Las personas y la ciudadanía deben estar conscientes de los pasos que se dan, para orientar el desarrollo o para estancarse y retroceder... El próximo plebiscito, es una oportunidad de desarrollo para la ciudadanía y para dignificar al ser humano y transformarlo en soberano.
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¿Cuál es el problema?

Hoy se cumplen 24 días desde el viernes que hizo estallar una de las mayores crisis político-sociales de que se tenga memoria en la historia del país. La chispa que inició el fuego fue, a todas luces, de menor cuantía: un alza leve de las tarifas del Metro capitalino que ni siquiera afectaba a la gran masa estudiantil.

Sin embargo, la medida, estudiada y definida “por un panel de expertos”, provocó unas evasión generalizada del pago de pasajes y desató una protesta masiva a nivel nacional. Literalmente, cientos de miles de chilenos se volcaron a las calles en casi todas las ciudades expresando su indignación y hastío ante los numerosos abusos que se han ido acumulando día a día generando una situación angustiante no solo para los sectores más vulnerables sino para una emergente clase media que se ve inserta en un clima de incertidumbres e inseguridades. El Estado, a través de los poderes ejercidos por representantes ciudadanos, por décadas ha permanecido indiferente, satisfecho con el pasivo “rol subsidiario” que le asigna la Constitución. A las pocas horas, las marchas y banderas se han visto ensuciadas por la presencia agresiva de grupos minoritarios que, con una violencia extrema, han saqueado comercios, oficinas públicas y privadas, bancos, etc. y han destruido una importante cantidad de mobiliario urbano.

En buenas cuentas, las demandas de ciudadanos indignados por los persistentes abusos de que son víctimas en todos los frentes (bancos, isapres, aefepés, empresas privadas coludidas, servicios públicos ineficientes, salud, educación) se fueron desplazando hacia un clamor generalizado por la mantención del orden público y por el retorno a lo que se considera “la normalidad”.

La situación generada es grave. Grave y compleja.

La torpeza con que el Gobierno se ha movido en estas aguas procelosas, es destacable.

En los mismos momentos en que las fuerzas policiales se veían sobrepasadas por los hechos, el Presidente de la República, sin atinar a medir las consecuencias de sus palabras, proclamaba que el país estaba “en guerra”, para luego declarar el estado “de emergencia” constitucional entregando el control del orden y la seguridad pública en las regiones más importantes del territorio a personeros del Ejército y de la Armada. Las reminiscencias de los tiempos de la dictadura eran obvias y provocadoras. Lamentablemente para él, sus medidas no tuvieron el éxito esperado y las manifestaciones, con su secuela de daños y violencia, prosiguieron alimentadas por el elevado número de víctimas fatales y heridos.

A las pocas horas, buscando retomar el control de la situación, el Presidente removió a varios de sus ministros y anunció una agenda económica destinada a paliar los problemas de los sectores que visualizó como más afectados en la coyuntura. Si bien el renovado Gabinete se mostró más abierto y dialogante que el que capitaneaban Chadwick y Felipe Larraín, la crisis persistió.

El jueves 7, en una sorpresiva maniobra, Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional, órgano al que concurren las más altas autoridades del Estado, los Comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros. Como por disposición constitucional este Consejo es el encargado de “asesorar al Presidente …en materias vinculadas a la seguridad nacional”, la convocatoria constituyó un reconocimiento de la absoluta incapacidad del Ejecutivo para dar una salida a la crisis.

Paralelamente, el nuevo Ministro de Hacienda ha hecho un giro radical en materia tributaria al desechar la “integración” que su antecesor consideraba intransable para fomentar la inversión y el crecimiento económico, y convenir una reforma con fines especialmente recaudatorios. En este terreno, llama la atención el impuesto a los propietarios de bienes raíces con avalúo fiscal superior a los $400 millones, tributo que si bien está encauzado en la línea correcta (afecta a 11.000 personas con inmuebles en comunas de Lo Barnechea,  Las Condes Vitacura, Providencia, Zapallar…) evade el problema de fondo: las grandes fortunas de las clásicas 12 familias chilenas se encuentran en valores bursátiles o, lisa y llanamente, han sido sacadas legalmente o ilegalmente desde Chile hacia los “paraísos fiscales” que constituyen el territorio privilegiado de la evasión y la impunidad.

El Presidente Piñera, más allá de toda duda, no logra entender la naturaleza del problema o, si la entiende, no está dispuesto a tocar las bases mismas (económicas, sociales, políticas, culturales) de un modelo que está basado en el libertinaje económico, pero que además se expresa en antivalores tales como el individualismo, el rechazo a la concepción de un Estado social o solidario,  la negativa a que las personas “tengan derecho a los derechos básicos” que merece y reclama la dignidad de las familias y de las personas.

Cristián Larroulet, sigue siendo el cerebro del ultraliberalismo ideológico. Muy silencioso en el segundo piso de La Moneda, resguarda que el esqueleto que sostiene al modelo actual no sea tocado. Su jefe no logra entender que Larroulet podrá ganar todas las escaramuzas de la contingencia pero que su tácita defensa de los abusos y los privilegios, no soluciona nada y ahora o mañana la indignación social volverá a explotar.   

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