Un problema tripartito

En 1952, países vecinos de América del Sur suscribieron la memorable “Declaración de Santiago”. Ecuador, Perú y Chile, preocupados por la incesante explotación que poderosas naciones del mundo hacían de los recursos marítimos y que ponían en riesgo hasta la subsistencia misma de numerosas especies, firmaron un acuerdo que sorprendió al mundo. Contrariando tradiciones jurídicas que reconocían como mar territorial una faja de tres millas náuticas desde sus  costas, estas naciones declararon que el océano, hasta las 200 millas náuticas, sería “mar patrimonial” o zona económica exclusiva de los estados ribereños. 30 años después (1952), 119 países firmaban la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” que ampliaba los límites del mar territorial y reconocía el derecho de las naciones a proteger la parte inmediata de los océanos.

A lo menos por 3/4 de siglo, estos mismos países han vivido una existencia azarosa y por sus aparentes democracias han transitado dictaduras de derecha y de izquierda, populismos de caudillos y la inestabilidad política, en un cuadro de inseguridades y desesperanzas, en que lo único estable es la consolidación de los privilegios, la pobreza y la exclusión.

Curiosamente, estas naciones han enfrentado en forma simultánea en abril un proceso electoral que ha sido útil para demostrar la realidad de  sus partidos políticos para asumir las responsabilidades que les son propias en una democracia, la carencia de liderazgos colectivos serios, la incapacidad de alcanzar una participación orgánica de la ciudadanía para analizar sus problemas y comprometerse en sus soluciones.

En Ecuador, segunda vuelta, Andrés Arauz (Unión por la Esperanza), heredero del populista de izquierda Rafael Correa, logró el 47,64% de los sufragios, en tanto que el derechista Guillermo Lasso (Alianza Creo / Partido Social Cristiano) ganó con el 52,36%. Atrás quedaron 12 nombres retirados o rechazados y 16 fueron finalmente inscritas. Arauz ofreció crear 800.000 empleos y un bono de 1000 dólares a un millón de familias. El banquero Lasso, quien se declara amigo de Felipe Larraín y de la Fundación para el Progreso, iba más allá en sus promesas: 2 millones de empleos, liberalización económica, concesión de empresas públicas al sector privado, salario mínimo de 500 dólares y 9 millones de vacunas.

La participación cayó en 1.732.000 en relación a la primera vuelta en tanto que 175 mil personas votaron en blanco y 1.758.000 anularon, lo que significa que 3.665.000 ciudadanos rechazaban el dilema forzado que el país enfrentaba.

En Perú, el resultado de primera vuelta es alarmante. Participaron 18 candidatos, y el sindicalista de izquierda, profesor Pedro Castillo, que avanzó en los últimos días, obtuvo el primer lugar con el 19,1% de los votos, seguido de Keiko Fujimori con el 13,3 % y un rechazo en encuestas sobre el 60%. La hija del dictador civil Alberto Fujimori (hoy encarcelado por crímenes contra los derechos humanos y corrupción) se presenta como una opción populista de derecha. Castillo, afín al régimen “democrático” de Maduro, promete disolver el Tribunal Constitucional y “regular la prensa por el bien de la moral y las buenas costumbres”. Ambos postulantes reflejan una polarización a la que se ha obligado a la sociedad peruana. La analista del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín, Bettina Schörr, ha sido lapidaria en sus comentarios: “Esto es un desastre. Es como tener que elegir entre la peste y el cólera”. En un país fracturado, en que los partidos políticos son meros cascarones para albergar las ambiciones de los mini caudillos de turno, tanto el antifujimorismo como el antiizquierdismo representan serias amenazas al sistema democrático. Carentes de efectiva representatividad, de programas sólidos, participativos y coherentes, han llevado al país vecino a enredarse en una camisa de fuerza sin que el 70% de sus ciudadanos se sienta representado ni remotamente por ninguna de las opciones a que se les está sometiendo.

Hemos editorializado sobre la situación y problemas de otros países en un esfuerzo racional por invitar a los ciudadanos chilenos a meditar sobre las decisiones que tomen en un año electoral que sin duda será crucial para el futuro. Cada determinación personal tendrá consecuencias y esas consecuencias afectarán, para bien o para mal, a las nuevas generaciones y a la comunidad toda.

Tradicionalmente tres repúblicas de la América Latina (Costa Rica, Uruguay y Chile) fueron reconocidos como sociedades políticas democráticas y maduras. Sin embargo, hoy nuestro país objetivamente no tiene derecho a estar situado en la tarima de los Estados ejemplares. No se trata de los abundantes cuestionamientos al gobierno presente. No se trata de la proscripción de los partidos y de la eliminación de toda formación cívica durante los diecisiete años de la dictadura. No se trata, tampoco, de la imposición del ideologismo neoliberal con su cultura del egoísmo y de la búsqueda del lucro como razón de vida. Se trata de algo mucho más grave: el haber perdido el sentido de comunidad lo que ha llevado a que hasta la idea misma de la solidaridad, de entender que los problemas, requerimientos, desafíos y demandas de los demás son también los míos y que las respuestas y soluciones debemos construirlas entre todos.

Y en ese ambiente que permea todos los estratos de la sociedad, los principales responsables son los partidos políticos. Multiplicados sin límite como una obra de Merlín, el mago, dejaron de ser las columnas que sostienen al sistema democrático para transformarse en parcelas de apetitos personales, en verdaderas cooperativas de parlamentarios y en entidades que, ahora con financiamiento público, son incapaces de formar a los ciudadanos y de constituirse en canales de efectiva participación.