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Editorial: Más cultura cívica y más responsabilidad.

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

En anteriores oportunidades, se ha señalado el amplio campo de las actividades humanas que comprende el concepto de cultura. Sin embargo, persiste la creencia que la asocia fundamentalmente a las expresiones artísticas,  restringiendo una visión más extendida que debiera comprender la forma en que las personas se relacionan entre ellas y con el medio en que desarrollan su vida.

La referencia a la “cultura cívica” debiera ir más allá del conocimiento de las instituciones sociales y de las normas que las rigen para adentrarse en las razones que se han tenido en cuenta para establecerlas.

En materia de justicia y punición, la historia universal, y particularmente la historia de Occidente, ha tenido un tortuoso peregrinar transcurriendo  desde la venganza y la autojusticia,  propias de pueblos y civilizaciones primitivos, pasando luego por la implacable “ley del Talión”, por la confusa mezcla de delitos políticos,  religiosos y sociales (terreno en el cual la Iglesia Católica se involucró en violación de sus más elementales principios)  y por el monarquismo absolutista cuya arbitrariedad cobró innumerables víctimas.

El surgimiento del liberalismo político, con su afirmación categórica  de los derechos individuales  y su rechazo al absolutismo, abrió una vertiente que derivó en la convicción de que la democracia era el único sistema de gobierno que llevaba envuelto  en su propia naturaleza el respeto a la dignidad de las personas.

Los principios básicos del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal constituyeron un avance civilizatorio indiscutido. La presunción de inocencia, la exigencia de la plena prueba más allá de toda duda razonable, la humanización y la proporcionalidad de las penas, el derecho al debido proceso y a la adecuada defensa, la instauración de una judicatura independiente e imparcial, buscaron proteger a los individuos frente a los abusos del poder. En el marco de la legalidad penal, a esta altura de los tiempos nadie se atreve a poner en discusión las normas jurídicas que establecen que no puede haber  delito si no existe con antelación a los hechos una disposición que tipifique y sancione una determinada conducta o que previamente fije las penas aplicables en cada caso.

Reiterar estas ideas puede parecer majadería. Sin embargo, ello resulta indispensable cuando se constata que el marco antes referido no ha logrado ser plenamente socializado y, lo más grave, que los medios de comunicación social insisten en tratar estos temas asumiendo irresponsablemente una actitud y un vocabulario propios de un verdadero populismo penal.

Tanto peor aún es la conducta de personajes que buscan cargos de representación popular y que, movidos por su patológica ambición de ganar algunos votos, no titubean en vulnerar los principios que proclaman profesar y en contradecirse a sí mismos. Para ser concretos y evitar generalizaciones ambiguas, conviene recordar los casos del senador y candidato a la reelección Fulvio Rossi,  cuya afichería publicitaria incriminatoria de los inmigrantes recurre a explotar los más bajos sentimientos xenófobos (como un Donald Trump cualquiera) o del diputado Gustavo Hasbún, también postulante al Senado de la República, que otrora defendía el “principio de inocencia” frente a los delitos electorales,  tributarios y de cohecho que involucran a sus correligionarios y que ahora defiende sin rubor alguno el  “principio de culpabilidad sin debido proceso” frente a la detención de dirigentes mapuches.

También el caso de la absolución del imputado Jaime Anguita por el crimen de su cónyuge María Viviana Haeger Massé (en juicio aún no concluido) ha hecho posible que diversos opinólogos hablen de “jueces que se lavan las manos” o de la impunidad que beneficia a  un criminal.

Las dirigencias políticas en razón del favorable acceso que tienen a la tribuna pública, y los medios de comunicación responsables de efectuar una verdadera labor de pedagogía social frente a la comunidad, tienen la obligación moral ineludible de contribuir a educar a la ciudadanía en materias como las señaladas,  de tremenda importancia para el desarrollo de una sociedad democrática.

Nadie puede negar que la institucionalidad y normativa vigentes presentan carencias importantes que deben ser abordadas y corregidas. Nadie puede tampoco negar que con frecuencia las policías incurren en negligencias y errores inexplicables. Tales situaciones imponen la obligación de adoptar las medidas del caso para solucionarlas y superarlas. Pero nada justifica que permanentemente se  busque la destrucción de la confianza que el país entero necesita tener en  sus instituciones.

Este portal, disponible para todos quienes quieren contribuir a un análisis crítico pero respetuoso de la realidad, será persistente en su propósito de efectuar aportaciones positivas que impliquen avances,  y para denunciar conductas que solo dañan la convivencia nacional.

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