Con su permiso, señor Mosciatti…..

René Fuentealba Prado, abogado.

En general, no resulta muy apropiado aprovecharse del trabajo de los demás en beneficio propio. En el mundo del periodismo, cada vez que un profesional de las comunicaciones tiene como “fuente” el trabajo ajeno, también tiene el deber moral y legal de citar al autor del texto sobre cuyos antecedentes funda sus propios análisis, críticas e informaciones. La fuerza de los hechos ha logrado que incluso los medios más tradicionales y formales hayan tenido que hacerlo aunque no les resulte muy agradable. ¿Se imaginan al venerable “El Mercurio” indicando como fuente de su información  al irreverente “The Clinic”?  Por supuesto, que casos como estos, de “haberlos, los hay”. Recordemos a Gemita Bueno y al “milicogate”  para empezar a hacer memoria.

La ley 19.672 de 28 de abril de 2000, modificó la Constitución Política de la República (“la Constitución del 80”) en diversas materias. Entre otras, agregó al artículo 30, un inciso segundo que dispuso, en referencia al Presidente de la República, que “el que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de la República”. Asimismo, agregó un inciso tercero, medio críptico para el común de los mortales,  que reza (los incisos también rezan) que “En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y el artículo 62”. El inciso cuarto y final, incorporado por la citada ley, nos abre los ojos para aclarar, en parte, este intríngulis: “El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo,  en todo caso, el fuero”.

El comentarista penquista de radio y televisión, Tomás Mosciatti, de cuyo trabajo investigativo estamos usufructuando, ha develado lo siguiente:

1. Que los ex presidentes tienen derecho a percibir, como “única remuneración”, una dieta equivalente a la de los diputados y senadores (la que, a su vez, equivale a  la de un Ministro de Estado con todas las asignaciones que a estos correspondan);
2. Que estas “asignaciones”, “parlamentarias” y “ministeriales” ( y, desde la reforma, también “ex presidenciales”, incluyen oficinas, secretari@s, asesores, chofer, bencina, peajes, permiso de circulación, pasajes aéreos, celular, equipamiento, mantención de vehículo y gastos de traslación);
3. Que, como consecuencia de lo anterior, al mes de octubre de 2016, las cuentas personales eran las siguientes:

• Patricio Aylwin: Base: $9.121.806; Gastos con rendición de cuentas: $2.696.032; Traslación, fijo, sin rendición de cuentas, $1.621.207. Total percibido: $ 13.439.045;
• Eduardo Frei R.T.: Base: $ 9.121.806: Gastos con rendición de cuentas: $6.428.989; Traslación, fijo, sin rendición de cuentas, $ 1.621.207. Total percibido: $17.171.602;
• Ricardo Lagos: Base: $9.121.806, Gastos con rendición de cuentas: $6.336.940; Traslación, fijo, sin rendición de cuentas, $1.621.207. Total percibido: $17.079.953;
• Sebastián Piñera: Base: $9.121.806; Gastos con rendición de cuentas; $7.370.506; Traslación, fijo, sin rendición de cuentas, $1.621.207. Total percibido:  $18.113.519.

Todo lo anterior amerita algunos comentarios propios:

1.-  Que, además de lo informado por Mosciatti, los ministros de Estado, los funcionarios con rango de ministros, los diputados y los senadores, más / menos unas 230 personas, perciben mensualmente sumas similares.

2.- Que la reforma constitucional tuvo como objetivo reconocer la dignidad de los ex jefes de Estado para evitar la ocurrencia de casos como el de Aníbal Pinto que, tras dejar la Presidencia, se vio obligado a trabajar en una imprenta para subsistir, lo que, a todas luces, resulta plenamente justificado. Se evitaría así que se dediquen a gerentear grupos de poder o al tráfico de influencias.

3.- Que el  fuero parlamentario jamás debió extenderse a los ex presidentes, toda vez que se trata de un privilegio procesal  destinado a proteger a los congresistas en el ejercicio de su función y en  la independencia del cargo.

4.-  Que resulta claramente condenable que se abuse de estos recursos  estatales utilizándolos no solo para sustentar la dignidad personal y familiar de los ex mandatarios, o  para pagar un secretario o un chofer, sino  para montar campañas electorales.

5.- Que, en el caso particular, debe fijarse una remuneración única decente (veinte ingresos mínimos, por ejemplo)  asignada solo a quienes lo soliciten fundadamente,  pues para los ciudadanos resulta incomprensible que personas cuyo patrimonio se encuentra entre los mayores del país se acojan a este beneficio constitucional.

6.- Que, de una vez por todas, por razones de sanidad moral, se hace necesario  que se revisen las remuneraciones de las personas mencionadas en el número 1 ( y, a lo mejor,  de otras autoridades de nivel superior del Estado) ajustándolas a niveles que se condigan con la realidad del país y con el sentido de sobriedad y austeridad de una sociedad sana. Lamentablemente, las iniciativas anunciadas en este campo por los diputados de la “bancada estudiantil” han pasado a dormir el sueño de los justos. Por su parte, si bien los congresales necesitan disponer de asesorías técnicas ( y vaya que lo necesitan si se miran las leyes que se elaboran)  éstas deben ser contratadas por el Congreso a su requerimiento para evitar que por esta vía se recluten operadores políticos y comunicacionales, vía que permite su perpetuación en los cargos e impide de hecho la renovación indispensable que exige una sana democracia.

Para cerrar este comentario,  surgido a partir del trabajo ajeno, debe destacarse el deliberado silencio que sobre esta materia han mantenido los medios tradicionales. Pocos días más tarde luego de la denuncia que comentamos, el señor Mosciatti dio a conocer la cuestionable forma en que se remunera por  los canales de televisión a los llamados “rostros” (se parte por el otrora  conductor de noticias Alejandro Guillier), los que cobran sus honorarios y remuneraciones a través de “sociedades de papel” cuyo objeto es liberar a los canales de obligaciones legales y, pensando mal, eludir impuestos al hacer pasar labores propias de la segunda categoría (“rentas del trabajo”) como si fueran de la primera categoría (“rentas del capital”). Pues bien, el decano de la prensa chilena, a toda página, ha dado generosa tribuna a algunos parlamentarios (Edwards, Paulina Núñez y el inefable Juan Antonio Coloma)  para generar el correspondiente escándalo pero, a lo mejor por falta de espacio, ha silenciado toda información o comentario relativo a la primera situación descrita.

Nos hemos tomado la libertad de escribir aprovechándonos de la investigación ajena. Reconocemos, sinceramente, que nos hemos tomado un permiso que no nos han dado.