Editorial: Ojalá que no se note

Un veterano académico universitario solía reprochar las actitudes de sus discípulos con una frase significativa: “Es muy distinto “leer” que “saber leer”. “Saber leer implica entender, comprender, analizar, criticar”.

En un sistema político democrático, los ciudadanos reciben amplia información acerca de lo que sucede en su comunidad local, en su país y en el mundo, a través de diversas vías entre las que destacan la prensa papel, la radio, la televisión, la prensa digital  y las redes sociales. Cada una de estas vías alcanza diversos niveles de recepción de parte del público,  los cuales no corresponden necesariamente a los niveles de confiabilidad que las personas les reconocen.

Por sus propias características, la prensa-papel ocupa un lugar relevante en el proceso de comunicación que se da entre los integrantes de una sociedad, ya que por el trabajo más exhaustivo que exige la preparación del mensaje informativo o de opinión,  y por la permanencia en el tiempo de este medio, está sujeto más que cualquier otro al escrutinio y enjuiciamiento crítico de sus lectores.

En la sociedad chilena hay, desde el punto de vista legal, una amplia libertad de expresión sin perjuicio de las responsabilidades personales que, a posteriori, deben asumir quienes se han expresado infringiendo la normativa vigente.

El problema, por consiguiente, va por otro lado.

Como lo denunciara hace pocas semanas la organización internacional “Reporteros sin Fronteras”, Chile ha registrado en el último año  un fuerte retroceso de siete puestos en cuanto a libertad de expresión. Este retroceso, según el informe respectivo, obedece a la excesiva concentración de la propiedad de los medios de comunicación social en pocas manos, situación que corre en paralelo con excesiva concentración de una  economía que es controlada por una docena de familias.

En el caso, no se trata solamente de un tema de “propiedad” como pudiera creerse a primera vista, sino del peligro latente que ese dominio significa, tanto  para el ejercicio de las libertades de las personas  como para la manipulación de la opinión pública.

La libertad de expresión se puede ver afectada no solo por la implantación de la censura, inclinación y acción propia de los regímenes totalitarios (en Chile tenemos harto que decir sobre el tema),  sino por el ocultamiento deliberado de informaciones evitando que el ciudadano construya su propio juicio sobre lo que está sucediendo.

Lo dicho, corresponde a una grave violación de los principios éticos  más esenciales de un periodismo democrático. Resulta sorprendente que diarios de larga tradición como “El Mercurio”, a sus graves pecados de tolerancia y justificación de los abusos de la dictadura, sume en plena democracia un proceder condenable y persistente destinado a desinformar al lector que, al adquirir su ejemplar, está efectuando un gesto de confianza hacia sus informantes. No se trata de un problema nimio, sino de un propósito dispuesto desde los más altos niveles. La misma información antes aludida procedente de “Reporteros sin Fronteras”,  es silenciada como para que la gente no sepa el peligro que entraña el control político, económico, financiero y hasta cultural de la comunicación social por una elite poderosa del país. Al día de hoy, el conflicto del profesorado, que involucra a 70.000 maestros a lo largo de todo el país, es sustraído de la agenda ciudadana mientras se han dedicado páginas y páginas a promover las gubernativas Admisión Justa y Aula Segura. Lo curioso es que el gremio, quizás por primera vez, no se encuentra demandando reivindicaciones salariales, sino mejoramientos en sus condiciones de trabajo y ni siquiera sus demandas pueden ser cabalmente conocidas y sopesadas  por los ciudadanos.

La libertad de expresión, base de las democracias occidentales, está amenazada no solo a través de los manotazos torpes y groseros de las dictaduras o de los movimientos extremistas de populismo, sino por medio de la utilización de  hábiles procedimientos indoloros y poco apreciables. La utilización de elementos distractivos destacando exageradamente polémicas de menor cuantía, lleva a que las personas no tomen debida conciencia de los que sí son  problemas importantes. El relevar exageradamente ciertos hechos que afectan la seguridad, es el paso inicial para justificar la necesidad de legislar sobre mayores políticas represivas. Se busca que la gente asuma actitudes generadas a partir del miedo, de los temores, de factores emocionales, y se evita el juzgamiento racional de los problemas.

Y eso es muy grave, sobre todo cuando viene de quienes pretenden erigirse impúdicamente como baluartes morales de la nación.