Editorial: Los Problemas de la Educación Superior.

Uno de los temas que ha ocupado prioritariamente la preocupación legislativa en el último tiempo,  es el relativo al marco jurídico  de la educación superior.

En verdad, la materia surgió como una derivación  a partir de la promesa gubernativa de una educación inclusiva, pública, gratuita y de calidad, como respuesta a las demandas estudiantiles de años anteriores.

El planteamiento del Ejecutivo en cuanto  a considerarla como un “derecho social” tuvo general aceptación salvo, por supuesto, la permanente oposición de quienes insistían en estimar que debía ser tratada como un “bien de mercado” sujeto incluso al afán de lucro de sus proveedores.

Si bien el planteamiento doctrinario pretendía satisfacer las exigencias universales de una sociedad democrática moderna, al poco tiempo se pudo constatar que para su implementación práctica se carecía de claridad. La desafortunada frase del entonces Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre,  señalando que no conocía mucho sobre la materia a la que sumó luego lamentables comentarios y una priorización anárquica de diversos aspectos, llevó a que la opinión pública que inicialmente manifestaba claro apoyo a las reformas, se sintiera desconcertada y constatara con justificada frustración que la preocupación real por la calidad misma del proceso formativo de niños y jóvenes, era prácticamente nula.

El asunto es tremendamente complejo y sería una irresponsabilidad entrar a juzgar sus variadas aristas sin tener acceso a los antecedentes completos correspondientes. La actual ministra Adriana Delpiano ha tratado de sacar adelante la tarea encomendada con agotadores esfuerzos, pero no ha podido borrar la sensación de falta de claridad conceptual y de que se estaba “tratando de hacer camino al andar”. Lo claro es que nunca hubo un diseño de fondo, que proyectara la nueva educación en función de un horizonte de largo plazo,  sino que se trató de abordar la coyuntura haciendo caso omiso de desafíos que planteaba la realidad.

Al abordar el  tema de la Educación Superior hubo preocupación por diferenciar el tratamiento en  los diversos niveles -Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades- pero notorias insuficiencias en cuanto a la definición y alcances del marco institucional que debía normar a estos últimos planteles.

Específicamente, debe reconocerse que la actividad universitaria establecida en el país es de variada naturaleza y que, por lo tanto, una realidad diversa reclama también respuestas diversas. Si se pretende un buen enfoque, debe tenerse  presente que, en los hechos, se encuentran planteles estatales cuya naturaleza y fines públicos son evidentes como también sus carencias; planteles privados con fines ideológicos y de lucro innegables; y un universo tremendamente importante conformado por universidades particulares tradicionales con fines públicos reconocidos a las cuales debieran sumarse algunas entidades privadas no tradicionales que también han asumido con éxito y calidad responsabilidades de similar naturaleza.

En este cuadro, resulta imprescindible que se entienda que la función social puede ser cumplida eficazmente tanto por entidades de propiedad estatal como por entidades que se han gestado a partir de la comunidad  y que le pertenecen. Pretender  una intromisión del Estado, directa o indirectamente,  la que se hace a través de los Gobiernos de obvios sesgos políticos, implica dañar su naturaleza y comprometer su autonomía y libertad.

La Universidad de Concepción constituye el típico caso  de un plantel surgido a partir de la sociedad civil. Su trayectoria casi centenaria ha sido unánimemente reconocida y su compromiso con los intereses generales de la región en que está asentada está fuera de toda duda. Situada hoy al más alto nivel de calidad luce con orgullo además su lugar preferente en la acogida estudiantes susceptibles de beneficios sociales.

La próxima renovación de sus autoridades constituirá una oportunidad valiosa de darse una mirada sobre sí misma, revisar su pasado y proyectar su futuro. Sería lamentable que esta  instancia derivara en un juego de personalismos o de grupos de interés que terminara afectando un proyecto  que está destinado a ser parte significativa de la historia nacional.

Los académicos que son postulados a dirigirla tienen el deber de  ser transparentes con la comunidad universitaria de forma que la comunidad universitaria conozca claramente sus ´postulados programáticos. Y, por supuesto, deben conducirla a una nueva etapa superior de su desarrollo  que la sitúe como una universidad nacional con capacidad de entregar una mirada del país desde las regiones quebrando el centralismo intelectual imperante.25