SE ACABARÁN LAS PIEDRAS….

Esteban Lobos, analista económico.

Los últimos años han estado marcados por el afloramiento de diversos actos de corrupción. Es muy probable que antes también los  haya habido, solo que no se conocieron o no se les apreció con la aparente dureza que ahora. Los disparos se han orientado claramente hacia la llamada “clase política” y, por lo tanto, el juicio de la opinión pública a este respecto ha sido inflexible. Pero, lamentablemente, se tiende a olvidar que frente a cada corrupto hay un corruptor; frente a cada cohechado hay un cohechador. ¿Quiénes son estas contrapartes de la ilegalidad y el delito?

Al desarrollar este comentario, por supuesto que no es nuestro propósito el de amenguar las  responsabilidades de la “clase política” ( no es correcto referirse a ella como “elite”, toda vez que una elite es “una minoría selecta y rectora”), pues es evidente  que sus miembros, movidos por la concupiscencia del poder, no tuvieron empacho alguno en dejarse corromper llegando en hartos casos a vender hasta su alma al diablo con tal de disponer de recursos para sus campañas personales o partidarias. Si condenable ha sido el actuar de la UDI, el de personeros de la Concertación además de condenable es vergonzoso.

Por ahora, nos interesa analizar brevemente la otra cara de la medalla.

Un grupo económico, organizado en torno al Banco Penta, se transforma en el sostenedor de un partido. Sus miembros no aportan al efecto el dinero de su bolsillo, sino que lo sacan de las entidades del conglomerado utilizando triquiñuelas  claramente delictivas. Se transforman, como dijo un fiscal, en “asociaciones para delinquir” y defraudar al fisco, sin que falten los sinvergüenzas que los defiendan arguyendo que los imputados eran buenas personas, que siempre habían colaborado con la Teletón, y que todo lo hacían con buenos propósitos. Centenares de boletas falsas dan testimonio de sus buenas intenciones.

Una empresa, adquirida por un privado vinculado al gobierno militar mediante tortuosas maniobras, hábilmente asesorada por  un “asesor estratégico” (proveniente del  mundo de la Concertación), compra conciencias a destajo y llega al descaro de indicar a los gobernantes cómo tienen que gobernar. Millones  de dólares compraron la conciencia de buen número de “hombres de Estado”.

Un candidato a la Presidencia de la República, obtiene aportes ilegales de diversas empresas para su campaña y los utiliza, más ilegalmente todavía, para pagar obligaciones privadas comprometidas en la gestión de sus negocios.

Una empresa pesquera compra legisladores y ministros.

Cadenas de farmacias conciertan precios de medicamentos en perjuicio de los consumidores. Empresas navieras se coluden para repartirse el transporte interoceánico y convenir tarifas. Productores avícolas se reparten el mercado de los pollos y acuerdan precios con la complicidad activa de tres grandes cadenas de supermercados. La principal elaboradora de celulosa del país, perteneciente a un enorme y tradicional grupo económico, se colude con su competidora para fijar precios y repartirse el mercado del llamado “papel tissue”. Ahora se descubre, por una filtración periodística, que también se habían coludido durante más de diez años, para manipular el mercado de los pañales desechables. El delito no se comete solo en Chile sino que en diversos países de América Latina.

La lista puede alargarse. Lo curioso es que, en casi todos los casos, las empresas involucradas responsabilizan  por estos hechos a algunos funcionarios. Hugo Bravo, Patricio Contesse, Eduardo Serrano, Gonzalo Eguiguren Correa, etc., etc., son acusados de haber corrido “con colores propios”. Las mismas empresas se comprometen a indemnizar a los consumidores pero luego defienden hasta el último peso. Sus propietarios y directores se pasean impávidos por los más altos y selectos círculos políticos, sociales y religiosos como si aquí “no hubiera pasado nada”. Incluso un director de Soquimich emigra a Suiza porque este país no le da garantías suficientes. Desde allá dicta cátedra  sin asumir responsabilidad alguna por lo sucedido ante sus ojos y que contó con su tolerancia o negligencia..

Lo anterior, es un recuento de lo sucedido. Lo sorprendente es comprobar que los involucrados en esta oscura trama de delitos, son “comprendidos” por sus pares. Asumen responsabilidades políticas que ejercen desde las sombras. Eligen directivos que probablemente van a ser imputados muy pronto si es que hay voluntad de hacerlo.

Un ejemplo escandaloso, lo constituye la inminente designación  de Alfredo Moreno como presidente de la más poderosa organización empresarial del país, la Confederación de la Producción y del Comercio. Moreno, ex ministro de Estado, hombre honorable, es el actual presidente del Banco Penta,  elegido para el cargo por sus socios controladores, Juan Carlos Délano y Eugenio Lavín, ambos formalizados por ene delitos. En buenas cuentas, es su hombre de confianza. Cabe preguntarse: ¿Ningún gran empresario chileno se cuestionó siquiera esta situación?

Tanto la CPC como los gremios asociados, han sido defensores inclaudicables  del modelo económico y, como es lógico, de una de sus aristas más relevantes: la libre competencia. Sin embargo, han sido notoriamente débiles en condenar y sancionar efectivamente las conductas delictivas de un alto número de sus empresarios importantes que son violatorias de su propia ideología.

Lamentablemente, la opinión pública se ha formado un juicio claramente negativo de esta forma de actuar. Los ciudadanos ven en el gran empresariado nacional una conducta esquizofrénica ya que su representantes  hacen permanente alarde de sus compromisos valóricos en su vida personal pero no dudan en delinquir en el campo de sus actividades productivas, financieras y comerciales, quedando implícito su mensaje: “los negocios son los negocios”.

¿Cuántos hechos quedarán por descubrir?