Imperativo ético: la ciudadanía y los demócratas consecuentes, deben impedir la presencia de fuerzas Neo Fascistas en Chile.
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EDITORIAL: LA HERIDA SIGUE ABIERTA.

La compleja situación de los derechos humanos en el país, ha vuelto a reaparecer ocupando un lugar relevante en la preocupación de las personas.

A pesar de su privacidad, el acto por el cual ocho reos de Punta Peuco pidieron perdón por los atroces delitos cometidos durante la dictadura militar, llamó la atención de diversos sectores, mereciendo la comprensión de algunos y el rechazo vehemente de otros. En sí  misma, la actitud de pedir perdón, implica una relación directa entre el culpable y su víctima, significa que el autor de los hechos expresa a quien los sufrió, su arrepentimiento  por la forma en que se ha comportado y manifiesta su voluntad de no perseverar en el delito y su afán de resarcir los daños causados. En suma,  está forma de actuar se encuentra en lo más íntimo de la conciencia de las personas y difícilmente podrá apreciarse si en ella existe sinceridad o se trata de una formalidad aparente destinada a guardar las apariencias o a lograr algunos beneficios específicos. En el caso, cuando las víctimas no están presentes (dos mil y tantas han muerto, más de mil continúan desaparecidas) el único resarcimiento posible está en la leal cooperación con la justicia para ubicar los cuerpos de los desaparecidos y para individualizar autores y responsables. Lamentablemente, así no ha sucedido. Una mal entendida lealtad ha llevado a un persistente silencio sobre lo acontecido y muchos mandos y cómplices pasivos ocultan antecedentes y buscan justificaciones artificiosas  invitando a entender el “contexto” en que sucedieron los hechos.  La petición de perdón la apreciará cada quien conforme a su juicio y valoración personales pero,  en lo demás, en el terreno de las consecuencias concretas,  los victimarios deberán atenerse a la ley.

Otro tema muy distinto, es el relativo a la situación de las personas que se encuentran condenadas (por delitos de derechos humanos o por crímenes de diversa naturaleza) y que hoy padecen enfermedades mentales  como el alzheimer  o patologías terminales, ante el   persistente reclamo de sus familias para que se les permita vivir en sus hogares, sus últimos días.

En el caso de las personas que padecen enfermedades  mentales  y que,  finalmente,  han perdido toda conciencia de sus actos, mantener su cuerpo físico en prisión, constituye un acto de ensañamiento injustificable. Por su lado, quienes hoy padecen en prisión de enfermedades terminales, aunque estén conscientes de lo que hicieron y de la condena que han  recibido,  y aunque se nieguen a reconocer  un pasado vergonzante, debieran tener el derecho a morir junto a los suyos para que, de ser posible, entiendan que los derechos que ellos le negaron a otras personas,  una sociedad civilizada,  pesar de todo, a ellos se los reconoce y se los respeta. Es cierto que unos y otros  cometieron delitos de extrema gravedad pero el juicio moral y penal sobre sus conductas, ya fue realizado,  y, probablemente, sus secuelas perdurarán para siempre en la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos en sucesión inacabable.

Sin embargo, toda acción en este campo debiera estar enmarcada en tres supuestos: Uno, que las normas que se dicten sean de aplicación para cualquier tipo de delitos sin distinción; Dos, que la aplicación de las mismas sea hecha por instancias judiciales del más alto nivel y no por autoridades políticas; y Tres, que la ley establezca normas que permitan calificar objetivamente los casos sobre la base de antecedentes irrefutables de forma de impedir todo abuso que pudiera implicar un indulto encubierto.

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