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Y ahora…¿qué hacemos?

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

En general, reina  un clima de recelo  en relación con la administración de justicia en el país y especialmente en materia de persecución penal. Estos temas son tratados con bastante superficialidad por parte de los medios de comunicación social que, movidos por un afán patológico de aumentar sus niveles de lectoría, sintonía o rating, alimentan un clima de desconfianza hacia las instituciones responsables. Por lo demás, resulta evidente que más allá de lo señalado, que puede considerarse como parte de “su negocio”, existe un deliberado propósito  que busca sacar provecho de determinadas situaciones específicas particularmente graves que impactan en la comunidad.

Precisamente, por razones que pueden calificarse sin duda como de carácter político, se ha criticado sistemáticamente la denominada “reforma procesal penal” arguyendo para este efecto que el nuevo sistema de indagación protege a los delincuentes en desmedro de las víctimas. Elementos atribuidos a  “la reforma”, tales como el principio de inocencia, el derecho del imputado a contar con la debida defensa, la proporcionalidad de las penas conforme a la gravedad de los delitos, la tipificación de tales delitos, entre muchos  otros que en cualquiera nación que trata de hacer las cosas bien  son apreciados como avances civilizatorios, en Chile son cuestionados y motejados con eslóganes irresponsables como el de la “mano blanda”. Si a ello se suma el oportunismo de ciertos actores que buscando el aplauso fácil proponen cada día nuevos  aumentos de penas  como solución al problema de la delincuencia, es obvio que se obtienen resultados comunicacionales efectivos.

“La reforma”,  tan livianamente cuestionada, significó una modernización del procedimiento penal abandonando la arbitrariedad de una indagatoria en que el mismo juez instructor de la causa investigaba, acusaba y sentenciaba, en un proceso que dejaba la puerta abierta a un sinnúmero de arbitrariedades. El solo hecho de contar desde entonces con juicios públicos y transparentes dejando de lado el secretismo arbitrario de otrora, significa una garantía de los derechos básicos de los ciudadanos, propios de una sociedad democrática.

El Ministerio Público, responsable de la indagatoria penal, cumple sus funciones a través de la policía, la que actúa en cada caso  conforme a sus instrucciones. Las penalidades, por su lado,  son aplicadas conforme a un añejo Código Penal que camina  hacia el cumplimiento de sus ciento cincuenta años de vigencia. En uno y otro campo hay, por supuesto, importantes deficiencias,  y la responsabilidad de su detección y de la implementación de las medidas legislativas para superarlas es de la sociedad toda, tanto de Gobierno como de Oposición, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la Academia y organismos especializados. Lo dicho exige un trabajo serio, técnico, socialmente aceptado, que, por supuesto, no trae dividendos de corto plazo pero que implica compromiso con la construcción de una sociedad mejor.

En una oportunidad anterior, hicimos presente el grave problema por el cual atraviesa el Cuerpo de Carabineros, entidad que a sus crecientes problemas de gestión ha agregado el escándalo financiero que conmueve al país,  y la considerable ineficiencia en el cumplimiento de sus tareas en particular en el plano investigativo. El caso “Huracán” es preocupante, toda vez que, de acuerdo a los antecedentes disponibles, en él se habrían implantado artificialmente pruebas  para obtener resultados predeterminados, generando de esta forma no sólo un conflicto institucional de imprevisibles consecuencias sino que destruyendo la confianza del ciudadano común. Nadie puede desconocer que hay un grupo de sujetos responsables de la serie de atentados ocurridos en las regiones de la Araucanía y del Bío Bío, los que deben ser individualizados, juzgados y sancionados conforme a la normativa vigente, pero la torpeza del actuar funcionario va a derivar eventualmente en su impunidad. Como lo señaláramos anteriormente, ya llegó la hora de asumir que debe irse separando la función preventiva y de necesaria mantención del orden público, de la tarea investigativa que debe ser confiada a policías especializadas y dotadas de toda la preparación técnica y de todos los medios indispensables para el cumplimiento de su labor.

Por otra parte, los sucesivos gobiernos, de uno y de otro lado, han ido eludiendo la reforma sustantiva de la legislación penal, tarea compleja y ardua pero impostergable.  Importantes núcleos de académicos han trabajo en la elaboración de un proyecto de nuevo Código Penal, el cual vegeta en los escritorios de burócratas funcionarios y de equipos de asesores. Con los recursos con que cuenta el Congreso Nacional, debería crearse una comisión de expertos del más alto nivel y del indispensable pluralismo, para que,  en un plazo acotado de uno o dos años, evalúe tal proyecto, determine las coincidencias y discrepancias en cuanto a sus ideas matrices y proponga una fórmula que permita dar a luz una legislación penal equitativa, racional y moderna.

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2 Comentarios en Y ahora…¿qué hacemos?

  1. El último párrafo del comentario destaca un tema candente, la poca o nula importancia dada por los gobiernos de toda índole a importantes trabajos y estudios académicos, desde las universidades, que constituyen un valioso aporte al mejoramiento de leyes, procedimientos y proyectos de toda índole disciplinaria necesarios para el perfeccionamiento de nuestra democracia. Una lamentable situación generada por la desidia burocrática.

  2. Este tema debe ser de alta prioridad en el primer año de la nueva administración del presidente Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, por el beneficio de la ciudadanía que lo puso en La Moneda. El Ministerio Público, dentro de sus responsabilidades tiene el deber de cumplir con sus funciones al estilo del Siglo XXI, y no continuar con leyes establecidas hace siglos atrás, bajo situaciones muy distintas a las de hoy.

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