CUANDO LAS INSTITUCIONES CRUJEN

En estos últimos meses hemos constatado con preocupación, como algunas de las principales instituciones de nuestro sistema de gobierno han fallado en el ejercicio de su función y en su capacidad de reaccionar adecuadamente frente a una sociedad convulsa. Estas fallas recientes, sumadas a las que ya habíamos observado en los últimos años y comentado en artículos anteriores, nos hacen preguntarnos válidamente cual es la condición de salud de nuestro Estado y nuestra Democracia.

Los académicos Linz y Stepan han señalado que para la existencia de una democracia consolidada es condición previa la presencia de un Estado que funcione de manera sólida, efectiva y eficiente. Si la población que comparte un determinado territorio no es capaz de establecer por sí misma las formas institucionales necesarias que garanticen una sana y equitativa convivencia civil, política y económica, no podríamos, según estos investigadores, hablar de la existencia de un régimen democrático consolidado. Es en este esquema que Linz y Stepan han identificado cinco condiciones básicas que deben existir para que un Estado y su democracia puedan funcionar de manera apropiada. Los requisitos en cuestión se refieren a la existencia de condiciones adecuadas para el desempeño de una sociedad civil libre y activa; una sociedad política madura y relativamente autónoma; un régimen legal sólido que garantice el acceso a libertades democráticas, derechos y obligaciones a todos los ciudadanos; una burocracia institucional que apoye al régimen democrático en el ejercicio de sus funciones; y, una sociedad económica institucionalizada, en la que existan reglas claras, socialmente consensuadas, respectos a los roles del Estado y el mercado.

Estos requisitos deben necesariamente interactuar de manera fluida y eficaz para asegurar el funcionamiento del Estado y permitir la evolución hacia la madurez de una democracia; la prevalencia desmedida de unos por sobre otros o la ausencia de alguno de ellos se traducirá inevitablemente en un Estado débil y una democracia enferma o aún en estado de inmadurez.

Los estados nacionales modernos requieren de una capacidad efectiva para organizar a la sociedad civil; la existencia de una autoridad empática y asertiva es la que, en este contexto, puede garantizar el adecuado equilibrio entre los diferentes intereses que están en permanente tensión en el manejo de temas relacionados con la participación política, la implementación de un sistema económico justo y equitativo, la administración ecuánime de los bienes públicos, el diseño de sistemas de salud y educación que respondan a las necesidades de todos, y la seguridad y mantención del orden público con respeto a la normativa vigente y los derechos humanos, entre otros.

Los acontecimientos ocurridos a partir de octubre del 2019 no hacen más que confirmar la legitimidad de nuestra preocupación. La gran efervescencia social de los últimos meses combinada con una cada vez mayor desafección de importantes sectores de nuestra sociedad; la violencia observado tanto en los organismos que se supone deben mantener el orden público como en grupos inorgánicos asociados a la delincuencia, el narcotráfico, las barras bravas o los extremos de nuestro espectro político; la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación social con su consiguiente impacto en la manipulación de la información; los profundos problemas observados en instituciones como el SENAME y los graves desafíos que enfrenta Carabineros de Chile; las decisiones tomadas por organismos como el Servicio de Impuestos Internos, Tribunal Constitucional y la Fiscalía Nacional, que en ocasiones parecen preocuparse más por resguardar los intereses de grupos de poder económico y político que por la protección del ciudadano medio; los abusos del sector privado en materia económica manifestados a través de emblemáticos casos de colusión; los inagotables ejemplos de conductas reñidas con la ética de parte de quienes han sido elegidos por la ciudadanía para velar por sus necesidades; solo por mencionar algunos, ponen de manifiesto que algo ha dejado de funcionar adecuadamente en nuestro país. Todos los ejemplos citados, de manera directa o indirecta se relacionan con alguna de las cinco condiciones básicas descritas por los autores antes referidos, evidenciando que estamos hoy frente a un desafío que lentamente pasa de lo excepcional a lo sistémico y que afecta a las instituciones fundamentales del Estado y de nuestra Democracia.

Los síntomas que observamos a diario nos indican que nuestro Estado se debilita y nuestra democracia involuciona. La indiferencia social, la desconexión evidente entre representantes y representados, la corrupción política y económica y la impunidad por parte de quienes son llamados a ejercer una función pública, van corroyendo lentamente las bases de nuestras instituciones, generando un proceso lento pero sostenido de desafección en quienes observan como sus intereses realmente no interesan a quienes están llamados a protegerlos.

La ausencia de un pluralismo real, falta de tolerancia y diálogo y escasa empatía social, van minando los pilares sobre los que se ha intentado recuperar nuestra democracia, transformándola más en un ejercicio formal que una oportunidad real de la ciudadanía para elegir el camino que desea para el país.

Lejos estamos aún de países cuyas instituciones han fracasado rotundamente. Situaciones extremas como la de Haití, o críticas como la de México, son aún un escenario lejano a nuestra realidad. Sin embargo, si no somos capaces como sociedad de reaccionar con decisión frente al deterioro de nuestras instituciones de gobierno y democráticas, nos veremos enfrentados más temprano que tarde a situaciones similares a las que se enfrentan algunos de nuestros vecinos en Latinoamérica.

En los próximos meses tendremos una oportunidad única de influir en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la profundización de nuestra democracia. Lo anterior requerirá de un genuino interés por informarse, debatir, participar y aportar constructivamente.

Quienes, buscando excusas de diversa índole, no estén dispuestos a hacerlo, dejan en evidencia que sus intereses no están en sintonía con los intereses del país y la ciudadanía toda, sino que, por el contrario, se alinean con la mantención de un statu quo que sólo beneficia intereses grupales, alejados del sentir de la ciudadanía y que a la larga profundizarán el proceso de debilitamiento del Estado y alienación democrática que observamos hoy.