Compro trabajo humano…

Esteban Lobos, analista.

En el alma del capitalismo está el afán de lucro. Las “sociedades anónimas” han sido el mejor vehículo apto para acopiar grandes capitales. Sus dueños  en Chile tratan de disimular sus propósitos explicando majaderamente que lo que los mueve es la “oportunidad de dar trabajo” y de aportar “al crecimiento del país”. Milton Friedmann, su gurú, su guía espiritual, ha sido más franco al decir que la única finalidad de la empresa y de sus ejecutivos, es la maximización de las utilidades para sus propietarios. Como uno de los factores de la producción es el “trabajo”, mientras más barato se compre tanto mejor.

Carlos Marx sostenía que la economía capitalista requería necesariamente un ejército de desocupados para impedir que los salarios subieran, partiendo de la base de que una persona sin trabajo estaría siempre dispuesta a laborar por una cantidad menor. Asimismo, es evidente que hay un interés especial en contratar mujeres y niños. Mujeres, porque existe una cultura que considera su ingreso como complementario al de su cónyuge. Niños, porque se les puede “contratar” informalmente, pagándoles menos del mínimo legal y sin los costos asociados que implican las cotizaciones de salud, de previsión, etc.

El trabajo de niños y adolescentes está prohibido y, excepcionalmente, sometido a fuertes restricciones. La Declaración de Los Derechos del Niño ratificada por Chile bajo el Gobierno de Aylwin señala en su Principio 9: “No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral”.

Por supuesto, ese Principio obliga a todas las naciones que han ratificado la Declaración. Frente a las conocidas violaciones frecuentes especialmente en países de Asia-Pacífico  y África, sólo cabe una actitud de rechazo y condena a las “marcas” (sociedades anónimas) que, para maximizar su lucro, han llevado su producción a países en que no hay control alguno al respecto. Las políticas del “comercio justo” han llevado a la denuncia y  al boicot masivo logrando, en no pocos casos, la rectificación forzada de conductas moralmente inaceptables. Esa es sólo una parte del problema. De los 168 millones de menores que se ven obligados a trabajar en el mundo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo la actividad laboral de menores, además de la manufactura, se concentra en la extracción de oro, cosecha de algodón y de caña de azúcar, producción de ladrillos, industria del café y del tabaco, cultivo de cereales (principalmente arroz), cosecha de cacao y extracción de diamantes.

En Chile, la legislación laboral vigente regula exhaustivamente el trabajo de niños y adolescentes, tanto en lo relativo a edad, horarios, actividades que pueden desarrollar, conductas de riesgo (peso, maquinaria peligrosa..), etc. Sin embargo, como es frecuente, nuestros legisladores se solazan discutiendo hasta las comas de la ley pero son absolutamente timoratos a la hora de preocuparse por su cumplimiento y por la aplicación de sanciones ejemplarizadoras. En ese momento, surgen los conflictos de interés y las bancadas parlamentarias pro empresariales  afloran con toda su fuerza.

Chile es el país de Latinoamérica  con menor incidencia en materia de trabajo de menores de edad lo que trae  a colación el viejo refrán de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Fuentes generalmente bien informadas cifran en 219.500 el número de niños y adolescentes que trabajan. De ellos, casi 125.000 desempeñan trabajos peligrosos, 117.000 laboran con carga pesada, 90.000 manejan maquinarias y herramientas de riesgo. En muchos casos, por supuesto, se presentan dos o más de estos factores.

Sorprende comprobar que, en uno de los sectores más boyantes de nuestra economía como es el llamado siúticamente “retail” (comercio detallista, para los que no son angloparlantes) se desempeñan nada menos que 86.000 menores, en tanto que en  el sector agropecuario lo hacen cerca de 40.000, en la construcción más/menos 19.000 y en labores domésticas 12.000 especialmente mujeres. Se estima que en la “explotación sexual comercial”, ronda una cifra mínima de 4.000 menores aunque, por la naturaleza de la actividad, es difícil detectar con cierta exactitud la cantidad real que sería  mucho pero mucho  más elevada.

A los datos antes señalados, les deben ser sumados otros que saltan a la vista con un mínimo de observación: el trabajo infantil desempeñado por imposición de las propias familias y que se expresa notoriamente en los centros urbanos. Ayudar a los padres en sus trabajos informales, pedir limosna para generar ingresos, cuidar autos, y tantas otras actividades,  los sustraen de su natural derecho a ser niños y a jugar, los restan del proceso educativo, los llevan a conductas y vivencias de riesgos aledañas a la vagancia y al delito.

El Gobierno ha anunciado su propósito de lograr la erradicación total del trabajo infantil en un período de 8 años, esto es para 2025. En verdad, como se acostumbra a decir hoy, esta debería ser una “política de Estado”, es decir una política pública que trascienda los Gobiernos, que vaya más allá de las facciones de oficialismo y oposición, que supere las fronteras del individualismo y del estatismo, que nos comprometa a todos, como sociedad, con nuestros niños vulnerados y vulnerables.