidiariedad” el cual, para decirlo en pocas palabras, implica que el Estado no debe asumir ningún rol en la economía del país si éste puede ser ejercido por los privados o por los llamados “cuerpos intermedios” de la sociedad. En teoría, ello parece tener cierta lógica: el Estado, como empresario único, ha demostrado ser  buen distribuidor  pero un muy ineficiente creador de bienes y servicios. Sin embargo, lo que la Carta Fundamental está  haciendo es entregar el manejo total de la actividad económica a los privados, “al mercado” como se acostumbra decir, el cual no es, evidentemente, un personaje incógnito sino una docena de familias que controlan el  sector financiero, minero, forestal, de la energía, del comercio, etc. y cuya lucha cotidiana es para evitar toda ingerencia o regulación por parte de la autoridad pública.

Lo anterior plantea una nueva cuestión: ¿Se deja el funcionamiento de la economía del país en manos del “señor Mercado” en un marco de la mayor libertad posible? ¿Se estatiza la economía para que el Estado (que en la práctica es el Gobierno) asuma un rol empresarial casi exclusivo y tome las decisiones  del caso?

Si se reflexiona sobre la alternativa precedente, se puede ver que entre ambos extremos hay una amplia gama de alternativas intermedias las cuales están marcadas, en buenas cuentas, tanto por el papel que se asigne al Estado en la economía del país como en las medidas legales que eventualmente se adopten para que éste cumpla ese rol de manera eficiente y sin interferencias políticas de los gobiernos de turno. El dilema, entonces, es cuánto Estado se necesita y cuánto mercado. Una reflexión abierta y madura lleva necesariamente  a entender que entre uno y otro extremo hay diversas posibilidades y que, optar por una u otra se debe razonar no sobre esquemas ideologizantes sino sobre cual es la fórmula que garantiza de mejor manera que el desarrollo y la equidad lleguen a todas las personas.

Es interesante destacar que en el país, la Iglesia Católica tiene una influencia significativa en variados campos en disputa. El debate sobre los derechos de los hijos no matrimoniales, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, constituyen ejemplos que han marcado y marcan su presencia. Sin embargo,  en el terreno que se ha planteado, generalmente sus autoridades (incluso a nivel académico) guardan discreto silencio. Por eso, vale la pena citar dos textos que pueden ilustrar en la formación de conciencia sobre la economía:

“Bajo el impulso de los nuevos sistemas de producción, están abriéndose las fronteras nacionales y se ven aparecer nuevas potencias económicas, las empresas multinacionales que, por la concentración y flexibilidad de sus medios, pueden llevar a cabo estrategias autónomas, en gran parte independientes de los poderes políticos nacionales y, por consiguiente, sin control desde el punto de vista del bien común. Al extender sus actividades, estos organismos privados pueden conducir a una nueva forma de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso político”. (Paulo VI, Octogésima Adveniens, 1971).

“Las reivindicaciones sociales,  que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios”. (Papa Francisco, Evangelii Gaudium)