Una dieta reguleque

Un docente universitario  de la asignatura de Derecho Político  de la Carrera de Derecho, al analizar las prerrogativas de los congresales, junto a la “inviolabilidad”, el “fuero” y los “honores  protocolares”, acotaba el tema de la “dieta parlamentaria” con el siguiente comentario: “A los jóvenes, y especialmente a  las damas que deseen involucrarse en política,  les advierto que esta es la única dieta que en vez de adelgazar, engorda”.

La Constitución Política de la República, en su artículo 62, muy escuetamente dispone: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”.  La palabra “única”, por supuesto, da una sensación de sobriedad importante.

Antaño, estos cargos de representación popular no eran remunerados y, por lo tanto, de hecho, solo las personas que gozaban de buenas rentas o de un sólido patrimonio,  podían dedicarse a tan relevante labor “de servicio público”.  Así, si se revisa la composición del Parlamento chileno en el devenir del siglo XIX, puede constatarse que estaba integrado casi absolutamente por banqueros, comerciantes, terratenientes, empresarios mineros y hasta miembros del clero. Ni un solo obrero ni campesino  alcanzó en décadas estas dignidades.

Con el desarrollo del sistema democrático en diversos países de Occidente, hubo consenso en que la posibilidad de que personas  no  ligadas a las élites oligárquicas de cada nación (empleados, obreros, profesores, etc.)  pudiesen llegar  a    estos cargos,  solo se podía dar en la medida en que su  función fuese remunerada.

De acuerdo a los antecedentes disponibles, la remuneración parlamentaria chilena se encuentra entre las más altas del mundo, al extremo de que, aun en el supuesto que se las rebajara en un 20%, seguiría por sobre las cifras que registran países como Italia y Estados Unidos.

Los representantes del Frente Amplio promovieron, como respuesta al desprestigio general de la actividad política, una reducción drástica de estas dietas, iniciativa que quedó durmiendo en los escritorios del Parlamento y que fue mirada más bien como un gesto populista ya que no abordó el problema de las remuneraciones de las autoridades y ejecutivos máximos del Estado en el marco de una política coherente.

En la actualidad, el cuadro de remuneraciones es más / menos el siguiente:

Presidente de la República	$      9.681.545
Ministros de Estado	$      9.349.851
Subsecretarios	$      8.602.295
Director Administrativo de la Presidencia	$      7.813.212
Ex Presidentes	$      9.349.851
Parlamentarios	$      9.349.281
Ministros Corte Suprema	$      9.349.854
Fiscal Naciona	$      9.349.854
Contralor General  de la República	$      7.584.348
Presidente Banco Central	$    15.820.247
Comandantes Ejército	$      4.459.000
Fuerza Aérea	$      4.734.000
Armada	$      4.440.000
General-Director de Carabineros	$      4.848.000

Como observaciones  pueden formularse las siguientes:

a) – Los casos citados no incluyen las asignaciones de diverso tipo que reciben estas personas, las que en el caso de los parlamentarios y ministros  agregan a cada uno sobre $6.000.000.- y en el caso de los ex Presidentes, $1.735.000.-;  b) Llama la atención el nivel de remuneración del Director Administrativo de la Presidencia superior, por ejemplo, al del Co9nbtralor General: c) No se han considerados las remuneraciones de los Ejecutivos de las Empresas del Estado que sobrepasan los niveles señalados, lo que puede considerarse justificado en relación con empresas complejas como Codelco y Enap, pero no en relación con otras entidades menores; d) Por reforma constitucional del año 2000, se reconoció la dignidad de los ex Presidentes y se estableció en su favor una remuneración equivalente a la de un Ministro de Estado más asignaciones.

Es evidente que sobre la materia, debe establecerse un orden jerárquico en función del ingreso mínimo fijado por ley para los trabajadores remunerados o en función del ingreso promedio del trabajador chileno. Lo claro es que muchas de las cifras (especialmente las de los congresistas y  más aún por el  elevado número de cargos) son exageradas y no se condicen con la realidad de un país que sufre innumerables problemas sociales.

En el caso de los senadores y diputados es claro que muchas de las asignaciones que reciben no están destinadas a coadyuvar su labor legislativa sino que encubren su actividad electoral o el financiamiento de sus propias colectividades o entidades que les son afines (lo que es inaceptable toda vez que, a partir del año 2017, el Estado financia a los partidos en función de su respaldo electoral). A este respecto, pueden tenerse presente dos casos extremos dados a conocer por la prensa. 1) Doña Cristina Zúñiga Paredes E. I. R. L. ha generado innumerables informes sobre cualquier materia en favor de los diputados PS, Maya Fernández, Daniela Cicardini y Raúl Leiva, la mayor parte de los cuales poco aporta sobre la información que está  disponible en la Biblioteca del Congreso o en internet, razón por la cual son claramente prescindibles. 2) El Instituto Libertad y Desarrollo ha generado un informe de 81 páginas, que no es más que un resumen del estado de la actividad legislativa en Sala y Comisiones y que cualquier parlamentario puede obtener directamente de la Secretaría de cada Cámara. Pues bien, cada diputado UDI ha pagado por una copia de tan original documento $500.000.- con excepción de Javier Macaya que generosamente pagó $1.000.000.- y de Sergio Bobadilla que se limitó a los $300.000.-

Si a lo dicho sumamos la reiterada negativa del Senado a hacer público el contenido de cada informe de asesoría, a la que se ha sumado ahora la Cámara de Diputados, claramente estamos en problemas.

A nivel general del Estado existe un evidente menosprecio por los recursos públicos. La Ministra Cubillos, de medio ambiente, batió todos los records contratando 7 periodistas para su cartera, remunerado cada uno con sobre $3.000.000.-más otro profesional de las comunicaciones que, como es sobrino del Ministro del Interior, tiene el privilegio de recibir $5.000.000.-

Creemos que ha llegado la hora de decir “basta” a estos procederes que sin duda constituyen una bofetada a la población más vulnerable. Tal como hace tres años se formó la Comisión Engel cuya labor se tradujo en importantes avances en cuanto a  transparencia y anticorrupción, debe constituirse hoy una Comisión autónoma de alto nivel que estudie no solo el cuadro general de remuneraciones públicas sino que imponga legalmente una política de sobriedad y austeridad en el aparto del Estado que esté acorde con la situación del país.