Con factura, por favor…

Ya no es muy curioso. Basta poner atención a la fila del supermercado para constatar que es relativamente frecuente que algún cliente solicite factura por su compra. Eso no tendría nada de extraño si no fuera porque es evidente, en muchos casos, que  el distinguido caballero o la elegante dama que pide ese papel está comprando artículos de uso o consumo personal (licores, pañales, toallas femeninas, pañales y artículos de bebés, alimentos para mascotas, insumos escolares, carne y longaniza para el asado, etc.) y pretende evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Luego,  convencido de que su conducta es una simple “avivada”, despotricará contra la delincuencia y dirá con voz engolada: “En este país,  ya no se puede vivir”.

En términos simples, cada vez que yo compro y exijo mi boleta, estoy pagando el impuesto correspondiente como “consumidor final”. Por el contrario, si yo adquiero  algunas cosas para mi empresa, tengo el derecho a cargar el valor de esa compra como “gasto necesario para producir la renta” y, además, puedo usar el 19% de IVA que aparece desglosado en esa factura como un crédito contra el Fisco. En otras palabras, la aplicación fraudulenta de este mecanismo me permite disminuir mis utilidades, pagar menos impuesto a la renta y pagar menos IVA.

El tan vilipendiado Servicio de Impuestos Internos (SII) ha emprendido una campaña de educación y fiscalización en este campo, cuyo significado desde el punto de vista tributario no es menor.

Para este efecto, el organismo analizó la situación de 174.677 contribuyentes a través de 1.018.148 facturas de compra en supermercados, correspondientes al mes de julio de 2017.  El IVA consignado en tales documentos supera los 21.000 millones de pesos, equivalentes a 33 millones de dólares. Eso en un mes. Si tales cifras las proyectamos al año completo, se estaría hablando de más de 250.000 millones de pesos o casi 400 millones de dólares.

Por supuesto, que la mayor parte de estas operaciones son legítimas y legales. Sin embargo, del total de contribuyentes antes aludidos, 41.518 son considerados por SII como de “mediano riesgo” y 9.155 como de “alto riesgo”, es decir estamos hablando de empresas que no se caracterizan por una tradicional buena conducta tributaria, lo que permite suponer que de los 9.306 millones de pesos en IVA involucrados en estas operaciones, un porcentaje importante pudiera corresponder a actuaciones “non sanctas” o definitivamente fraudulentas.

Si se detectan operaciones anómalas, tales contribuyentes pueden verse afectados  por el rechazo del gasto,  la reliquidación tributaria y la aplicación de las multas correspondientes.

Estas fiscalizaciones periódicas, por supuesto que son útiles y necesarias. Pero, si al detectar tales procedimientos ilícitos se opta por sanciones aparentes (reliquidación y pago de irrisorias multas) obviamente se están abriendo las puertas a la reiteración de conductas que no corresponden a meras irregularidades  tributarias sino a delitos evidentes. No es bueno olvidar que   a raíz del caso PENTA de financiamiento irregular de la política, se detectó que la empresa adquiría vehículos de lujo para las cónyuges de sus controladores y ejecutivos haciendo pasar estas figuras como actos “necesarios para producir la renta”.

De acuerdo a constataciones y experiencias personales, ha sido posible establecer que en la mayor parte de los tratados y cursos de ética empresarial y profesional es notoria la ausencia de capítulos destinados a evaluar moralmente la evasión tributaria. Curiosamente, hasta en planteles de educación superior que se proclaman adscritos a una determinada confesión religiosa a este tema se le considera irrelevante o simplemente no se lo toma en cuenta.

En la construcción del juicio moral de los  evasores, el primer paso radica en demonizar los impuestos proclamando que constituyen un verdadero robo o una exacción arbitraria por parte del Estado que, abusando de su poder, se apropia de ganancias legítimamente obtenidas. Luego, se condena la progresividad de los tributos. Públicamente se proclama, acto seguido, que este “leviatán” que es el Estado, gasta mucho y gasta mal.

Esta verdadera construcción ideológica neoliberal, carente de toda justificación, silencia hechos que saltan a la vista. El Estado, les guste o no, debe hacerse cargo de una amplia gama de obligaciones de interés general: seguridad interior, defensa nacional, educación pública, justicia, obras de infraestructura, salud, entre muchas otras. Pues bien, la inversión que se hace en estas diversas áreas es aprovechada en parte importante por estos mismos ideólogos de la evasión  en su propio beneficio. Si se buscan ejemplos, un caso típico es el de la justicia: las instituciones financieras otorgan irresponsablemente créditos a diestra y a siniestra y acto seguido utilizan a los Tribunales como “servicio de cobranza”, hecho que ha sido denunciado hasta el hartazgo sin que los legisladores se hagan cargo de la situación.

En este terreno, hay mucho paño que cortar. Una cosa es luchar por una mayor racionalización impositiva, otra es exigir a los diversos entes públicos un uso honesto y eficiente  de los recursos y otra muy distinta, es delinquir para no pagar los tributos que corresponden.