Editorial. Oteando el horizonte.

El futuro de cualquiera sociedad política es siempre inescrutable. Aun los países que presentan una trayectoria con los mayores niveles de estabilidad están sujetos a riesgos inesperados. Desastres naturales, contingencias sanitarias, terrorismo, vicisitudes económicas o políticas, pueden alterar, de la noche a la mañana, lo que se vislumbraba hasta cierto momento como un camino sin mayores ripios

El éxito, aunque sea relativo, del funcionamiento de un país está en gran medida definido por la capacidad que tengan sus gobiernos de mantener ciertos niveles básicos de estabilidad, factor que depende no de la imposición de medidas autoritarias o lisa y llanamente dictatoriales sino de la creación al menos de condiciones mínimas de justicia y equidad para sus habitantes. El peor error histórico de las fuerzas políticas de derecha es creer (y tratar de que todos crean) que con la aplicación de la fuerza y de la represión es posible imponer un orden que siempre será formal y frágil si no se enfrentan las causas de los problemas.

El “caso Chile” es de laboratorio. Mientras el actual gobierno fatuamente proclamaba que éramos un país ejemplar, un verdadero “oasis” en el complejo mundo contemporáneo, la crisis interna se estaba incubando en diversos frentes. La inequidad, el abuso, la ostentación de los privilegios de los grupos dominantes, el vivir en constante endeudamiento, la provisión de servicios básicos tales como salud, vivienda, educación, seguridad social, solo para quienes tenían recursos económicos, eran datos indiciarios que estaban a la vista y a los cuales no se les prestaba la debida atención.

Al día de hoy, la realidad está marcada por dos elementos gruesos: Un nuevo gobierno que ha comprometido reformas sustantivas cuya viabilidad está por verse y, paralelamente, una Convención Constitucional que pretende diseñar el futuro con cuotas no despreciables de fanatismo ideológico.

Cuando el proceso constituyente se aproxima al 50% del tiempo asignado para el cumplimiento de sus funciones, han surgido notorias dudas sobre la eficacia de su gestión. La Convención, entrampada durante meses en la discusión de cuestiones formales y procedimentales, se encuentra ahora obligada a abocarse contra el tiempo a una infinidad de temas, propuestas, sugerencias e indicaciones surgidas tanto del interior mismo de la entidad como de las iniciativas populares recibidas en los últimos meses.

Debe reconocerse que, en general, los convencionales han perdido el rumbo en cuanto a la naturaleza de su labor. Ésta ha derivado desde la idea lógica de construir una arquitectura básica que permita el funcionamiento adecuado de la sociedad y que elimine todos los nudos, trabas y obstáculos que han pretendido clavar el actual modelo para que los ciudadanos conforme a la evolución de los tiempos determinen periódicamente las prioridades de la coyuntura, hasta la inexplicable pretensión de elaborar un incontenible programa de gobierno en que todo pareciera resolverse a través de la palabra.

Resulta duro decirlo pero debe destacarse que muchos de los acuerdos adoptados en el seno de las comisiones, difícilmente alcanzarán el quórum de los 2/3 de los convencionales constituyentes. Más aún: no puede descartarse la posibilidad de que las críticas fuertes que por diversos motivos han recibido desde ya determinadas propuestas, terminen sumándose y nos conduzcan a un por ahora inimaginable triunfo del rechazo en el plebiscito de salida.

Hay muchos que, irresponsablemente, han pretendido encontrar en la Convención la oportunidad propicia para ejercer un cierto nivel de revanchismo político frente a quienes en su momento impusieron  por la fuerza un modelo contrario al querer ciudadano. Pero, ese es un criterio ramplón inconducente al fin que el país pretende: estructurar una institucionalidad fundamental, que reconozca eficientemente los derechos de las personas y que establezca las bases para un desarrollo solidario y armónico con el medio ambiente.

Si persiste la actitud actual y no se logra avanzar por un sendero claro, razonable y positivo, el riesgo del rechazo debe tenerse presente lo que nos sumiría en una situación de incertidumbre y caos con consecuencias no previsibles. . Anticiparse a otear el horizonte es una obligación ineludible. Es posible que, más temprano que tarde, y encarando las críticas e impopularidades del caso, surja la posibilidad desde el mundo político y académico de elaborar un documento aceptable que, aprovechando todos los insumos que ha reunido la Convención, ofrezca una alternativa ante el eventual fracaso del proceso actual. Chile no puede retroceder hasta el punto de partida y necesita de todas maneras reconfigurar su destino.