A la espera de nuestro cheque.

Esteban Lobos, analista económico.

Se ha señalado  que “el mercado es el mejor mecanismo para la adecuada asignación de los recursos en la economía”. Una “economía de mercado” tiende naturalmente a una competencia perfecta, en la que concurren diversos proveedores que ofrecen sus productos destacando su calidad y su precio para  imponerse sobre los demás, en tanto que, frente a ellos, se encuentran los consumidores que, enormemente atomizados, toman sus decisiones de compra atendiendo  a lo que más les conviene. Si los consumidores se pudieran confabular en contra de un determinado proveedor,  harían fracasar su negocio. Si los proveedores se confabulan en contra de los consumidores (lo que es perfectamente posible ya que son pocos) causarían a éstos un daño significativo.

En octubre de 2015, la Fiscalía Nacional Económica denunció ante el Tribunal de la Libre Competencia, a la empresa CMPC Tissue, filial de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, propiedad de los hermanos Matte-Larraín, por haberse coludido con SCA Chile, ex PISA,  propiedad del ex Ministro de Deportes durante la administración Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle. Objetivo del acuerdo: asignarse cuotas de mercado y convenir precios que mejoraran la rentabilidad del negocio,  violando los sagrados principios de la libre competencia que decían defender y, disimuladamente, porque se trata de gente honrada, sacándole algunos pesitos a los consumidores. La operación había durado once años y fue calificada por el fiscal Felipe Irarrázabal “como una de las más importantes” que se ha logrado desbaratar. Los arrepentidos violadores del liberalismo económico prometieron no hacerlo nunca más y se comprometieron a indemnizar a los consumidores.

Hace pocos días, el diario “La Tercera” hizo público que, según constaba en la investigación ya mencionada, la misma CMPC se había autodenunciado confesando que también se había coludido con la norteamericana Kimberly-Clark  para repartirse el mercado de los pañales desechables  y convenir precios, por supuesto. El pecado se habría estado cometiendo durante una década y, ahora que la ley 20.361 estableció un plazo de prescripción de cinco años contados desde que cesaran los efectos de una conducta irregular, curiosamente la Papelera confiesa, que el acuerdo duró hasta 2009. Más llama la atención el hecho de que el mismo Fiscal, que tenía en sus manos la confesión de CMPC, no haya hecho nada durante casi dos años para formalizar una nueva investigación y, ahora,  consagre sus esfuerzos a detectar quién filtró la información.

En este mundo de las sorpresas – en que se mueven éstos y otros coludidos y que, en otro ámbito se suma al escándalo de las platas políticas – los directorios y altos ejecutivos de las empresas involucradas insisten en que ellos jamás tuvieron idea de lo que estaba sucediendo y que los implicados en cada caso corrieron con colores propios. De estos implicados, muchos han sido desafectados, han recibido en algunos casos indemnizaciones superiores a mil millones de pesos y ¡ninguno! ha sido objeto de demandas o querellas por parte de su empleador.

La indagación del caso original de CMPC, no comenzó  en Chile sino en Perú. En dicho país, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, inició  en 2015 un procedimiento sancionador en contra de PROTISA (Productos Tissue del Perú S.A.), filial de CMPC, por haberse coludido – ¡Oh sorpresa! con la norteamericana Kimberly Clark . En Colombia, Drypers Andina, adquirida en 2007 por CMPC, fue acusada también de coludirse con la transnacional sueca “Productos Familia”, por la Superintendencia de Industria y Comercio. En Uruguay, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia  mira con atención todos estos hechos aunque descarta que en este país pueda haber colusión, por la sencilla razón de que  CMPC controla sobre el 80% del mercado de los papeles tissue.

De lo expuesto, fluyen algunas reflexiones preocupantes:

• La colusión, aunque formalmente no sea así, es lisa y llanamente un robo masivo y reiterado.
• Sólo un ingenuo de marca mayor, puede creer que estos casos son acciones personales y no decisiones corporativas institucionales.
• Los empresarios implicados (Eliodoro Matte fue por hartos años presidente y sostenedor financiero del liberal Centro de Estudios Públicos) no creen en los principios del mercado y de la libre competencia sino que sólo los usan como una máscara  para su propio beneficio.
• Para los responsables de las conductas colusivas, es obvio que la “economía” no tiene moral y que, por lo tanto, están dispuestos a todo aunque ello perjudique a millones de consumidores.
• El poder público, en estas materias, es débil legalmente y, además, carente de voluntad política para perseguir a fondo estos delitos.

Si usted, estimado lector, espera recibir pronto la indemnización reparatoria que la Papelera le ofreció, puede esperarse sentadito. Si las cosas andan rápido, recibirá su cheque el próximo 28 de diciembre de 2017.