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Algunas disquisiciones a propósito del populismo penal.

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

Uno de los problemas que más preocupa a la sociedad chilena es el de la delincuencia. Aunque las cifras digan otra cosa, existe una sensación generalizada de inseguridad,  la cual es alimentada a diario por los medios de comunicación social que nutren sus páginas y sus pantallas con la presentación reiterada y destacada de los mismos hechos,  tanto para elevar sus niveles de  circulación y sintonía como para lograr propósitos políticos que, aun cuando se disimulen, son bastante evidentes.

Dos datos son claves en esta materia. El primero, que Chile tiene una de las tasas más bajas de homicidios en relación con las cifras de población,  de todo el continente. Dos, que Chile tiene una de las tasas más elevadas de personas privadas de libertad de esta parte del planeta.

El problema de la delincuencia es grave, por supuesto, pero también es complejo. Cuando se le presenta superficialmente como una conducta monocausal y se evade el análisis serio de los diversos factores familiares, educacionales y sociales en general que concurren a su gestación y desarrollo, se está disfrazando la realidad y complicando la debida respuesta que la sociedad en su conjunto debe dar.

Hay factores institucionales que son evidentes. El Ministerio Público, además de sus limitaciones procedimentales  e  insuficiencia  de recursos, enfrenta una sobredemanda  por parte de la población que dificulta la debida atención y dedicación que exigen los casos de mayor gravedad. Las policías,  que constituyen los brazos a través de los cuales se realiza la persecución penal, denotan no solo insuficiencia de personal sino una prolongada confusión de funciones. La PDI, en particular, ha ido superando notoriamente la capacitación y entrenamiento funcionarios lo que en sí es particularmente destacable.

Es frecuente que, con una superficialidad sorprendente incluso por parte de las más altas autoridades, se afirme que la reforma procesal penal, la abolición de la pena de muerte o la mano blanda de  los tribunales, son los factores que hacen que la delincuencia esté “desatada”. Juicios de esa naturaleza han llevado a que en campañas electorales se haya afirmado  que todos los delincuentes votarán por el contrincante o que en un dos por tres se les “acabará la fiesta” a estos individuos.

Basándose en la convicción de que los que delinquen son los de la vereda de enfrente, especialmente si son pobres, se ha pretendido abordar este desafío a través de propuestas simplonas,  claramente inconducentes que, más que aportar soluciones, buscan el aplauso fácil de la galería. La solución al alcance de la mano, está en la elevación de las penas cada vez que un delito se hace más frecuente lo que lleva a un quiebre total de un principio básico de la responsabilidad penal cual es la proporcionalidad de las penas.

El actual gobierno, por ejemplo, se ha empeñado en sacar adelante una “ley antiportonazos” buscando satisfacer al sector oriente de la capital que experimentó  en 2017, casi 1.700 casos.  El proyecto lleva al absurdo de aplicar penas de crimen a quien adquiera un vehículo robado,  o de equiparar la sustracción de objetos por distracción de la víctima o usando la fuerza en las cosas (objetos al interior de un vehículo) con   el robo con intimidación (que pone en riesgo la vida o la integridad física de la víctima), Por este camino se ha llegado al absurdo de aplicar menor pena al homicidio  que a un robo con intimidación.

El tema, por supuesto, merece un más serio y acabado estudio.

Como puntos de referencia, deben tenerse, al menos, los siguientes:

  • Las cárceles virtualmente en todo el país, están sobrepobladas. Su hacinamiento daña la más elemental dignidad humana y las constituye en escuelas  del delito, impidiendo su rehabilitación.
  • Hace más de una década está pendiente de resolución el proyecto de un nuevo y más moderno Código Penal (el actual es del siglo XIX), elaborado por un amplio espectro académico. Ningún gobierno ni parlamentario ha mostrado interés en avanzar en su tramitación.
  • El delito “asociado a droga” es el que se ha incrementado significativamente. Su tratamiento es impostergable aunque debe separarse claramente la responsabilidad del microtraficante (especialmente mujeres) que constituye el último eslabón de la red, de la responsabilidad de los integrantes de organizaciones criminales  que constituyen asociaciones ilícitas para la importación, transporte, estiramiento y comercialización de las sustancias.
  • El tratamiento penal de jóvenes y adolescentes exige un marco que considere un enfoque social que haga posible su reinserción e impida su incorporación definitiva al mundo delictual.
  • El delito económico y su vecindario (colusión,  cohecho, soborno, evasión, etc.)  debe ser castigado severamente con penas efectivas de privación de libertad ya que deja un ilimitado número de víctimas y afecta al interés público general. El proyecto oficialista que sube el techo de las penas pero mantiene  el piso,  hace  posible que  estos infractores de ley, con la asesoría de abogados muy bien remunerados, fabriquen atenuantes (irreprochable conducta anterior, reparación del mal causado, etc.) y salgan, a fin de cuentas, libres de polvo y paja. Así, será visible ante la sociedad  que la ley es igual para todos y que las puertas de las cárceles están abiertas también para acoger a este tipo de sujetos.

El propio diario El Mercurio, cuya afinidad con el actual gobierno nadie discute, fue lapidario editorialmente: “Tal como ha ocurrido en otros gobiernos, en el actual han comenzado a coexistir políticas criminales diversas y, al menos en parte, incompatibles entre sí. A juzgar por lo ocurrido en el pasado, este parece un camino seguro hacia el fracaso, tanto de los   esfuerzos de recodificación penal como de la propia legislación de parche, cuyo contenido es predominantemente simbólico”.

Por ahora, con eso basta.

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2 Comentarios en Algunas disquisiciones a propósito del populismo penal.

  1. Muy buen artículo. Objetivo, ponderado y actual.
    Merece destaque el ítem relacionado con “delito económico y su vecindario”.
    A mi entender es en esa “tecla” donde se debe bater más y con más fuerza.
    En los días actuales, con la “globalización” del tráfico de drogas y crímenes horrendos asociados, el delito económico (que incluye corrupción de autoridades. empresarios y otros sectores) está en diversas ocasiones muy ligado al tráfico, y junto con éste es una especie de “delito matriz”.
    Si un país, perfecciona su legislación y procedimientos penales, tiene que aplicar racionalmente el Criterio de Pareto (Curva ABC), golpeando duramente en primer lugar al crimen “Clase A” o esos delitos “matrices”, donde están inseridos (junto con la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico internacional) los llamados crímenes de “cuello y corbata”, que incluye también policía y fuerzas armadas.

  2. Muy buen artículo. Objetivo, poderado y actual.
    Merece destaque el ítem relacionado con “delito económico y su vecindario”.
    A mi entender es en esa “tecla” donde se debe bater más y con más fuerza.
    En los días actuales, con la “globalización” del tráfico de drogas y crímenes horrendos asociados, el delito económico (que incluye corrupción de autoridades. empresarios y otros sectores) está en diversas ocasiones muy ligado al tráfico, y junto con éste es una especie de “delito matriz”.
    O sea, si un país, perfecciona su legislación y procedimientos penales, tiene que aplicar racionalmente el Critário de Pareto (Curva ABC), golpeando duramente en primer lugar al crimen “Clase A” de esos delitos “matrices”, donde están inseridos (junto con la corrupción y el tráfico internacional) los llamados crímenes de “cuello y corbata”, y que incluye también policía y fuerzas armadas.

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