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Editorial: ¿La justicia en las cuerdas?

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

En medio del tráfago informativo generado por   un mundo futbolizado, han pasado desapercibidas diversas noticias relacionadas con el ámbito judicial.

Tres de los mayores escándalos de los últimos años  han entrado en tierra derecha dejando desconcertada a la opinión pública.

El caso PENTA, que ha involucrado a importantes hombres de negocios ligados a la UDI (los “dos Carlos”, Délano y Lavín) por el financiamiento ilegal de la política, está a punto de cerrarse. Los responsables (que además fueron descubiertos en actos de evasión tributaria tales como declaración de  facturas falsas o pasar como gastos de empresa la adquisición de lujosos autos para sus cónyuges),   deberán pagar una multa de 800 y tantos millones de pesos (cantidad que corresponde al 0,5 % por mil de su patrimonio) y asistir a clases de ética, dura sanción esta última que también se aplicó a los dueños de las farmacias coludidas.

En el caso SQM, por lo que se sabe hasta ahora, el ejecutivo Patricio Contesse, que puso el pecho a las balas y asumió toda la responsabilidad, corre el riesgo de ser castigado con penas privativas de libertad cercanas a los ocho años, en tanto que Ponce Lerou, Hernán Buchi y otros directores de la minera no metálica, saldrán libres de polvo y paja pues nunca supieron nada de lo que estaba haciendo su hombre de confianza.

En el caso CAVAL, cuyos alcances penales aún no están absolutamente precisados, lo más impactante  ha sido el rumor de que parte de los gastos iniciales  de defensa de Natalia Compagnon habrían sido pagados con gastos reservados de la Presidencia, por orden de Ana Lya Ugarte.

Este enredado panorama, se da en un clima  en que se cuestiona el accionar del Ministerio Público, toda vez que a la reciente  renuncia de Fiscales por desobedecer órdenes del Fiscal Nacional Jorge Abbott, se han sumado tanto  las contradictorias declaraciones de los responsables de la persecución penal de estos casos que han tenido mano ancha para acordar juicios abreviados y sanciones no privativas de libertad, y la petición de destitución del mismo Abbott presentada a la Corte Suprema  por una decena de diputados conforme a la Constitución vigente, a raíz de sus desafortunadas declaraciones pidiendo celeridad y consideraciones especiales para los casos que implicaban parlamentarios en ejercicio.

Con ello, el clima ambiente, el aire que se respira, es que la sociedad en general tiende a afirmarse en la convicción de que en el país impera, como se ha dicho mil veces, una justicia para los pobres y otra para los ricos, penas de privación de libertad para que el hurta celulares o vende discos piratas y penas simbólicas, que deben cumplirse en libertad, para los delincuentes “de cuello y corbata” que se coluden (casos farmacias y Papelera), que defraudan reiteradamente al Estado o que corrompen cínicamente  la actividad política.

Si bien hay mucho de cierto en esta apreciación, afirmar que la responsabilidad por lo que está sucediendo es del Ministerio Público  o del Poder Judicial, es una aseveración falaz y parcial.

Para dejar las cosas claras, la primera responsabilidad es del Legislador, término en el que se comprende no solo el Congreso Nacional como comúnmente se aprecia sino también el Poder Ejecutivo que, de acuerdo a lo que dispone la Constitución Política vigente, es un “poder colegislador” que maneja las llaves fundamentales  de todo el proceso a través de la exclusividad de  las iniciativas que implican gasto público, del uso discrecional del mecanismo de las “urgencias”  y del veto. Si a ello se suma la falta de seriedad con que el Parlamento asume sus propias responsabilidades legislativas, es obvio que el país se enfrente a la perpetuación de problemas y situaciones que agobian a la población.

Con una superficialidad abismante, se insiste en mociones destinadas a ganar el aplauso fácil aumentando las penalidades aplicables al “delito de turno” relevado a un lugar prioritario por los medios de comunicación, generando así  una carencia de organicidad en el sistema penal que llega a ser vergonzante, a tal extremo que delitos menores contra la propiedad reciben mayores castigos que un homicidio simple, que la corrupción, la colusión, el soborno o el cohecho.

En general, el ciudadano observa con asombro el nivel de indiferencia que muestran persistentemente sus representados,  los cuales  parecen no tener interés alguno en dar una solución efectiva, real, concreta,  a los desafíos que plantea el día a día,  y,  con torpeza mayúscula,  creen que  una norma, por el solo hecho de ser publicada en el Diario Oficial, hizo desaparecer determinadas conductas antisociales.

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3 Comentarios en Editorial: ¿La justicia en las cuerdas?

  1. Este buen editorial refuerza la evidencia de una justicia elitista y contaminada por la corrupción de las camadas más ricas del país.
    Además de los delincuentes con corbata (pedazo de “trapo” últimamente tan valorizado por algunos inmorales amigos de la “etiqueta”), como bien lo recordó el colega Carlos, se destacan los de sotana . Y también algunos de uniforme. Al parecer, por estos caminos todos esos poderosos contan con impunidad garantizada “dentro de la Ley”.
    Se perciben por lo menos otros dos problemas derivados de esta grave situación (que en sí es un “problemazo”). Uno es el descrédito y la total pérdida de confianza en las instituciones de la República y en el ambiente democrático del Estado de Derecho.
    Y el otro, que puede aparecer, que todavía es más grave en mi percepción, es que parte de esas elites corruptas y con poder de gobierno, frente a intensificación de movimientos sociales, en la tentativa de garantizar su poder e impunidad, utilizando el trillado argumento de “mantención del orden público”, traten de ir retirando garantías democráticas de gran parte de los ciudadanos y empiecen a proliferar organismos y decretos de “inteligencia y seguridad”, además de misteriosas operaciones, “jungla”, “rambos’, tropas represivas de elite, etc.

  2. Destaca-ble, riguroso, serio y profundo análisis, digno de ser leído y analizado…
    Hay que promocionar su lectura y análisis.

  3. El comentario editorial nos expone claramente como los abusos y la violencia ejercidos por las instituciones del Estado, más allá de la fuerza física, continúan en el ‘país de los jaguares’ como si todos los delincuentes de cuello y corbata (y también de sotanas) fueran santas palomas, gran cantidad de parlamentarios incluidos.

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