Editorial: El enemigo encubierto

La “libertad de expresión” y, específicamente, una de sus facetas, “la libertad de prensa”, constituye uno de los pilares básicos en que se sustenta un verdadero régimen democrático.

El derecho de las personas, de los ciudadanos, para expresar sin temor sus puntos de vista, cualesquiera que ellos sean, frente al acontecer diario de un país, sin temor a censuras, castigos o represiones por parte de quienes tienen poder, constituye la sangre, la savia vital, que alimenta y nutre a una sociedad que reconoce en cada sujeto político un actor trascendente en quien reside lo más esencial de la soberanía popular. En Chile, al igual que en muchas de las democracias occidentales, este derecho está consagrado constitucional y legalmente en la forma más amplia con el agregado, obvio y sano, de que quien ejerza este derecho deberá responder posteriormente por los delitos y faltas que eventualmente cometa en su ejercicio.

Adicionalmente, la libertad de empresa informativa hace posible que las opiniones y juicios de las personas o de sectores de la comunidad, se socialicen llegando a una cifra ilimitada de personas que recibirán un mensaje y lo acogerán, criticarán o rechazarán conforme a sus individuales criterios. Por razones consecuentes, se ha insistido éticamente en que los medios de comunicación deben distinguir claramente frente a su público lo que constituye el relato informativo, la relación lo más objetiva posible, de los hechos sucedidos, de lo que son opiniones o juicios de valor que no representan sino las convicciones o defensa de intereses de determinados sectores políticos, económicos, sociales o culturales.
De más está recordar que, en nuestro país, en que impera un capitalismo neoliberal exacerbado, la conjunción de propósitos de empresas informativas poderosas con los sectores que controlan el poder es tan evidente que ninguno de sus actores osa siquiera poner este tema en el tapete de la discusión.

Durante los últimos treinta días, se ha podido constatar la grosera manipulación de la información que practican los medios más tradicionales del país.

Como es sabido, el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, afectó fuertemente al Gobierno. Más allá de las responsabilidades personales e institucionales de Carabineros, entidad que procuró a toda costa esconder y encubrir los hechos llegando al extremo de ocultar y alterar pruebas que pudieran llevar al esclarecimiento de los hechos, para el común de los ciudadanos resultó innegable que altos personeros del Ejecutivo se esforzaron por entregar una versión distorsionada de lo acontecido, derivando todo en la renuncia del respectivo Intendente Regional y en el cuestionamiento político del propio Ministro del Interior. El resultado: una fuerte caída en la aprobación del Gobierno hasta en las encuestas efectuadas por agencias que le son afines. Curiosamente, a los pocos días el tema “Carillanca” desapareció como tema central de la pauta informativa del periodismo tradicional y fue sustituido por el proyecto “Admisión Justa” hábilmente manipulado pese a que las cifras desmientan absolutamente muchas aseveraciones gubernativas a este respecto.

A tal extremo llegó la manipulación comunicacional que la dirigencia de la “Asociación de Víctimas de la Violencia Rural” al igual que la vocera de la agrupación “Mujeres por la Araucanía” denunciaron cómo todo lo relativo al caso del homicidio y los hechos que lo originaron, fueron dejados de lado por la prensa y desplazados hacia un segundo plano.

Nadie puede discutir el legítimo derecho del Gobierno (de éste y de cualquier otro) a procurar redireccionar la agenda pública sacando la atención ciudadana de terrenos que no le son favorables políticamente para situarla en espacios que le pueden ser rentables en materia de aprobación.

Sin embargo, lo que resulta inaceptable, e incluso nos atreveríamos a decir abiertamente condenable desde un punto de vista de la ética periodística, es el hecho de que los medios de comunicación social se hagan parte de este juego y se pongan al servicio de intereses que son ajenos a los de su público receptor al cual deben por principio servir con independencia y libertad.