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ARQUITECTURA: CONDOMINIOS

Con la irrupción del pensamiento económico liberal en Chile a mediados de los 70, se difundieron políticas de reducción del aparato estatal, que indirectamente debilitaron la sensación de protección garantizada, otorgado por el poder público. Este fenómeno, de rebote, generó la idea que la ciudad privada era más segura, por lo que había que liberalizar (lease “inmobiliarizar”) la ciudad, para contener la vida colectiva. El mercado se encargaría de efectuar una operatoria lógica de regulación automática, por lo que toda la normativa urbana quedaría supeditada a la oferta y la demanda, sin necesidad de reglamentar el control sobre el suelo. La clave de todo, sería otorgar vía libre, a la formación de reductos con calles y espacios privados, que vendieran control y exclusividad. Surgieron así los condominios de suburbio, un invento americano que importamos, al igual que los moteles, los “Pronto” y los Mall, y que hoy son nuestros propios paradigmas habitables.

La privatización habitacional como seguro de vida ha construido sus bases sobre el cerramiento controlado del espacio intramuros, en que la exclusividad es el derecho a detentar una forma propia de territorialidad, con accesos selectivos.

Casi con un afán independentista de forjar su propio país dentro de sus dominios, el propietario asume una condición de pertenencia a “urbanizaciones islas”, donde el territorio se protege. Esto que viene de la cultura americana donde el sentido de propiedad como sinónimo de privacidad absoluta se desliga del conjunto, pone en aprietos el espíritu citadino, y entra en conflicto con la idea de sociedad del bien común y poder público, que aparentemente tiene nuestra cultura cívica.

El carácter casi tribal que fragmenta la percepción de “ser habitante” de una ciudad, parece instituir una fe suprema en lo privativo, que desconfía de lo público, sin entender que esa disposición potencia su propia vulnerabilidad, pues se está desconectado de la civitas, espíritu de ciudad.

Este proceso regresivo de volver al aislamiento aldeano con sus propias leyes, en que la conciencia de clase, pasa a ser el pasaporte que asegura mi calidad de propietario exclusivo. Al estar en posesión de una carta de ciudadanía tal, se acentúa la autonomía, que nos desconecta de la ciudad real, esa porción libre de territorio con calles y espacios públicos donde está toda la gente.

No es contradictorio, que la proliferación de condominios a partir de la década del 90 -reglamentada por la ley de copropiedad- justo cuando llega la democracia, haya producido más segregación en la ciudad. Con la idea de un seguro territorial, se debilita el gregarismo ciudadano, a pesar que el ideal democrático ponía como idea suprema, la equidad. Por ello cobra más sentido la fragmentación social en que ser socio de un club, ser residente exclusivo o ser poblador es más significativo que sentirse parte de una ciudad, un ciudadano.

Al operar este tipo de gregarismo selectivo, que acentúa, la compartimentación segregada de conjuntos inmobiliarios, y que es muy nítida en el espacio físico de las ciudades de hoy, se ha creado una cohabitación urbana forzada en que la ley suprema es jugar al enmurallamiento sin codearnos entre sí.

Gino Schiappacasse.

Arquitecto.

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