EDITORIAL: FAVOR CON FAVOR SE PAGA.

Diversas normas se han aprobado en el último tiempo con el propósito expreso de avanzar hacia el saneamiento de la actividad política. Muchas otras se entramparon en el Congreso Nacional con argumentaciones sofisticadas y poco creíbles.

Lo bueno, sin embargo, es que hoy tenemos una ciudadanía más atenta y más vigilante y un periodismo “no tradicional” que rompe las barreras de los medios formales tan  amarrados a grupos de interés o compromisos ideológicos, e incursiona tras la búsqueda de la verdad  a través de centros de investigación como CIPER, de la publicación de libros – con las naturales limitaciones de circulación que ello implica – o de indagaciones propias.

Evidentemente, hay un mundo de distancia entre las disposiciones legales –que nunca podrán cubrir todo el amplio espectro de las expresiones de la sinvergüenzura humana – y los principios éticos que aplica en su vida pública y privada una conciencia bien formada.

El Senado de la República mantuvo, a veces no con muy justificadas razones, una imagen de respetabilidad,  la que se ha visto tremendamente afectada por las conductas de varios de sus miembros hasta el extremo que la sola circunstancia de que se haga referencia a ellos como “honorables”, suscita sonrisas desconfiadas.

Numerosos hechos se han ido develando y se mantienen en la prolongada etapa de la indagación. Es posible que muchos de los imputados terminen absueltos por no ajustarse específicamente sus conductas al tipo descrito y penado por la ley, por hábiles cuestionamientos abogaciles de las pruebas rendidas o por la comprensiva aceptación de que las boletas o facturas fraudulentas corresponden a “informes verbales”. Pero, la realidad es más fuerte y la indiscutible incorrección de sus procedimientos pesará para siempre en el juicio de la opinión ciudadana.

Como secuencia lógica han aflorado a la luz pública dos nuevos casos que comprometen a senadores en ejercicio.

Uno, afecta al ex Presidente del Senado Patricio Walker,  quien recurrió a empresas pesqueras de su zona para recabar financiamiento para los gastos familiares  de un candidato a diputado de su partido mientras durase la campaña. Su actuar es claramente condenable ya que, independientemente de sus eventuales buenas intenciones, está comprometiendo su independencia frente a grupos de interés y de presión a los que está llamado a regular.

El otro caso de reciente aparición, compromete a la senadora van Ryselberghe ya se hizo público que, al mismo tiempo en que  presidía la Comisión de Pesca del Senado, estaba siendo cariñosamente pauteada por la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío, ASIPES, por vía de su amigo y correligionario Felipe Moncada.  Su conducta es de tal gravedad que el propio diario “El Mercurio” se vio en la obligación de postular que era indispensable “subir los estándares” éticos de las instituciones democráticas más aún cuando los grupos de presión se identifican políticamente con la legisladora “y eso es lo que no se advierte en los correos de la senadora van Rysselberghe.

Las explicaciones en su defensa son pueriles. Afirmar que a Moncada lo conocía desde chico, aseverar que siempre estuvo abierta a escuchar a todos los sectores (lo que en el caso, de ser así,   debió hacerse en las reuniones formales de la Comisión que presidía), aseverar que no recibió aportes electorales de ASIPES y que ignora el origen de los aportes legales reservados, constituyen argucias que, en vez de aclarar las cosas, contribuyen a enlodar la situación.

Puede que, con el paso del tiempo, en estos casos aflore la verdad. Puede ser que la letra chica permita a los cuestionados parlamentarios salir indemnes, Pueden ser muchas cosas.

Lo claro es que su actuar como personeros ciudadanos ha sido sin duda incorrecto, condenable y constituye una muestra categórica de cómo no se deben hacer las cosas.